El derecho a decidir

Estas 34 tapas marcan el amplio arco que va de una gestión peronista a otra y el giro ideológico que lo atraviesa: desde un presidente como Carlos Menem, en la década del ’90, aliado a lo más rancio de la jerarquía católica, con posiciones ultraconservadoras alineadas al Vaticano en los foros internacionales en términos de derechos sexuales y reproductivos y derechos de las mujeres, hasta el actual, Alberto Fernández, que cumplió con su promesa de campaña de avanzar hacia despenalización y legalización del aborto, incluso en un contexto adverso como el del primer año de pandemia por Covid-19.

Menem intentó imponer una cláusula antiaborto en la reforma de la Constitución Nacional del ’94, sin lograrlo por la acción de dirigentes políticas feministas que articularon transversalmente para impedirlo. Y más tarde, creó ese invento fundamentalista del Día del Niño por Nacer a través del decreto N° 1406/98 (que es momento, sin dudas, de derogar). Se mostró como un ferviente opositor a la despenalización aunque había acompañado a su esposa a abortar –como lo reveló Zulema Yoma en una entrevista exclusiva con este diario en 1999—dejando en evidencia su hipocresía en torno al tema y su utilización política a costa del cuerpo de las mujeres.

Desde Página 12 se denunciaron las muertes por abortos clandestinos cuando esas muertes no entraban en otras agendas mediáticas. Periodistas feministas acompañamos cuerpo a cuerpo denuncias de niñas violadas a las que se les imponían obstáculos arbitrarios e ilegales para acceder a una interrupción de embarazo, prevista en el Código Penal desde 1921. Como línea editorial, se sostuvo que cualquier mujer tenía derecho a esa interrupción legal cuando el embarazo era producto de una violación, y no solo aquellas con discapacidad mental, como pretendían imponer en la opinión pública sectores conservadores.

Dimos a conocer en tapa sentencias emblemáticas que marcaron hitos en la lucha por el derecho al aborto, como la que derivó del reclamo de Silvia T., la mujer con un embarazo de feto anencefálico –sin cerebro– cuyo caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y en un fallo sin precedentes, del 11 de enero de 2001, el máximo tribunal autorizó a inducir el parto para evitarle la tortura, como ella reclamaba, de albergar una criatura sin posibilidades de sobrevida.

En 2003, el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se involucró como pocos funcionarios –o ninguno antes– con el problema. Y reveló que había aumentado el número de abortos provocados en el país a “más de medio millón al año”. “Es una cifra enorme”, evaluaba y ponía en agenda un tema silenciado. El ministro se refería al aborto para fundamentar la necesidad de implementar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable –que iba a firmar el presidente Eduardo Duhalde en pocos días, (después de la sanción en octubre de 2002, de la ley que le dio creación), a pesar de la fuerte oposición de la Conferencia Episcopal Argentina. El problema del aborto es serio porque se está practicando cada vez en peores condiciones, con riesgos cada vez mayores para la salud de las mujeres, advertía González García. Se apoyaba en datos oficiales para destacar que en cinco años habían crecido un 46 por ciento las hospitalizaciones por complicaciones de abortos; con picos de aumento de 148 por ciento en San Luis, 143 por ciento en La Rioja y 103 por ciento en Santiago del Estero. Página 12 destacaba esas cifras. Unos días antes, en la principal maternidad de Santiago del Estero, el banco de sangre había quedado completamente vacío por la cantidad de transfusiones que debieron realizar por el excesivo número de abortos.

Con la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, durante la gestión de González García, por primera vez en la historia se empezaron a distribuir gratuitamente anticonceptivos en todo el país. Hasta ese momento, accedían quienes podían comprarlos. Ginecólogos y obstetras de las provincias, a los que consultamos en 2003, comentaban que el crecimiento de las internaciones por aborto se veía particularmente entre adolescentes, muchas de las cuales estaban perdiendo útero y ovarios por la gravedad de los cuadros con que ingresaban a la guardia. Las causas del aumento respondían a la imposibilidad de las mujeres de acceder a anticonceptivos –por falta de información, por no poder comprarlos y por no contar en los hospitales locales con programas que los proveyeran gratuitamente– y por el “uso a granel” del misoprostol, fármaco para prevenir úlceras en personas que toman ciertos medicamentos, que a través del boca a boca, se iba convirtiendo en el nuevo método abortivo de los sectores medios empobrecidos que antes podían pagar un aborto seguro en un consultorio clandestino y en el medio de la crisis económica del 2002 llegaban con hemorragias, con el aborto en curso, a las salas hospitalarias. Por primera vez empezábamos a nombrar al misoprostol.

Informamos también sobre la historia de L.M.R. –la adolescente de 19 años con discapacidad mental y embarazada en un abuso sexual—que en 2006 junto a su mamá, Vicenta, tuvo que llegar hasta la Suprema Corte bonaerense con su reclamo de un aborto que era legal y que aún, con el aval de la corte provincial, no consiguió que ningún hospital público se lo realizara. La práctica, finalmente, se garantizó en el sector privado con el apoyo económico y el acompañamiento feminista. Por ese caso, en abril de 2011 el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por no haber garantizado el acceso a un aborto contemplado por la ley. Pusimos en primer plano el derrotero de A.G., la adolescente de Comodoro Rivadavia a la que le quisieron impedir un aborto legal en Chubut en 2010 y cuyo caso derivó en el histórico fallo FAL de la Corte Suprema sobre aborto no punible, del 11 de marzo de 2012, que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal y exhortó a los gobiernos provinciales a implementar protocolos de atención de estos casos.

El Ministerio de Salud de la Nación ya había redactado uno. A días de finalizar su gestión durante el gobierno de Néstor Kirchner, en diciembre de 2007, el mismo ministro GGG aprobaba la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles: se trató del primer protocolo con indicaciones para médicos sobre el encuadre jurídico de la interrupción de embarazo y los procedimientos clínicos y quirúrgicos recomendados por la OMS, incluido el aborto con misoprostol. Otro paso significativo en la lucha por el aborto y en la defensa de la vida, que este diario reflejó en su tapa.

En 2012, tras el fallo FAL, el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó la ley sancionada por la legislatura porteña que apuntaba a regular la atención de las ILE, siguiendo los lineamientos de la Corte. Ese veto fue declarado inconstitucionalidad. Años más tarde, cuando estaba por finalizar su gestión como presidente, Macri volvería a mostrar su rancia alianza con los sectores más conservadores para vulnerar una vez más los derechos de las mujeres, al dar marcha atrás a la actualización de protocolo de ILE que se había llevado adelante desde el área de Salud.

Al ritmo de las marchas de Ni Una Menos que empujaron un reflorecimiento de los feminismos en el país, la marea verde se fue expandiendo cada vez más en la sociedad.

En 2016 la historia de una joven de Tucumán, identificada como Belén, nos mostraba que todavía profesionales de la salud violaban el secreto profesional para criminalizar, sin pruebas, a una mujer que llegaba con dolores abdominales a una guardia y tenía un aborto espontáneo. A Belén se la llevaron esposada del hospital y terminó condenada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel. El caso fue escandaloso. La joven estuvo casi 900 días privada de su libertad. La entrevistamos en prisión, para amplificar su voz. Finalmente, la Corte Suprema de Tucumán ordenó primero su liberación en agosto de 2016, y luego, en 2017 la absolvió, a partir de que una abogada feminista, Soledad Deza, tomara conocimiento de la condena y asumiera su defensa.

Luego vino la discusión del 2018 en el Congreso, donde la Campaña se fortaleció a pesar de la derrota en el Senado: se consolidaba la despenalización social del aborto. Sin embargo, los sectores conservadores enquistados en servicios de salud y de justicia, seguían poniendo obstáculos para el acceso a la ILE en algunos lugares. En febrero de 2019 desde Página 12 alertamos otra vez sobre graves violaciones a los derechos de Lucía, una niña abusada sexualmente a la que no la dejaban abortar: también en Tucumán. Pusimos en primer plano su palabra, al pedir que le saquen “esto que me puso adentro el viejo” y en su voz, la de tantas niñas abusadas en la Argentina que no podían acceder a su derecho a interrumpir una gestación forzada.

Fueron algunas de las tantas historias que dimos a conocer a través del diario en las que se conjugaba que se trataban de mujeres y niñas de sectores populares, con el denominador común de la obstrucción arbitraria de un derecho, con la injerencia activa de la jerarquía católica y otros grupos conservadores para presionar a jueces, profesionales de la salud y a las propias familias afectadas. Desde Página 12 pusimos el énfasis, además, en que la penalización del aborto encerraba esa profunda injusticia social. Las más afectadas, las que históricamente morían por abortos inseguros, eran mujeres y adolescentes pobres.

Los últimos años reflejamos el enorme trabajo de activismo de la Campaña, las voces de diferentes espacios que se fueron sumando al reclamo por la despenalización y legalización del aborto, el rol de las diputadas feministas, el debate otra vez en el Congreso en diciembre de 2020; y finalmente, celebramos la sanción de la Ley de IVE que puso al país una vez más en la vanguardia en la región, empujando la discusión en otros países donde los pañuelos verdes también se convirtieron en símbolo de libertad.

Con la aprobación de la ley no se terminó el tema: el monitoreo de su cumplimiento frente a la ofensiva conservadora –que nunca descansa— son parte de los desafíos de periodistas que entendemos que podemos –y debemos– ser aliadas y parte en la lucha por la ampliación de derechos.