Mientras en países como Argentina y Ecuador se ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo en varios países de Centroamérica las leyes que criminalizan el aborto ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Centroamérica es una de las regiones con más normas antiaborto que sanciona con penas hasta de 40 años de cárcel a mujeres que se sometan a una interrupción del embarazo, sin importar si este es espontáneo o no.
A pesar de tener las más altas tazas de embarazos adolescentes y procedimientos de aborto en el continente, políticos se oponen a legalizarlo aduciendo el derecho a la vida desde la concepción, además de contar con el lobby de grupos antiderechos que respaldan estas normas que solo criminalizan a las mujeres.
En el contexto de confinamientos por la pandemia, casos de niñas y mujeres que viven a diario situaciones de violencia sexual se ha incrementado. Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), 927 mujeres, entre 0 y 19 años, sufrieron abuso sexual entre enero y octubre de 2020 en Honduras.
La violencia de género y no poder decidir sobre sus cuerpos son también causas por las que mujeres abandonan los países de Centroamérica buscando mejores oportunidades.
El caso Manuela es uno de los más conocidos en El Salvador, quien fue condenada en 2008 a 30 años por sufrir un aborto involuntario. Murió dos años después de cáncer linfático esposada a una cama.
En El Salvador el aborto es ilegal en todas sus causales. En este país, las mujeres podrían ir hasta 40 años presas si se someten a una interrupción del embarazo. La Constitución lo penaliza por completo.
La Asamblea Legislativa, dominada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, archivó en mayo de 2021 una propuesta para despenalizar el aborto. Bukele se ha mostrado contra la interrupción del embarazo en varias oportunidades. “Pronto nos daremos cuenta que es un genocidio”, dijo el presidente salvadoreño, ignorando las de vidas de mujeres que cada año mueren en abortos inseguros. Bukele controla el Ejecutivo y el Legislativo.
Entre 2000 y 2014, 49 mujeres han sido condenadas en El Salvador por delitos relacionados con la penalización del aborto. Al menos 250 mujeres fueron denunciadas por la policía. Existen varios casos símbolos, en los que mujeres pasaron años en la cárcel tras un aborto involuntario. En 2006, un estudió encontró que en El Salvador el suicidio fue la tercera causa de muerte materna.
“Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario”, dice la reforma que impedirá que la interrupción del embarazo se despenalice. En Honduras el aborto está prohibido en todos los casos, incluyendo violación, malformación del feto o si la vida a la gestante está en riesgo.
Mario Pérez, vicepresidente del Parlamento hondureño y diputado del oficialismo, presentó la propuesta que fue aprobada con solo un debate. “Esta reforma representa un candado a la legalización del aborto; y el que no lo quiera, que vote en contra”, dijo Pérez.
“La vida de las niñas y mujeres no mereció el tiempo de los tres debates para el Congreso de Honduras. ¿Cuál es la prisa por prohibir algo que ya está prohibido? ¡No se vale tanto odio!”, fue el mensaje de Somos Muchas, colectivo hondureño de mujeres que luchan por el derecho a decidir.
Honduras tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina. Uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, según las Naciones Unidas.
«La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de mujeres. Recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, expresó la Organización de Naciones Unidas (ONU)
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras admitió esta semana un recurso de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto por tres causales: si el embarazo es producto de una violación sexual; si hay altas probabilidades de que el feto no sobreviva al nacer; y si el parto representa un riesgo para la vida de la gestante.
“(La ley) sí puede criminalizar a las mujeres en aras de defender los derechos del que está por nacer”. Así piensa el exdiputado de Honduras, Fernando Linares Beltranena.
En Guatemala la situación es similar, aunque sí está permitido el aborto terapéutico y el aborto espontáneo no es penalizado, pero, según la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, solo a las mujeres pobres las investigan para comprobar si realmente fue un aborto natural.
En este país, las cifras de embarazo adolescente son altas. En 2019, al menos 5133 niñas entre 10 y 14 años resultaron embarazadas, es decir, 14 al día, según el Observatorio de los Derechos de la Niñez.
Ese mismo año, la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) registró 111 216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años, a pesar de que la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas sanciona como violación el sostener relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años.
“Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos” dice Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.
Uno de los políticos opositores a la legalización del aborto es el exdiputado guatemalteco Fernando Linares Beltranena quien en 2018 presentó un proyecto de ley que endurecería las penas por aborto y prohibiría la educación sexual en las escuelas. El PL también negaba el derecho al matrimonio igualitario. Actualmente, difunde conspiraciones para criminalizar el aborto.
Además de El Salvador y Honduras, otros países como Nicaragua, República Dominicana y Haití prohíben sin excepción la interrupción voluntaria del embarazo en la región, una situación que lejos de “proteger la vida”, como argumentan las organizaciones y personajes antiderechos, se expone a morir en la clandestinidad a miles de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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