Esta medida pretende condicionar una enseñanza con enfoque de género, donde se aborden temas como la sexualidad, el feminismo o la diversidad LGBTI, a una "autorización expresa" de los padres de familia, lo que vulnera el derecho a la educación de miles de menores españoles.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El partido político de ultraderecha Vox, presidido por Santiago Abascal, cuyas polémicas medidas han generado el rechazo y la oposición de los sectores más progresistas de la política española, presentó una medida para vetar contenidos sobre diversidad sexo-afectiva, bajo la excusa de la protección parental.
La participación de asociaciones LGTBIQ+ externas a los centros educativos en actividades escolares, generó cuestionamientos de organizaciones fundamentalistas como el Foro de la Familia, que sirvieron como insumos para que Vox presente la propuesta del «pin parental», que limita el acceso de los más jóvenes a información y orientación sobre diversidad LGBTI, identidad de género o feminismo.
Bajo este llamativo nombre, la iniciativa de Vox consta de una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos, en la que los padres de familia piden ser informados previamente sobre cualquier materia, charla, taller o actividad «que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia e intimidad de nuestros hijos», como señala el portal de Vox.
En agosto de 2019, el gobierno de Murcia liderado por el Partido Popular (PP) avaló la polémica propuesta del pin parental creada por Vox, y la incluyó en una resolución con las instrucciones de comienzos de curso para todos los centros educativos, desde educación inicial hasta bachillerato.
Plataformas conservadoras como HazteOír han hecho eco de la propuesta de Vox y han abierto líneas telefónicas de denuncia contra el «adoctrinamiento de género».
Tras su aprobación en Murcia, y el intento de Vox para instalar la medida en Andalucía y Madrid, diversos colectivos sociales han rechazado la propuesta, como la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que inició una campaña contra el veto parental.
Por otro lado, Vox justifica y defiende su iniciativa bajo el argumento de que la izquierda emplea como excusa la enseñanza en temas de igualdad entre hombres y mujeres para introducir otras materias «de contenido sexual» en contra de la voluntad de los padres.
Santiago Abascal, presidente de Vox, sostiene que la propuesta del pin parental se aplica para «proteger a los niños del adoctrinamiento en juegos eróticos» y contra lo que denomina «ideología de género» (expresión empleada por representantes antiderechos en Latinoamérica y España para negar e invisibilizar el enfoque de igualdad de género).
«Nosotros queremos proteger a los niños de 0 a 6 años de los contenidos sexuales que se están dando. Yo tengo hijos pequeños y no tengo ninguna duda de que no se les tiene que enseñar ningún tipo de juego erótico como se está haciendo en algunos lugares», afirmó Abascal en conferencia de prensa.
El actual gobierno de España presentó un requerimiento a la administración de Murcia para que derogara la resolución de 2019 y dio como plazo un mes para revertir esta medida, caso contrario,el debate se trasladará a nivel judicial.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó a los promotores del pin parental de ir contra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado por consenso en el Congreso de los Diputados y aprobado en 2017, con el objetivo de eliminar cualquier tipo de violencia y defender los derechos y libertades fundamentales.
De igual forma, la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, Isabel Celaá, calificó la medida del Vox como contraria a la Ley Orgánica de Educación, a las normas autonómicas de Murcia y a la Ley Contra la Violencia de Género, describiendolo como un acto de “‘censura previa’ para todas las actividades de los centros”.
“El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una ‘objeción de conciencia encubierta’ que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española”, afirmó Celaá.
Mientras esta medida siga en disputa y exponiendo a los estudiantes a la censura de temas sobre diversidad secual y de género, el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga general en los centros educativos el próximo 6 de marzo contra la medida impulsada por Vox.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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