El fallo emitido en la instancia más alta del sistema judicial norteamericano, para las organizaciones, activistas y políticas dedicadas a la defensa de las mujeres representa un enorme retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
Tras la desfavorable sentencia, al menos 13 estados a cargo de gobernadores conservadores ya han firmado leyes “antiaborto”, lo que expone a las mujeres que hayan abortado a que sean criminalizadas por el sistema judicial. Algunos de esos estados son Alabama, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, Missouri, Arkansas y Utah.
En ese contexto, diversos legisladores y organizaciones reclamaron a los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo como Google y Meta (Facebook e Instagram) a que sus plataformas protejan los datos de las mujeres que hayan abortado o a las personas que las hayan ayudado de los fiscales de los estados conservadores que puedan tomar la información para denunciarlos y encarcelarlos.