Tras el cierre de diversas organizaciones feministas dedicadas a proteger a mujeres y personas LGBTIQ expuestas a distintos tipos de violencia, el Estado de Nicaragua deja aún más expuestas a las poblaciones vulnerables de su país.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha sometido al país a un régimen dictatorial que reprime las manifestaciones ciudadanas con protestas y desconoce los llamados de atención de los organismos internacionales de derechos humanos. A su vez, el gobierno de Ortega sostiene una persecución contra las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ.
En Nicaragua, al cierre del 2021 se registraron 71 mujeres víctimas de feminicidios, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y otras 5 mil en promedio denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Nicaragua, además, es uno de los pocos países que prohíbe el aborto en su totalidad, lo que pone al país en una crítica situación en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El régimen de Daniel Ortega, no obstante, cada vez actúa más en perjuicio de este problema nacional. En los últimos cinco años, Nicaragua ha cancelado y clausurado más de 400 organizaciones sin fines de lucro. Varias de ellas se dedicaban a promocionar los derechos de la mujer y la población LGBTIQ.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
– Foto: Infobae.
Apenas el pasado jueves 2 de junio, la Asamblea Nacional de Nicaragua, que equivale a un Parlamento, canceló 9 organizaciones feministas dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia o que requieran la interrupción de sus embarazos. En total, por lo menos 57 organizaciones feministas fueron canceladas por el Gobierno o el Congreso.
Frente a la continua persecución contra organizaciones feministas, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos se pronunció drásticamente. “Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega, contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses”, dijo en un comunicado a la opinión pública.
Pleno de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
– Foto: Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
El cierre de las organizaciones feministas, por si fuera poco, implica el desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y la criminalización contra sus miembros. Por otro lado, al cortar los servicios que brindaban estas organizaciones, las poblaciones vulnerables que acudían a estos lugares quedan desprotegidas y expuestas a recaer en los círculos de violencia en el que se encontraban.
Una de esas organizaciones canceladas fue La Corriente, fundada en 1994 y que desde entonces se dedicó a impartir educación inclusiva para mujeres y jóvenes LGBTIQ y gestionar proyectos en ese sentido. Tras más de 20 años de trayectoria, La Corriente se convirtió en una de las principales voces del país en denunciar la violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ.
La situación se agrava tomando en cuenta de que la población LGBTIQ no tiene protección legal en Nicaragua, por lo que se encuentra expuesta a los crímenes de odio. A la fecha, además, solo existen 3 casas de acogida para mujeres y niños víctimas de violencia que funcionan en la clandestinidad para evitar la persecución gubernamental, cuando hace 4 años existían por lo menos 13 casas de acogida.
Otra organización feminista clausurada fue el Colectivo de Mujeres Matagalpa, que opera en Nicaragua desde 1984 y enfocada en trabajar con mujeres de sectores pobres del departamento de Matagalpa, una zona rural golpeada por la guerra civil de 1980.
Esta situación generó que el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM) y más de 50 organizaciones de la región, envió una carta dirigida al Comité de Expertas de la OEA. “Nos preocupa la integridad de nuestras compañeras detenidas, luchadoras históricas a quienes se les está castigando por ser mujeres y levantar sus voces críticas contra un gobierno que ha violentado los derechos de las mujeres de manera sistemática”, dice la carta. El oficio también informa que desde abril de 2018 se han reportado casos de violencia sexual en la represión del gobierno contra las manifestaciones, como “hechos de tortura, violación, humillaciones sexuales y otras formas de violencia de género en centros de detención, por ejemplo, la desnudez forzada, la obligación de realizar sentadillas y el maltrato verbal” y que se mantienen en la impunidad.
Tras el cierre de las organizaciones feministas cerradas y criminalizadas, no solo se recortan los derechos que el Estado de Nicaragua no garantiza, sino que expone aún más a las mujeres y las personas LGBTIQ.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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