Este domingo 6 de junio son las elecciones federales en México. Once candidatos abiertamente declarados “provida” y “Profamilia” postulan a la diputación federal y local de Hidalgo, estado en donde el aborto sigue siendo considerado como un delito y en donde el 2019 se rechazó un proyecto de ley que contemplaba su legalización.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Las organizaciones Iniciativa Ciudadana y Frente Nacional de la Familia impulsan la campaña “Voto por la Vida. Mexicanos al voto de vida” que busca identificar a los candidatos que se consideran abiertamente “provida y profamilia” en cada uno de los estados mexicanos, así como el cargo al que postulan, el partido que representan y el distrito electoral en donde competirán.
Para ello, investigaron su trayectoria política, recopilaron la información que aparece en las plataformas electorales y revisaron los mensajes de los candidatos en medios de comunicación y redes sociales. “En este proceso electoral, votemos por aquellos candidatos que garanticen la defensa de la vida, la familia y las libertades. Solo así podremos construir una nación provida”, señalan los organizadores en redes sociales.
Según esta lista, en el estado de Hidalgo existen once candidatos de distintos partidos políticos que buscan obtener una curul en la Cámara de Diputados federal y en el Congreso de Hidalgo y que se han manifestado en contra de la despenalización del aborto.
Entre los candidatos a la Diputación federal tenemos a: Gerardo Álvarez Gómez (Partido Encuentro Social – distrito 2), Giovani González Severo (Partido Acción Nacional – distrito 2), Benita Manilla Martínez (Va por México – distrito 4), Aarón Jiménez Hernández (Fuerza por México – distrito 4), Benjamín Rico Moreno (Va por México – distrito 6), Héctor Chávez (Partido Revolución Democrática – distrito 3).
Los candidatos antiderechos a la Diputación local de Hidalgo son: Sharon Montiel Sánchez (Partido Encuentro Social – distrito 16), Araceli Lugo Oliva (Va por México – distrito 5), Citlali Jaramillo (Va por México – distrito 12), Juan de Dios Pontigo (Juntos Haremos Historia – distrito 13), Antonio Hernández (Juntos Haremos Historia – distrito 11).
En diciembre del 2019, el Congreso de Hidalgo rechazó un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley General de Salud y el Código Penal de Hidalgo en los artículos concernientes a la interrupción legal del embarazo.
El 12 de diciembre del 2019, el Congreso de Hidalgo se opuso a la despenalización del aborto. Con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones, los legisladores del estado rechazaron un proyecto de ley que buscaba legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Votaron en contra de la iniciativa tres diputados del Partido Acción Nacional (PAN), ocho de Morena, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno del Trabajo (PT) y uno de Nueva Alianza.
La propuesta buscaba reformar disposiciones de la Ley General de Salud Estatal y algunos artículos del Código Penal de Hidalgo relacionados con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Entre otros puntos, contemplaba que no hubiera sanciones antes de la semana 12 de gestación y, en caso se realizaba después de este plazo, se estipulaba una pena entre seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa a quien cometiera el delito de aborto.
Luego que el dictamen fue rechazado, se realizó otra votación para decidir si regresaba o no a la Comisión de Legislación y la Comisión de Seguridad, la cual concluyó con 13 votos a favor y 16 en contra. Por lo tanto, el proyecto de ley fue desechado.
La discusión de esta medida generó movilizaciones sociales en los exteriores del Congreso de Hidalgo. Días antes de la votación, un sacerdote -acompañado de grupos antiaborto como Vive México- realizó un exorcismo y organizó una cadena de oración con mujeres y niños en el perímetro del Congreso, para frenar esta iniciativa. Después de la votación, activistas de Marea Verde Hidalgo protestaron en contra de los diputados que rechazaron o se abstuvieron de votar el dictamen.
“El Congreso de Hidalgo perdió la oportunidad de despenalizar el aborto y priorizar la vida de las hidalguenses que necesitan acceder a procedimientos de aborto seguro, como lo han evidenciado estadísticas del estado”, dijo Ipas México en Twitter. En la misma red social, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirmó: «Hoy, los y las diputadas de Hidalgo le fallaron a las mujeres. La democracia les queda a deber a las hidalguenses”.
Por otro lado, el coordinador del Frente Nacional de la Familia en Hidalgo señaló mediante un comunicado que: “Cada vez somos más instituciones y personas que nos sumamos a respetar el derecho a la vida y hemos comprobado que el estado de Hidalgo tiene un Congreso sensato que no se deja amedrentar por grupos radicales que confunden a las mujeres con falsos derechos”.
Actualmente, el Código Penal de Hidalgo establece que “el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Se considera un delito y toda mujer que aborte o que consienta que otra persona interrumpa su embarazo, recibirá una pena entre uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días. La misma pena sería aplicada a la persona que haga abortar a la mujer.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros once meses de pandemia (marzo 2020 – febrero 2021), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició 22 carpetas de investigación por el presunto delito de aborto.
Durante el primer año de la pandemia por COVID-19 (marzo 2020 – marzo 2021), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Hidalgo acompañó 195 casos de interrupción de embarazo, de los cuales diez fueron consecuencia de una violación. Esta cifra representó un incremento del 60% en comparación al acompañamiento realizado en el 2019.
«Por cada día que los diputados en Hidalgo dilataron la aprobación, cientos de mujeres en Hidalgo perdieron la vida y otras tantas quedaron con lesiones, muchas de ellas irreversibles» publicó en Twitter el colectivo Marea Verde Hidalgo luego de la votación en el Congreso.
De todo el territorio mexicano, solamente en la Ciudad de México (CDMX) y en Oaxaca se permite el aborto legal, gratuito y seguro hasta las 12 semanas de gestación, sin restricciones. Los estados de Yucatán, Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Colima, San Luis Potosí, Durango, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla y Nayarit permiten la realización del aborto bajo ciertas causales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México reconoce ocho causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito:
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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