Grupos antiderechos de la sociedad civil, el Congreso y el Estado han emprendido una serie de maniobras en contra del proceso que lleva la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En la Corte Constitucional, la instancia judicial más importante de Colombia, los magistrados que conforman la Sala analizan un proceso que pide la despenalización total del aborto, más allá de las tres causales permitidas desde el 2006: en casos de violaciones sexuales, malformaciones del feto y cuando la salud física y mental de la mujer se encuentre en riesgo.
En ese contexto, grupos antiderechos que se oponen a la despenalización del aborto desde la sociedad civil y el Congreso han emprendido una serie de acciones contra el proceso que actualmente se estudia en la Corte Constitucional. Mientras que desde la sociedad civil se han identificado hasta a 61 organizaciones opositoras al derecho al aborto, en el Parlamento por lo menos 23 congresistas también se anuncian en contra.
El pasado 6 de noviembre del 2020, los magistrados que conforman la Corte Constitucional de Colombia recibieron una carta firmada por diez miembros del Congreso en donde enumeran una serie de argumentos en contra de la despenalización total del aborto.
El oficio lo encabezó la senadora del partido Conservador Colombiano, Esperanza Andrade Serrano, y fue suscrito por sus pares John Milton Rodrígez (Partido Colombia Justa Libres), Juan Carlos García Gómez (Partido Conservador Colombiano), María Cristina Soto de Gómez (Partido Conservador), Buenaventura León León (Partido Conservador Colombiano), María del Rosario Guerra (Partido Centro Democrático), Adriana Matiz Vargas, Nora García Burgos, Myriam Paredes Aguirre y María Fernanda Cabal Molina.
Captura del oficio enviado por diez congresistas del bloque antiderechos.
“En criterio de esta Corte, la vida que el Derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno, continua a partir del nacimiento de la persona y cobija a esta a lo largo de todo su ciclo vital”, alega la carta, citando una sentencia de 1997.
De hecho, los antiderechos en el Congreso representan un bloque aún más grande: son un frente de por lo menos 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes. Este bloque, además, promovió un proyecto de ley que buscó garantizar “la existencia de la persona humana desde la concepción”, pero fue finalmente archivado.
Cabe recordar, además, que desde los ministerios de Salud y el de Justicia y del Derecho se enviaron intervenciones a la Corte Constitucional en contra del proceso que busca despenalizar el aborto. La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, también hizo lo mismo en contra del caso.
“La Procuraduría reitera su solicitud a la Corte Constitucional de que profiera un fallo inhibitorio frente a la demanda de la referencia, en tanto que le corresponde al Congreso de la República, en el marco de su autonomía, regular el aborto y el alcance de la prerrogativa a la interrupción voluntaria del embarazo”, concluye la carta enviada por la procuradora general Margarita Cabello.
Captura por la opinión enviada por la procuradora de la Nación, Margarita Cabello.
De acuerdo a una investigación periodística del medio digital La Silla, en Colombia existen por lo menos 61 organizaciones civiles en contra de la despenalización del aborto, y de las cuales 49 están vinculadas a alguna religión o iglesia.
Desde la sociedad civil, además, estas organizaciones también actúan en contra del proceso sobre el aborto que lleva la Corte Constitucional. Una de esas acciones consiste en enviar cartas a la Corte a título personal, “como si miles de ciudadanos estuvieran preocupados por el tema y hubieran tomado la iniciativa, y no como si fueran el resultado de una campaña centralizada y coordinada”.
Solo entre el 2 y el 3 de octubre, la Corte Constitucional recibió por lo menos 1672 correos exactamente iguales que alegan que la despenalización del aborto es materia de discusión del Congreso y no de un órgano judicial. Esto pasó luego de que la organización antiderechos “Unidos por la Vida” realizó una convocatoria abierta en redes sociales.
Desde la sociedad civil también se han emprendido acciones con el fin de petardear y demorar el proceso a través de las solicitudes de recusación o impedimento contra los jueces que integran la Corte, o los recursos de nulidad contra la demanda que busca despenalizar el aborto.
Por ejemplo, la mayoría de recursos de nulidad presentados ante la Corte Constitucional fueron de la abogada Natalia Bernal, quien es investigada por faltar el respeto a los magistrados de la Sala, y el ciudadano Harold Sua Montaña, que ya fue sancionado por intentar recusar sistemáticamente a los jueces en otros procesos.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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