Devine, la concejal de Columbia, explica que el legislativo municipal revisó otras ordenanzas adoptadas en diferentes ciudades con ayuda de LGBTQ+LO, un bloque de la Liga Nacional de Ciudades, así como un borrador suministrado por la Human Rights Campaign, la organización de abogacía y cabildeo LGBTQ más prominente de EEUU.
“Por favor, hagamos lo correcto para nuestra juventud. Por favor, hagamos lo correcto para nuestras poblaciones más vulnerables”, dijo Dylan Gunnels cuando habló ante el concejo de Columbia. “Al hacerlo, ustedes envían el mensaje” de que la equidad y la protección de los jóvenes “están en primer plano para la ciudad”, argumentó.
Gunnels es el fundador de Agape Table, un grupo de apoyo a personas LGBTQ creyentes que tuvieron experiencias traumáticas, entre ellas terapias de conversión. Luego de perder la campaña para ser concejal en 2018, Gunnels trabajó con su adversario en esas elecciones, Howard Duvall, quien integra el concejo municipal, en temas de inclusión LGBTQ.
El concejo municipal de Columbia ha sido “aliado y promotor”, según Gunnels, pero las iglesias locales y grupos religiosos unieron fuerzas para resistir la prohibición.
El Palmetto Family Council – afiliado en Carolina del Sur a la Family Policy Alliance, un grupo nacional de lobby cristiano y derechista – e iglesias evangélicas conservadoras realizaron una campaña de llamadas telefónicas a los miembros del concejo para que votaran en contra de la ordenanza.
“La señal que dan es que no eres bienvenido a la mesa, que vamos a hacer todo lo que podamos para combatir tu verdadera igualdad”, dice Gunnels.
El senador estatal republicano Josh Kimbrell envió una carta al fiscal general de Carolina del Sur para pedirle que “anulara” la ordenanza de Columbia, a la que describió como ejemplo de “desenfrenada corrección política”.
Kimbrell “no representa a los ciudadanos de Columbia”, dice Devine. “No le presto mucha atención a su carta”, agrega.
Este año, Kimbrell auspició un fallido proyecto para incluir a los profesionales de la salud mental del estado en las leyes de ‘derecho de conciencia’ de Carolina del Sur, que dan protección legal a quienes se nieguen a participar en procedimientos que violen sus convicciones religiosas (como abortos y prescripciones de anticonceptivos). El legislador alegó que ese proyecto “reemplazaría cualquier ordenanza municipal”, incluyendo la de Columbia para prohibir la terapia de conversión. Kimbrell también fue proponente de un proyecto para prohibir que las mujeres trans hagan deporte en colegios secundarios.
Melissa Moore, administradora regional de la Women’s Rights and Empowerment Network, y veterana defensora LGBTQ en Carolina del Sur, apunta: “Si nuestras voces no fueran poderosas, quienes se nos oponen no trabajarían tan duro para silenciarnos”.
“El relato sobre Carolina del Sur que más se amplifica es el de sus legisladores intolerantes y el de las cosas terribles que viven las personas queer, las personas negras y morenas, las personas que viven debajo de la línea de pobreza”, dice Moore.
Pero, aunque le resulta muy familiar la política reaccionaria de Carolina del Sur, Moore agrega: “Hay otra historia aquí, una rica historia de resistencia y resiliencia”.