El balance de los avances y retrocesos de América Latina en materia de derechos sexuales y reproductivos se resume en los acontecimientos más importantes de cinco países de la región: México, Brasil, Perú, Colombia y El Salvador.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Pese a la oposición de las autoridades gubernamentales, parlamentarias y judiciales, así como intensas campañas de la sociedad civil y los movimientos religiosos, los derechos sexuales y reproductivos se han abierto paso en América Latina: desde dictámenes que buscan despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, hasta juzgados que han declarado inconstitucional las penas contra las mujeres que abortan.
¿Cómo va América Latina en materia de derechos sexuales y reproductivos? El balance de sus avances y retrocesos se resume en los acontecimientos más importantes de cinco países de la región: México, Brasil, Perú, Colombia y El Salvador.
Al cierre del 2021, ya son seis los estados federales de México que han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Baja California, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México y Colima son las ciudades que han modificado sus códigos penales para que la justicia deje de criminalizar a las mujeres que aborten.
Sumado a esto, en setiembre de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México también sentó un precedente en todas las cortes del país a favor del derecho al aborto. Por unanimidad, los vocales de la Suprema Corte declararon inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, dijo: “He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensibles por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado (…) Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional”.
En Perú, la situación de los derechos sexuales y reproductivos aún tiene un largo trayecto con obstáculos. El pasado 10 de diciembre, la parlamentaria Ruth Luque presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación. Su propuesta tuvo el respaldo de 22 congresistas de las bancadas de Acción Popular, Juntos Por el Perú, Alianza Para el Progreso, Perú Libre y Somos Perú – Partido Morado.
El proyecto de ley busca que no se sancione con 3 meses de cárcel a mujeres, adolescentes o niñas que interrumpan sus embarazos producto de una violación sexual. La propuesta, además, incluye brindar educación sexual integral en los colegios “con especial énfasis en la prevención de la violencia de género contra las mujeres y del embarazo infantil y adolescente”.
Del otro lado, los grupos antiderechos en el Congreso también han actuado. Desde la bancada de Renovación Popular, un partido de ultraderecha y conservador, el congresista Alejandro Muñante solicitó al Ministerio de Educación que se deje sin efecto los lineamientos y la guía de educación sexual integral para escolares que buscan prevenir embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual porque “no serían apropiados para la edad” de los estudiantes.
Asimismo, la parlamentaria Milagros Jáuregui, también de Renovación Popular, adelantó que presentaría un proyecto de ley para “respetar la vida del concebido”, en oposición a la propuesta legislativa que busca garantizar el derecho al aborto en casos de violación.
Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista de la República y de la bancada de Renovación Popular.
Foto: Verdad y Vida.
En el país vecino de Colombia, mientras en la Corte Constitucional, la instancia judicial más importante, se estudia un proceso que busca despenalizar el aborto totalmente; los derechos sexuales y reproductivos son contrarrestados desde distintos flanco: la sociedad civil, el Gobierno y el Congreso.
De acuerdo a una investigación del medio digital La Silla, en Colombia existen por lo menos 61 organizaciones civiles que se pronuncian en contra del aborto. Estas, además, actúan de forma coordinada contra el proceso que lleva la Corte Constitucional para despenalizar el aborto.
La institución judicial, solo entre el 2 y el 3 de octubre pasado, recibió 1672 correos electrónicos exactamente iguales que alegan que la despenalización del aborto es materia de discusión del Congreso.
Desde el Parlamento, un grupo de diez congresistas opositores al aborto enviaron un oficio a la Corte Constitucional en donde enumeran nua serie de argumentos en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo. Mientras que desde los ministerios de Salud, Justicia y del Derecho, y la Procuraduría General de la Nación, se emitieron pronunciamientos en contra del mismo derecho.
Congresistas de izquierda a derecha: Milla Soto, María del Rosario Guerra, Paola Holguín, (Centro Democrático), Esperanza Andrade, (Partido Conservador), Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa y Libres) y Juan Espinal (Centro Democrático), de la bancada “provida”. Radicaron ante el Consejo de Estado una demanda en contra de la implementación de la eutanasia.
A inicios de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por criminalizar a Manuela, una mujer pobre y de zona rural que fue condenada a prisión por sufrir un aborto por emergencia obstétrica.
“Existió un retraso de más de 3 horas desde que Manuela ingresó al hospital y el momento en que recibió la atención médica de urgencia que requería, y durante dicho tiempo, la doctora a su cargo dio prioridad a presentar la denuncia a la fiscalía sobre el presunto aborto”, sostiene la sentencia de la Corte IDH al respecto.
Con dicha sentencia, la Corte IDH marca un precedente en El Salvador para todas las mujeres que son criminalizadas por sufrir abortos espontáneos o intentan interrumpir sus embarazos. En los últimos 5 años, cabe recordar, por lo menos 48 niñas y adolescentes quedaron embarazadas a diario, según el Fondo de Población.
En entrevista con La Mala Fe, la abogada Morena Herrera, defensora legal de la familia de Manuela, dijo que El Salvador se encuentra en el último lugar en materia de derechos sexuales y reproductivos.
“Estamos en una situación muy crítica. El 28 de setiembre pasado presentamos una propuesta de reforma para incluir en el Código Penal algunas excepciones para el aborto en 3 causales: el riesgo de salud y la vida de las mujeres, las malformaciones congénitas incompatibles con la vida y en casos de violación sexual. Y esta petición fue denegada. Se sigue criminalizando a las mujeres en los hospitales”, concluyó Herrera.
Morena Herrera, abogada de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Junto a Estados Unidos, Brasil fue uno de los países que impusló ante las Naciones Unidas la firma de la “Geneva Consensus Declaration (Declaración de Ginebra: Consenso), un documento que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano internacional de las personas con capacidad de gestar.
En ese contexto, bajo la gestión del político de ultraderecha Jair Bolsonaro, en Brasil el aborto solo es legal en casos de violación sexual, cuando la vida de la gestante se encuentra en riesgo y en situación de anencefalia.
Brasil, además, es uno de los trece países de América Latina en donde se prohíbe las «terapias de conversión» para «curar» a personas LGBTIQ por tratarse de formas de tortura. En este país, sin embargo, la organización evangélica «Exodus» aún la promueve, según un informe del diario Folha de S. Paulo.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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