A raíz del caso de Rebeca Mendes, el Supremo Tribunal Federal organizó audiencias públicas para debatir la despenalización del aborto en Brasil, país donde anualmente medio millón de mujeres interrumpen su embarazo de manera clandestina.
En estas últimas semanas, el mundo ha sido testigo de una amplia discusión sobre la despenalización del aborto en América Latina. En agosto, 72 legisladores de la Cámara de Senadores de Argentina votaron en contra de su legalización. Más allá de este resultado adverso, la discusión a nivel regional sobre este tema, antes tabú, se ha intensificado y forma parte de la agenda política y social.
Mientras que los grupos conservadores consideran al aborto como una amenaza que atenta la vida «del niño por nacer», los grupos progresistas apuntan hacia su abordaje como un problema de salud: se está a favor del aborto legal, seguro, gratuito o del aborto clandestino e inseguro.
En paralelo al debate argentino, el Supremo Tribunal Federal (STF) convocó a dos audiencias públicas que buscaban ampliar los derechos de aborto. Para ello, invitaron a especialistas de salud, representantes de diversas ONG, organizaciones religiosas y universidades, quienes dieron argumentos a favor y en contra de la propuesta.
Las estadísticas vinculadas al aborto son alarmantes y evidencian la necesidad de abordarlo como un problema de salud pública:
La legislación vigente solo permite el aborto por tres causales: cuando una mujer sufre una violación, cuando el feto se desarrolla sin cerebro (anencefalia) o cuando la gestación pone en riesgo la salud de la madre.
La interrupción del embarazo bajo cualquier otra circunstancia es penada hasta con tres años de cárcel para la mujer y hasta con cuatro años para la persona que lo practique. Según Human Rights Watch, el año 2017 se iniciaron más de 300 causas penales contra mujeres que tuvieron abortos.
Uno de los casos más emblemáticos en la lucha por la despenalización del aborto en Brasil es el de Rebeca Mendes (31), madre soltera de dos niños y estudiante de derecho, quien descubrió que estaba nuevamente embarazada en noviembre del 2017, justo cuando estaba cambiando de método anticonceptivo. «Si el sistema público de salud me hubiera atendido a tiempo, no hubiera pasado por nada de esto», aclara.
En coordinación con la organización Anis – Instituto de Bioética, presentó una solicitud ante el STF para que le permitan abortar de forma legal, pedido que no fue considerado por cuestiones legales. El Estado brasileño le volvía a fallar.
Enterados de su caso, Clacai invitó a Rebeca a participar de un seminario con jóvenes a realizarse en diciembre en Bogotá (Colombia). Durante su estadía en este país, se enteró que podía interrumpir su embarazo de manera legal. Acudió a la clínica Profamilia y eligió el procedimiento y el método anticonceptivo que usaría después.
«En cuestión de minutos ya se había terminado algo que había esperado durante casi un año (…) ¿Qué sentí en ese momento? Alivio. Nada más. Volví al hotel, descansé toda la tarde. Esa misma noche, salí y caminé bastante, sin llorar, sin dramas ni remordimientos» comentó para El País.
Durante las audiencias públicas de agosto, se escucharon a más de cincuenta invitados, entre personas naturales y organizaciones. Las audiencias fueron convocadas por la jueza Rosa Weber, luego de que el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la ONG Anís – Instituto de Bioética presentaran en marzo del 2017 un recurso ante el Supremo Tribunal Federal para que la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación deje de ser considerada un crimen.
«Si el Supremo despenaliza el aborto, las mujeres y los médicos ya no podrán ser encarcelados. Se trata del primer paso hacia la legalización, que se hará efectiva con políticas públicas y que las mujeres puedan acceder a servicios públicos gratis», declaro Luciana Boiteux, abogada del PSOL responsable del caso, para El País de España.
Mientras tanto, en el Congreso los proyectos de ley vinculados con la materia están frenados, debido a la presión que ejercen los legisladores pertenecientes a grupos políticos religiosos o conservadores.
Desde la iglesia católica, la Confederación Nacional de Obispos de Brasil señaló que «el derecho a la vida es incondicional y debe ser respetado y defendido en cualquier etapa o condición en que se encuentre la persona humana».
En América Latina y el Caribe, un 32% de embarazos terminan en un aborto y en muchos casos, las leyes no previenen que estos ocurran. Todas las mujeres que han tenido que enfrentar esta decisión, o que conocen a alguien como Rebeca Mendes que la haya tomado, saben de los dilemas y cuestionamientos que cruzan por su mente:
Como vimos anteriormente en La Mala Fe, de todos los países de Latinoamerica, el aborto es legal y está despenalizado solamente en Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay y Ciudad de México (CDMX). Tres de cada cuatro abortos en América Latina son inseguros y se consideran la causa del 11% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe. La legislación sobre la materia en nuestra región presenta diversos matices, que van desde la prohibición absoluta a la interrupción legal del embarazo sin restricciones.
El aborto no solo tiene que ser legal, tiene que ser seguro y gratuito para las mujeres. Y mucho más importante, debe ir acompañada de una educación sexual integral que brinde información actual y confiable a niños, niñas y adolescentes. En Argentina, la reciente movilización y debate sobre el aborto ha abierto una nueva esperanza para mujeres que luchan por los derechos básicos. En Brasil, este debate continúa en el año de sus elecciones presidenciales.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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