En México, un país con 508 feminicidios registrados en el primer semestre del 2021 y con más de 750 mil abortos clandestinos, la Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado de Coahuila y deja un precedente para las cortes de todo el territorio.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En México, un país en donde la tasa de feminicidios se supera cada año y se atacan a mujeres defensoras de los derechos humanos, la Suprema Corte abrió el camino hacia un futuro con derechos sexuales reproductivos al despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado de Coahuila. Si bien el fallo judicial solo modifica el Código Penal de Coahuila, la Suprema Corte de México deja un precedente para las cortes de todo el país.
El pasado martes 7 de setiembre, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió retirar al aborto voluntario del Código Penal del Estado de Coahuila. Ese día, el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, adelantó en términos generales los alcances del histórico fallo judicial: “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”.
“He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensibles por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado (…) Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional”, agregó Zaldívar.
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de México.
– Foto: El Economista, de México.
El 27 de noviembre de 2017, con el fin de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 13, 195, 196 y 224 del Código Penal del Estado de Coahuila.
Para la Procuraduría General, se debía modificar el apartado A del artículo 13 del Código Penal de Coahuila que propone como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delitos que el Estado considere graves hasta ese entonces, como el aborto. La acción de inconstitucionalidad también apuntó a los artículos 195 y 196, por penalizar la interrupción del embarazo durante la primera etapa de gestación, y atentar contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.
El proyecto de la acción de inconstitucionalidad, cuya ponencia estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, sostuvo que el derecho de la mujer a decidir es el resultado de una combinación de derechos y principios asociados a la libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, como en materia de maternidad.
La salud de la mujer, de acuerdo al proyecto de la Procuraduría General, debe ser el eslabón esencial para decidir si se prosigue o no con el proceso de gestación, y que se entiende como el derecho a mantener un estado psicoemocional óptimo. El derecho a decidir, asimismo, permite a la mujer determinar su proyecto de vida y reconocer la maternidad como una opción voluntaria y personal que puede tomar o no.
Una protesta a favor del aborto en Ciudad de México, en 2019.
– Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.
Con el reciente fallo judicial de la Suprema Corte, Coahuila se vuelve el quinto Estado de México con leyes que amparan el derecho al aborto. En las otras 27 ciudades del país se rigen normas restrictivas que en el mejor de los casos contemplan excepciones en casos de violación, gestantes en riesgo y fetos con malformaciones.
En 2007, la Ciudad de México fue el primer Estado en aprobar una ley que permite un plazo de 12 semanas para interrumpir la gestación sin consecuencias penales. Posteriormente le siguieron los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
Pese a los avances en la legislación a favor del aborto, México sigue siendo un país violento y peligroso para las mujeres. Solo en el primer semestre del 2021, por ejemplo, se registraron 508 feminicidios: 3.25% más que los 492 reportados el año pasado. Y al año, además, se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos. Un tercio de ellos requieren atención médica urgente por complicaciones.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante adjunto en México, Jesús Peña Palacios, también ha expresado su preocupación por ataques contra las mujeres activistas en redes sociales y en manifestaciones.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
– Foto: Captura de Sin Fronteras IAP.
“Hay un aumento significativo de ataques a mujeres y adolescentes en el marco de las protestas, incluso en protestas feministas”, alertó Peña Palacios. “Debido a la pandemia por covid-19, se han agudizado los ataques en línea en contra de las mujeres, especialmente las que pertenecen a grupos feministas. Esto ha contribuido a la deslegitimación y estigmatización de la importante labor de las personas defensoras de los derechos humanos”, agrega.
Del otro lado, en los días previos al fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de México, grupos religiosos y políticos antiderechos emprendieron acciones y pronunciamientos en contra de la despenalización del aborto en el Código Penal del Estado de Coahuila.
Uno de esos grupos religiosos Sublevados, una asociación civil dedicada a impulsar la agenda conservadora en la política. “Hoy en la SCJN la mayoría de los que planean aprobar el aborto son hombres. Hombres que van a fortalecer el abandono paterno, dañar muchas mujeres y destruir familias, pero ahí sí las feministas ya son amigas del patriarcado”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.
Desde sus redes sociales, la senadora mexicana María Lilly del Carmen Téllez García escribió: “#CorteAbortoNo”. Cabe recordar que Téllez es secretaria de la Comisión de Jurisdiccional y conforma las comisiones de Salud, Relaciones Exteriores América del Norte; y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
Captura: Twitter.
Captura: Twitter.
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