El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú es responsable por violar los derechos de Camila, una niña indígena víctima de violación a la que se negó el acceso al aborto terapéutico. Además de no garantizar esa atención de salud, el Estado peruano inició una investigación en su contra por el delito de autoaborto.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En 2017, Camila* quedó embarazada. La niña indígena habitaba en una zona rural de la sierra peruana, tenía 13 años y sufría violaciones por parte de su padre desde los nueve. Cuando acudió a un servicio de salud, la niña expresó en medio del llanto que no quería tener un hijo de su padre. Ese pedido se reiteró en más de una ocasión. Pese a que la situación afectaba su salud mental de forma grave, el personal sanitario no le informó sobre su derecho a acceder al aborto terapéutico.
El aborto terapéutico es legal en Perú desde 1914 y cuenta con un protocolo desde 2014. Sin embargo, cuando Camila finalmente recibió asesoría de una ONG y acudió a un hospital para solicitar este procedimiento, el centro de salud la ignoró. También presentó su solicitud a la fiscal que investigaba la violación en su contra, con el mismo resultado.
Lejos de atender el derecho de la niña, el personal de salud insistió en la obligación de Camila de acudir a controles prenatales. Cuando ella no acudió, el personal llegó a su casa con policías, presionándola a continuar con el embarazo. Además, cuando Camila sufrió un aborto espontáneo, la misma fiscal que investigaba la violación en su contra, abrió una investigación contra la niña por el delito de autoaborto. Esta situación de acoso y persecución finalmente empujó a Camila a abandonar su pueblo.
El caso de Camila fue el primer caso peruano en llegar al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Se encontró que Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila.
Gráfica: Promsex
En 2020, el caso de Camila se presentó ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En la comunicación presentada por la niña, representada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), se acusó al Estado peruano de haber violado los derechos fundamentales de Camila, contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Casi tres años después, el Comité llegó a una conclusión: Perú es responsable. El Comité consideró que la falta de información sobre el aborto terapéutico y el acceso efectivo a este procedimiento, además del contexto de embarazo producto de las violaciones de su padre, pusieron en peligro la vida y la salud de Camila. Además, el Comité resolvió que la revictimización que sufrió Camila por parte autoridades sanitarias, policiales y judiciales, responde a discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social.
«Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente», señaló Ann Skelton, presidenta del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
A raíz del caso de Camila, el Comité ha listado una serie de medidas que Perú debe implementar para evitar que se vuelva a vulnerar a otras niñas de la misma forma. Una de esas medidas es la despenalización del aborto en casos de embarazo infantil, para garantizar que las niñas embarazadas accedan a aborto seguro y atención postaborto. También se recomendó modificar la normativa relacionada al acceso al aborto terapéutico, para que se regule su aplicación específica a las niñas.
No es la primera vez que un organismo internacional encuentra responsable al Estado peruano por vulneraciones a derechos humanos.
En 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró al Perú responsable por la violencia sufrida por K.L., una adolescente de 17 años a la que se negó el aborto terapéutico pese a que se diagnosticó que su feto era anencefálico. Esto significaba que el feto moriría durante el embarazo o al poco tiempo de nacer. En esas circunstancias, continuar el embarazo puso en riesgo la vida y la salud física y mental de K.L.
Pese a ese precedente, en 2007, L.C. también recibió una negativa a su solicitud de aborto terapéutico. En ese caso, se trataba de una niña de 13 años que se arrojó del techo luego de enterarse que estaba embarazada por una violación. El intento de suicidio resultó en una grave lesión cervical. L.C. necesitaba una cirugía, pero el hospital se negó a atenderla porque estaba embarazada. Solo cuando sufrió un aborto espontáneo, fue operada. Pero la atención llegó demasiado tarde y la niña quedó con un cuadro de cuadriplejia espástica. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encontró a Perú responsable de la violación de los derechos de L.C. en 2011.
Fue a raíz de estos casos que el Estado peruano aprobó en 2014 el Protocolo de Aborto Terapéutico. Sin embargo, como muestra el caso de Camila y otros que no han llegado a instancias internacionales, aún no existe una garantía total de protección de los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras el Estado peruano es señalado por un Comité de las Naciones Unidas como responsable de violar los derechos de una niña indígena, desde el Congreso se vienen impulsando proyectos contra los derechos sexuales y reproductivos.
Captura: Twitter
Peor aún, el Congreso de la República del Perú viene impulsando proyectos de ley antiderechos. Uno de ellos es la iniciativa que busca reconocer derechos al concebido, impulsado por la pastora evangélica Milagros Aguayo, de la iglesia La Casa del Padre.
Según explica la abogada Edith Arenaza, de Promsex, se trata de un proyecto peligroso porque busca «darle categoría de persona» al feto. Ese punto podría poner en riesgo la aplicación del Protocolo de Aborto Terapéutico y, por lo tanto, la vida y la salud de las mujeres.
Este proyecto ya cuenta con aprobación en comisiones y podría ponerse en debate en el Pleno del Congreso próximamente.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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