“He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensibles por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado (…) Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida no solo es profundamente injusto, sino también inconstitucional”, agregó.
El Estado de Guerrero, a su vez, también es una de las ciudades más golpeadas por la violencia de género, y con los índices más altos de embarazos infantiles y muertes maternas como consecuencia de abortos clandestinos. En el Estado de Guerrero, cabe recordar, en 2020 aumentó en un 160% la cantidad de víctimas de violencia sexual que acudieron a un centro de salud, según el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres.
Pese a la urgencia de despenalizar el aborto en este estado, las presiones de la Iglesia Católica y organizaciones religiosas lograron postergar cerca de dos semanas la votación sobre este tema en el Pleno del Congreso. Y tras el avance del derecho al aborto en México, el pasado sábado 7 de mayo cerca de 2 mil personas de Ciudad de México convocadas por organizaciones antiderechos se manifestaron en contra del aborto.
“Mejoraremos la condición de vida de las mujeres, no las castiguemos por la pobreza y la violencia que han vivido durante décadas. Les invito a discutir este dictamen en libertad, con la responsabilidad de un Estado laico, por la vida de las mujeres, por su libertad y por sus derechos”, dijo al respecto la diputada Beatriz Mojica, de la bancada oficialista de Morena que impulsó las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto.