Un hombre trans y su pareja emprendieron una batalla judicial contra el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para defender sus derechos reproductivos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Enzo y Marina, una pareja uruguaya cuyos nombres son ficticios para proteger su identidad, acaban de ganar una batalla judicial contra el Estado en defensa de sus derechos reproductivos. Enzo, cabe precisar, es un varón trans, y Marina, su pareja, una mujer cis cuya identidad de género coincide con el sexo biológico con el que nació.
La única forma en que una pareja como Enzo y Marina puedan procear manteniendo un vínculo biológico es a través de un tratamiento de fertilización asistida. Este procedimiento consiste en que los óvulos de uno de los miembros de la pareja, se fertilicen con semen donado para luego realizar una transferencia embrionaria al útero de la otra integrante de la pareja. Así, ambas partes tendrían un vínculo biológico con el proceso de gestación.
Este tratamiento, no obstante, no era cubierto por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) ni el Ministerio de Salud Pública (MSP). Frente a esa situación, el derecho reproductivo de la pareja se vio limitado.
Sede central del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en la ciudad de Montevideo.
– Foto: Javier Calvelo.
En ese contexto, el Consultorio Jurídico 14 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay presentó una demanda de acción de amparo contra el FNR y el MSP para que accedan a aplicarle el tratamiento a la pareja, cuyo costo bordea los 6200 dólares. Así, la pareja obtuvo una sentencia a su favor que deberá cumplirse en un plazo de 24 horas. De lo contrario, se aplicará una multa al FNR y al MSP que aumentará cada día.
Las personas trans, sostiene la sentencia entre sus argumentos, “no deben renunciar a una maternidad o paternidad biológica, por lo que los comparecientes deben recibir toda la protección necesaria para que puedan ejercer sus derechos a vivir una paternidad y maternidad compartida desde el momento de la concepción y poder estar ambos vinculados biológicamente a sus hijos”.
Del lado del Ministerio de Salud Pública, no obstante, hubo resistencia a cubrir el tratamiento de fertilización asistida para Enzo y Marina y alegaron que no se trataría de discriminación, sino de un vacío legal generado por la diferencia de fechas en que se aprobaron dos leyes.
Por un lado, sostuvo la defensa legal del Ministerio de Salud Pública, la Ley de Reproducción Asistida, que incluye el tratamiento de fertilización asistida, se aprobó en 2013. Y la Ley Integral para Personas Trans, que ampara el derecho a fundar una familia con acceso a la cobertura de las técnicas y procedimientos médicos que lo permitan, se promulgó en 2015.
Marcha por la diversidad celebrada en Uruguay, en 2020.
– Foto: Universal.
“¿Cómo se debería interpretar y razonar la normativa vigente? La respuesta es simple: hay un vacío legal y, por tanto, no hay manifiesta ilegitimidad que menoscabe o causa un perjuicio o lesione el derecho invocado (en la demanda de acción de amparo presentado a favor de Enzo y Marina)”, sostuvo la defensa legal del Ministerio de Salud Pública.
En el debate, además, se deslizaron otras dos opciones para la pareja, pero vulneraría su derecho a tener un vínculo biológico con el proceso de gestación. Una de las opciones consiste en que Marina, la mujer, reciba una inseminación intrauterina con semen donado para alcanzar la gestación. En ese caso, sin embargo, Enzo no tendría ningún vínculo biológico con el embarazo.
Por otro lado, la segunda opción consistía en que Enzo reciba la inseminación intrauterina y lleve el proceso de gestación, pero tendría que abandonar sus dosis de testosteronas que toma desde hace diez años, lo que además le generaría cambios físicos y hormonas femeninas, yendo en contra de su identidad de género que es de varón. En ese caso, además, Marina no tendría el vínculo biológico con la gestación.
Así, se concluyó que la fertilización asistida es el único tratamiento que le permitirá a Enzo y Marina mantener un vínculo biológico con el embarazo. En ese sentido, la sentencia sostiene que sus derechos reproductivos “están siendo lesionados con la agravante de la violación del principio de igualdad” porque “se les deniega la única posibilidad que tienen de ser padres biológicamente vinculados”.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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