En el marco de la VII Conferencia Regional CLACAI 2023, se presentó el informe "Leyes y Sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica". El análisis identifica que además de las restricciones totales o parciales al aborto, hay países como Honduras, República Dominicana, Panamá y Perú donde la legislación promueve denunciar a las mujeres que llegan a los hospitales.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El 22 y 23 de junio se llevó a cabo en Panamá la VII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que reunió a alrededor de 400 participantes, entre organizaciones, activistas y otros profesionales comprometidos con la defensa del derecho a acceder a un aborto seguro, legal y gratuito.
En el evento se presentó Leyes y Sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica, un informe de CLACAI que analiza las leyes y protocolos sobre aborto en 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Los resultados del análisis muestran los pendientes que tenemos en la región para alcanzar el estándar considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el acceso a un aborto seguro. Como se indica en Leyes y Sombras, existen diez países en el mundo que penalizan el aborto en su totalidad. Cuatro de ellos están en Latinoamérica y tres de ellos fueron parte del estudio: Honduras, El Salvador y República Dominicana.
La mayoría de países sí considera en su normativa el acceso al aborto, pero solo en condiciones específicas. Estas condiciones o causales varían entre los países, así como el plazo que contemplan para poder acceder a la interrupción del embarazo. Además, las causales son desarrolladas —e interpretadas— de forma distinta y frecuentemente resultan en restricciones adicionales para acceder al aborto. En muchos casos, dichas restricciones no se encuentran en la «letra grande» (leyes o códigos penales), sino en la «letra chica» (protocolos o guías de aplicación).
El análisis de las legislaciones de 16 países de América Latina y el Caribe muestra que, aún cuando los países permiten el aborto por determinadas causales, persisten los obstáculos para el acceso pleno a este derecho.
Imagen: Informe Leyes y Sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica
«Algunos de estos requisitos están avalados por la evidencia disponible, pero la mayoría restringe injustificadamente el acceso al aborto», alerta el informe de CLACAI. Uno de estos requisitos es, por ejemplo, que los abortos solo puedan ser practicados por personal de salud específico o solo en determinados establecimientos. Ello a pesar de que no se trata de un procedimiento complejo, y según la OMS, puede realizarse de forma segura en servicios de salud del primer nivel de atención.
“Hace más de una década que los organismos de rectoría sanitaria recomiendan no restringir la ejecución de abortos a personal de salud de alguna especialidad particular», precisa el informe. Sin embargo, en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay solo un grupo de especialistas puede practicar abortos. Por ejemplo, profesionales de ginecología o cirugía.
A estas barreras para el acceso, se suma la criminalización de las mujeres. “Hay casos dolorosos donde todavía se denuncia a las mujeres que llegan a los hospitales, como en Honduras, de República Dominicana, Panamá y Perú, cuatro países en donde no se protege la confidencialidad”, señaló la abogada Agustina Ramón, coordinadora de la red jurídica de CLACAI, al medio Infobae.
En el informe Leyes y Sombras se destaca a Argentina, Uruguay y Colombia como países donde está permitido el aborto legal a petición. De acuerdo a Agustina Ramón, el caso de Argentina se explica por el trabajo conjunto que hubo entre organizaciones de derechos humanos y profesionales de la salud en la elaboración de la ley. Además, es preciso resaltar que en estos tres países también está prohibido denunciar abortos, aún si se encuentran indicios de posible ilegalidad. «No se conocen sanciones a profesionales de la salud por este motivo», indica el informe.
La articulación entre los movimientos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y profesionales de salud es clave para garantizar legislaciones y protocolos con menos restricciones de acceso al aborto seguro. Argentina, Uruguay y Colombia son países que resaltan por sus buenas prácticas en esa materia.
Foto: CLACAI
En contraste, países como Perú resaltan por la violencia de los sistemas de salud o justicia frente a niñas y adolescentes que buscan acceder al aborto terapéutico. De hecho, es el único país de Latinoamérica sancionado tres veces por negar el aborto a menores de edad cuyas vidas estaban en riesgo. La resolución más reciente corresponde al caso de Camila, una niña indígena víctima de violación que, además de no poder acceder al aborto, fue criminalizada por haber hecho la solicitud del procedimiento.
En junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú es responsable por violar los derechos de Camila. Las vulneraciones a la niña ocurrieron a pesar de la existencia de un Protocolo de Aborto Terapéutico en Perú desde 2014. De hecho, este protocolo fue implementado por dos sanciones que el Estado peruano recibió años antes.
En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encontró al país responsable de la violación de los derechos de L.C., una niña que quedó cuadrapléjica cuando se le negó el aborto terapéutico y recibió tarde una cirugía. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya había encontrado a Perú responsable de la violación de los derechos de K.L., una adolescente de 17 años que fue forzada a parir un bebé anencefálico.
Es importante resaltar que el Código Penal peruano contempla la despenalización del aborto terapéutico desde 1924. A pesar de ello, la «letra chica» pone restricciones que pone las vidas de las mujeres en riesgo. Una situación que se observa frecuentemente en la región. “Lo que pasó en Perú no puede repetirse en otro país, no puede ser el estándar de ningún país más”, señaló la psicóloga Rossina Guerrero, de Promsex.
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