El Código Penal de este país se reformó en 1997 estableciendo la prohibición absoluta del aborto. Esta agenda, diseñada por los sectores conservadores, civiles y religiosos, colocó las políticas públicas sobre SSR en una situación de vulneración.Esta prohibición penaliza el aborto en cualquier circunstancia, incluso, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la gestante o cuando es producto de una violación sexual. Las penas, además, son de las más severas, pudiendo llegar a 50 años de cárcel.
Un caso que colocó a El Salvador bajo la mirada de la comunidad internacional fue el de Evelyn Hernández, quien fue acusada por una doctora de haberse practicado un aborto. Hasta ese momento, ella no sabía que estaba embarazada producto de las violaciones reiteradas que había sufrido en manos de un pandillero.
Evelyn fue absuelta en agosto del 2019, después de enfrentar un proceso que duró tres años, cuatro meses y 13 días: «Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas», afirma Hernández.