Mientras el Gobierno mexicano distribuye la Cartilla Moral, bajo la premisa de promover una forma de vivir sobre la base del amor a la familia; miles de ciudadanas salen a las calles a protestas contra la violencia de género y las violaciones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El mes pasado, dos casos de adolescentes que denunciaron ser víctimas de agresión sexual por parte de policías desataron la indignación en la capital de México. Estos hechos generaron una serie de protestas y movilizaciones que llevaron a miles de mujeres a recorrer las calles de Ciudad de México (CDMX), exigiendo justicia para las víctimas.
El primer caso ocurrió el 3 de agosto, cuando una adolescente de 17 años regresaba a su casa en Azcapotzalco, al norte de CDMX, luego de una fiesta en la madrugada. Mientras caminaba por la calle, fue interceptada por cuatro agentes a bordo de una patrulla quienes le ofrecieron llevarla a su domicilio. Sin embargo, fue agredida sexualmente, según relata en su denuncia.
El segundo caso ocurrió 5 días después. La segunda joven denunció que mientras estaba en el Museo de Archivo de la Fotografía, donde realiza una pasantía, un agente de vigilancia de la Policía Bancaria abusó de ella en un baño. La víctima llamó al servicio de emergencia logrando que el denunciado fuera detenido.
Sin embargo, la víctima de Azcapotzalco quien había llevado el proceso ante la Fiscalía de Delitos Sexuales para denunciar la violación, desistió de seguir, tras la filtración de información sobre su caso y datos personales a la prensa, por lo que señaló no tener confianza en las autoridades.
Colectivos feministas convocaron en una marcha de mujeres llamada «No nos cuidan, nos violan», que inició frente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) y terminó en la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) de CDMX.
En medio de la protesta, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, cuestionó la exposición mediática de una de las víctimas, lo que provocó que la joven desistiera de la denuncia.
“Ustedes también son quienes violentan a esa víctima que está ahí. ¿Quién fue el que expuso la foto de la chica? (…) Sí, necesitamos la cobertura de la prensa para denunciar la violencia, pero no queremos que nos exhiban más, no queremos que nos dañen más, ni a la víctima”, dijo Andrade.
Una de las primeras autoridades en pronunciarse por las movilizaciones fue la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien fue duramente criticada por calificar las protestas contra las autoridades como una «provocación».
«Quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. En realidad lo que esperaban es que nosotros respondiéramos con más violencia, y eso no lo vamos a hacer», afirmó Sheinbaum.
La jefa de Gobierno de CDMX también rechazó que exista una protección a los culpables, sin embargo, afirmó que no habrá «fabricación de culpables», pues es necesario esperar el resultado de las investigaciones.
Estas declaraciones no tardaron en recibir respuestas desde otro sector del Gobierno. La diputada independiente Lucía Riojas respondió desde su cuenta de Twitter: «Para la procuradora y la jefa de Gobierno, una protesta feminista que exige justicia porque policías han violado mujeres es una provocación… Perdón, pero ¿de qué nos sirven mujeres en el poder si lo ejercen con convicción patriarcal?»
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó la posición de Claudia Sheinbaum tras las masivas movilizaciones feministas que denunciaban los casos de violencia de género y agresiones sexuales.
«Hago un llamado a quienes protestan a que lo hagan de manera responsable, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, de todos nosotros», dijo AMLO.
Sobre la situación de violencia a la que están expuestas las mujeres mexicanas, Obrador recalcó que su gobierno realiza un trabajo permanente para “garantizar la seguridad de hombres y de mujeres”. Sin embargo, las cifras de feminicidos y agresiones sexuales durante el 2019 no reflejan esta realidad.
Entre enero y junio de este año, el total de feminicidios a nivel nacional fue de 540. Además, se registraron 9505 llamadas al servicio de emergencia 911 por casos de ataques contra la libertad sexual de mujeres (3051 incidentes de abuso sexual, 4219 incidentes de acoso u hostigamiento y 2235 incidentes de violación), según el reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras tanto, el gobierno mexicano, en alianza con grupos religiosos, continúa con otra de sus políticas, la distribución de la Cartilla Moral. Este documento ha causado controversia al ser considerado por algunos sectores como un intento de adoctrinamiento. Asimismo, otros rechazan la participación de organizaciones evangélicas en su distribución, por considerarlo como una afectación al Estado laico.
La Cartilla Moral fue escrita por el poeta y diplomático mexicano Alfonso Reyes en el año 1944, a solicitud del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. En su actual reimpresión, López Obrador señala en su presentación que «la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales».
Para el especialista en religión Bernardo Barranco, la entrega de la Cartilla Moral, a cargo de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) y la promoción de las políticas públicas del gobierno federal, representa una falta al artículo 130 constitucional, pues son competencias que corresponden a las autoridades y no a agrupaciones religiosas.
“El artículo a letra dice que hay una separación histórica entre el Estado y la Iglesia. El Estado no puede interferir en la vida interna de la Iglesia ni las Iglesias deben intervenir en la agenda pública, en la toma de decisión y en la ejecución de programas gubernamentales y la Cartilla Moral es una iniciativa gubernamental”, afirmó Barranco, en una entrevista para el medio mexicano Expansión Política.
Mientras AMLO continúa con su alianza con organizaciones evangélicas para la distribución de la cuestionada Cartilla Moral, miles de mujeres le exigen al Gobierno mexicano justicia para las víctimas de violencia de sexual y feminicidios.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Resumen: «La alianza internacional de conservadores» 
