En este mismo país, además, los derechos sexuales y reproductivos son constantemente atacados por las organizaciones antiderechos. En 2014, por ejemplo, la ONG ALA Sin Componenda, interpuso una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud para que se abstenga de implementar la guía nacional del aborto terapéutico, derecho que está permitido en el Código Penal peruano.
Y en 2018, la Asociación de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro también presentó una demanda de acción popular contra el protocolo del aborto terapéutico. Esta misma organización, a su vez, anteriormente emprendió otra demanda de amparo con el fin de impedir la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia, también conocida como la píldora del día siguiente para la prevención de embarazos no deseados.
Por otro lado, en Bolivia su Código Penal solo permite la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto y por salud mental. Y en otros países, como Brasil, Panamá, Paraguay y Venezuela,el aborto no es penalizado solo cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo.