En abril del 2017, un grupo de diputados guatemaltecos "provida" presentó un proyecto de ley que busca penalizar el aborto hasta con diez años de cárcel y prohibir totalmente la unión entre personas del mismo sexo. Esta propuesta ha causado polémica y grupos defensores de los derechos humanos a nivel mundial se han pronunciado en contra.
El pasado 26 abril del 2017, el partido derechista Visión con Valores (VIVA) presentó una propuesta de Ley de Protección de Vida y la Familia (Ley 5272) la cual es respaldada por más de 30 mil firmas ciudadanas en Guatemala. Esta ley se presenta como una iniciativa para “proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consciencia y expresión, y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad”.
Explícitamente, esta propuesta de ley propone los siguientes puntos clave:
Esta iniciativa ha sido presentada al Congreso de la República de Guatemala y se encuentra actualmente en debate.
El Congreso guatemalteco se ha enfrentado recientemente a iniciativas de ley que han polarizado la opinión de los legisladores y de la población en general.
Otro proyecto polémico es el N° 5376, que crearía la «ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual». Esta iniciativa permitiría que niñas menores de 14 años que hayan sido violadas puedan acceder al aborto.
Congresistas conservadores consideran que es una medida inconstitucional ya que contraviene al artículo 3 de la Carta Magna, que establece la protección del derecho a la vida desde la concepción. El domingo 2 de septiembre, miles de guatemaltecos participaron en la Marcha por la Vida y la Familia, convocada por asociaciones «provida».
La propuesta sigue en análisis para realizar un dictamen.
(Imagen: Plaza Pública)
Organizaciones de los derechos humanos a nivel mundial se han pronunciado en contra de esta iniciativa de ley, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Más de 50 agrupaciones emitieron un comunicado conjunto, en el que señalan su rechazo a la iniciativa de ley N°5272. «De aprobarse, estaríamos frente a un grave retroceso en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y de las personas LGBTIQ en Guatemala», afirman.
En redes sociales, han surgido varias campañas iniciadas con el hashtag #HablemosClaro que advierte sobre el retroceso que este proyecto de ley implicaría en Guatemala, al igual que el hashtag #NoALa5272.
Además, la Red de Jóvenes para la Incidencia Política en Guatemala (IncideJoven) ha publicado un video donde se describen cuáles serían los aspectos principales de la propuesta de Ley 5272 y cómo afectaría la vida de todos los ciudadanos en Guatemala:
Esta propuesta de ley busca proteger «los derechos de la familia», pero al mismo tiempo condena a las mujeres que abortan. Por ejemplo, se aplicaría en mujeres que fueron violadas y decidieron abortar, o en madres de familia que tuvieron un aborto debido a un accidente y tendrían que abandonar su hogar para ir a la cárcel. Sandra Morán, diputada del bloque de Convergencia, manifestó que: “estarían castigando a las mujeres enviándolas a la cárcel y por lo tanto, destruyendo a las familias”. Esto constituye un grave retroceso en la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes de Guatemala.
Por otro lado, esta propuesta busca excluir a las instituciones educativas privadas y públicas de otorgar una educación sexual integral a miles de niños, niñas y adolescentes guatemaltecas. La responsabilidad de tamaña tarea estaría absolutamente en manos de los padres de familia, quienes podrían manejar información desactualizada o inexacta. La iniciativa N°5272 desconoce que aún hay muchos ciudadanos de Guatemala que aún no tienen acceso a la educación, y mucho menos a una educación sexual.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recoge en su Informe Anual 2017 un dato importante: 24 258 de los 52 288 nacimientos registrados entre enero y septiembre de ese año corresponden a madres menores de 18 años. La tasa elevada de embarazo adolescente evidencia la necesidad de una educación sexual integral en la comunidad.
El 29 de agosto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala emitieron un dictamen desfavorable contra la iniciativa N° 5395, proyecto de ley que buscaba que toda persona trans cuente con un documento que la identifique en concordancia con su identidad de género, a fin de que puedan hacer uso pleno de sus derechos ciudadanos.
En un comunicado suscrito por organizaciones trans y LGBTI de Guatemala, se señala que con este dictamen los congresistas omiten su responsabilidad para cumplir compromisos internacionales adoptados por Guatemala, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que rechaza cualquier norma, acto o práctica discriminatoria debido a la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
«Debido a este dictamen, la población trans guatemalteca seguirá excluida del pleno goce de sus derechos ciudadanos», finaliza el documento.
(Imagen: Visibles)
Finalmente, esta propuesta de ley también busca prohibir cualquier unión entre personas de la comunidad LGBTIQ+. El artículo 2 de esta iniciativa define a la diversidad sexual como «el conjunto de pensamientos y prácticas por las que determinados grupos adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Esto es directamente contradictorio con lo establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos la cual indica que “un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”. Kendra Avíles, activista de la Red IncideJoven, declaró que “el tema del matrimonio entre personas de la comunidad LGBTIQ+ es una clara discriminación a la diversidad sexual”.
Muchas instituciones se han unido a la lucha para anular esta iniciativa, que continúa en debate.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
En Brasil también se discute por la despenalización del aborto 
