A inicios de noviembre de 2019 el juez federal de distrito en Manhattan, Paul Engelmayer, declaró inconstitucional la denominada “Norma de conciencia”, la cual permitía que el personal de salud se niegue a brindar servicios, incluidos abortos, esterilizaciones o suicidios asistidos, por creencias religiosas o convicciones morales.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
La decisión del juez Paul Engelmayer para rechazar el intento de la Administración del presidente Donald Trump de instaurar una “Norma de Objeción de conciencia” estuvo sustentada en 147 páginas, tras aceptar la demanda presentada por una coalición de 23 estados y municipios, en su mayoría demócratas, para frenar esta iniciativa de la Casa Blanca.
Para Letitia James, procuradora general de Nueva York, la mencionada norma favorecía de manera ilegal las opiniones y creencias de los prestadores de servicio del sector salud -no solo personal médico- sobre las necesidades de los pacientes y amenazaba con obstaculizar la capacidad de los centros de salud públicos para proporcionar una atención médica eficaz.
“La atención médica es un derecho básico que nunca debe estar sujeto a juegos políticos… La medida fue un intento ilegal de permitir que los proveedores de atención médica discriminen abiertamente y se nieguen a proporcionar la atención médica necesaria a los pacientes en base a las creencias religiosas u objeciones morales de dichos proveedores”, recalcó la procuradora James a través de un comunicado oficial.
Juez federal de distrito en Manhattan, Paul Engelmayer.
La demanda colectiva, presentada por más de dos docenas de estados, sustentaba a la Corte que la norma permitía al Departamento de Salud exceder su autoridad legal, pues vulneraba la Ley de Proceso Administrativo, y pidieron su anulación o que se detuviera su puesta en marcha pendiente de una futura revisión.
El juez Engelmayer afirmó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés) excedió su autoridad y rebasó las leyes existentes al emitir la norma.
En la respuesta del juez federal se remarca que el HHS no tiene la autoridad para imponer esta norma de objeción de conciencia y que el supuesto «aumento significativo» en las denuncias de civiles en las que se obligaba a los trabajadores de salud a violar su conciencia o creencias era “simplemente falsa”.
El rechazo de esta medida contó con el respaldo de diversos frentes, entre ellos Alexis McGill Johnson, presidente interino de Planned Parenthood: “Hoy, se le prohibió al gobierno de Trump proveer una cobertura legal a la discriminación… Como lo dejó en claro la corte federal de Distrito, el gobierno actuó por encima de su autoridad y realizó falsas afirmaciones para intentar justificar esta nomra”.
Asimismo, la presidenta de la Asociación Estadounidense de Psicología, Rosie Phillips Davis, afirmó que la norma que planeaba instaurar el HHS “pudo poner en riesgo la salud de algunas de nuestras poblaciones más vulnerables, incluyendo mujeres, miembros de la comunidad LGBT y personas con VIH y Sida”.
Por otra parte, las voces que apoyaban esta propuesta y rechazaron la decisión del juez federal también se pronunciaron. El senador republicano Ben Sasse calificó este fallo como “absurdo” e instó al Gobierno Federal a interponer una apelación.
Lo cierto es, que la anulación de esta normativa de HHS, que pretendía aumentar el listado de normas aprobadas por el Congreso para que el personal de salud se rehuse a atender a algún paciente por cuestiones de conciencia o creencias, representa un avance en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, de una lucha que aún tiene muchos pendientes por resolver.
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