Al no realizarse sus controles, las niñas y adolescentes no solo se mantienen al margen del registro oficial del Ministerio de Salud y Deportes, sino que además no llegan a informarse sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una opción para las víctimas de violación sexual garantizado en el Código Penal de Bolivia.
En Viacha, por ejemplo, solo se realizó un ILE en los últimos 6 años, de acuerdo al informe “Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres” de la Defensoría del Pueblo. Durante ese mismo periodo de tiempo, del 2015 al 2021, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia recibió 31 denuncias por violación sexual. Y entre 2015 y 2019, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó la aplicación de 350 abortos legales en el país, el Ministerio de Salud registró 332 entre 2014 y 2018.
Bolivia, cabe recordar, se encuentra en el segundo lugar de Sudamérica con la tasa más alta de violación sexual, mientras que su índice de embarazos adolescentes también es alto a nivel regional. Solo desde el 2021, el Ministerio Público reportó 5652 casos de violencia sexual, de los cuales 2078 las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. Y la situación de encierro durante la pandemia, agrega la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, puso a las víctimas “en una situación de desprotección muchísimo mayor”.