La alta jerarquía evangélica intentó desmentir ese respaldo. A los pocos días del evento cristiano que apoyó a Maduro, el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, Samuel Olson, rechazó cualquier actividad partidista que los vincule.
“El pueblo evangélico no es políticamente beligerante. Tenemos por principio fundamental la separación de la Iglesia y el Estado. No reconocemos las declaraciones de ningún representante religioso o movimiento religioso como si fuese la voz del pueblo evangélico en general”, aseguró.
A estas palabras se le sumaron otras de representantes de federaciones y confederaciones evangélicas venezolanas, con más de 45 años en el país. Dijeron que los 100 asistentes al congreso evangélico que apoyó a Maduro no los representaban y más bien son líderes de iglesias con poca influencia, donde sus participantes buscan que se les gestionen los prometidos proyectos productivos ofrecidos por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
El voto evangélico es diverso y ha crecido en los últimos años. En la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un suprapoder instalado por el chavismo bajo la excusa de redactar una nueva Constitución, no hay una comisión de cultos como sí existe en el parlamento regular. Sin embargo, las acciones que se ejecutan en esa materia provienen directamente del movimiento Somos Venezuela, fundado por Nicolás Maduro y su coordinadora nacional, Delcy Rodríguez. Este movimiento político es el encargado del “embellecimiento” de la ciudad.
Cuando la Constitución venezolana de 1999, promovida por Hugo Chávez, adoptó la libertad religiosa y de cultos en el sentido amplio, fracturó la relación que los gobiernos habían tenido con la iglesia católica romana, que pronto se convertiría en un crítico del proyecto chavista. Esto permitió a otras corrientes aspirar a ocupar los espacios que antes eran exclusivos de la iglesia de Roma, y vieron crecer sus templos en número de fieles, lo que les permitió, también, entrar en la escena política y económica.
En los últimos 20 años fue más evidente el impulso de políticas públicas relacionadas con la libertad religiosa y de culto. Se extendió por los sectores militares y civiles un liberalismo puritano con anuencia de altos representantes de ministerios y Poderes Públicos que simpatizaban con estos cambios y las doctrinas evangélicas.
En Venezuela, el protestantismo evangélico, los Testigos de Jehová y los mormones, que hasta 1998 representaban 18% de la población confesante, para 2006 llegaron a alcanzar un 29% y los católicos disminuyeron su influencia en la población de 75% a 70%. De acuerdo al Consejo Evangélico, el mayor crecimiento fue la doctrina pentecostal.
Es así como espacios de culto dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN), instituciones públicas del Estado, centros penitenciarios y hasta instituciones educativas, empezaron a hacer más visible su presencia. Tal fue el caso del general Gustavo Rangel Briceño, exministro de la Defensa; Ronald Blanco La Cruz, exgobernador del estado fronterizo de Táchira y exembajador de Venezuela en Cuba; el capitán Edgar Hernández Behrens, exsuperintendente de las instituciones del sector bancario (Sudeban), expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y expresidente de la extinta Cadivi.
En 2012, se propuso en la Asamblea Nacional, entonces dominada por el chavismo, un Anteproyecto de Ley de Cultos que venía rodando desde la comisión de Política Interior pero fue tomando forma con la creación de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario. Sin admitirlo abiertamente, representaba el germen para la pretensión de romper con el Concordato Vaticano, algo que nunca se oficializó.
También se impulsó la legalización de organizaciones con fines religiosos por medio de la Dirección de Cultos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que en 18 meses logró el registro de 6.000 iglesias, cuando en los 40 años anteriores solo había alcanzado unas 4.000. Hasta 2018, las iglesias evangélicas eran casi 17.000. Los estados con mayor crecimiento de las feligresías alternativas eran Aragua, Falcón, Zulia, Bolívar, Carabobo y Lara, de acuerdo a información oficial. En total había un registro de 19.700 asociaciones civiles con fines religiosos en el país.
