El Estado peruano publicó un decreto que considera el transexualismo como enfermedad mental. Profesionales de salud alertan que la norma se basa en una clasificación internacional obsoleta y abre las puertas a las mal llamadas "terapias de conversión", promovidas por grupos antiderechos contra la población LGTBIQ+.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El pasado 10 de mayo, se publicó un decreto supremo que aprueba la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en Perú, estableciendo qué enfermedades son cubiertas por los seguros. La norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte, ordena que se incorporen como problemas de salud mental en el PEAS el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, el trastorno de la identidad de género no especificado, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica.
Así, el Estado peruano —a través del Ministerio de Salud— promueve la idea errónea de que las personas trans padecen de una enfermedad mental y dispone que reciban cobertura de salud.
¿Y cuál es el sustento para la actualización del PEAS? El decreto se basa en los diagnósticos de una norma mundial que ya no tiene vigencia: la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que se aprobó en 1990 y fue reemplazada por la CIE-11 en 2022. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “La CIE-10 está científica y tecnológicamente obsoleta” y llama a los Estados a pasar a la CIE-11. Esta última eliminó el transexualismo como un trastorno mental.
El rechazado decreto «actualiza» el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) de Perú con diagnósticos CIE-10, pese a que esta clasificación internacional se considera obsoleta. La clasificación vigente —CIE-11— ya no contempla el transexualismo como una enfermedad mental.
Imagen: D. S. N° 009-224-SA
En un comunicado, el Ministerio de Salud del Perú negó que la orientación sexual o la identidad de género sean trastornos de salud. Sin embargo, señaló que el CIE-10, que patologiza a la población LGTBIQ+, se mantiene vigente en el país mientras se implementa progresivamente el CIE-11. En declaraciones a CNN, el asesor ministerial Herberth Cuba dijo que era la única forma de asegurar las atenciones de salud mental para la población LGTBIQ+. No se informó de ninguna modificación a la norma. Tampoco de acciones para proteger a las personas LGTBIQ+ del riesgo que supone el reciente decreto.
Más de 400 profesionales de salud y 176 representantes de organizaciones LGTBIQ+ firmaron una carta al Ministerio de Salud de Perú donde exigen que se eliminen las categorías desactualizadas y discriminatorias. El documento, presentado por la asociación Más Igualdad Perú resalta que esta política del Estado peruano expone a las personas de la diversidad sexual y de género a las mal llamadas «terapias de conversión».
«Las clasificaciones médicas que patologizan a las personas LGBTI –es decir, que las etiquetan como enfermas, desordenadas, malformadas o anormales en función de su orientación sexual, identidad/expresión de género o características sexuales– son una de las causas fundamentales de la violencia, la discriminación y el estigma que sufren», señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en la publicación Born Free and Equal. Además, identifica que las clasificaciones obsoletas se han utilizado para justificar la violencia y malos tratos a las personas LGTBIQ+ en entornos médicos y otros.
Se entregó en el Ministerio de Salud una carta firmada por profesionales de salud mental y organizaciones LGTBIQ+ exigiendo que se eliminen las clasificaciones que estigmatizan la diversidad sexual y de género.
Foto: Más Igualdad Perú
Una consecuencia de la patologización errónea de la orientación sexual y la identidad de género en el ámbito médico son las intervenciones conocidas como «terapias de conversión», que, de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entrañan riesgo de tortura por sus prácticas crueles, degradantes e inhumanas.
El Estudio de Salud Mental publicado en 2019 por Más Igualdad Perú identificó que cerca del 40% de las personas LGBTI encuestadas habrían sido sometidas a Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG). La mayoría pasó por esa experiencia cuando tenía menos de 18 años.
En 2019, se presentó un proyecto de ley en Perú que buscaba prohibir dichas prácticas, pero la iniciativa se mantiene paralizada. Países como Brasil, Ecuador, Chile y algunos estados de México ya cuentan con normas que sancionan las ECOSIEG.
Otra amenaza que supone el decreto aprobado por el Ministerio de Salud peruano es que se difundan más los discursos que atentan contra la dignidad de las personas LGTBIQ+, señaló Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, en declaraciones para Infobae.
Efectivamente, en los últimos días, activistas y políticos conservadores expresaron su desdén por la afrenta a los derechos de la población LGTBIQ+. La comunicadora Giuliana Caccia, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, se burló de las críticas, aludiendo a supuestos «privilegios» de las personas de la diversidad sexual y de género.
El decreto que estigmatiza la identidad de género y la orientación sexual diversa empodera a grupos antiderechos a difundir discursos de odio. Además, se corre el riesgo de violencia en servicios de salud y otros ámbitos públicos.
Imagen: Twitter
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, del partido de derecha Renovación Popular, defendió al gobierno señalando que no era este el que calificaba a las personas trans como enfermas mentales, sino la OMS. «Lo que sí ha hecho el gobierno es otorgarles el aseguramiento en Salud», dijo.
Como se mencionó antes, el proyecto de ley que buscaba eliminar las ECOSIEG ha estado encarpetado desde 2019. Asimismo, en 2022, congresistas conservadores de Perú bloquearon la aprobación de convenciones internacionales contra la discriminación y la intolerancia. Entre las categorías que se establecían como prohibidas de discriminación estaban: sexo, orientación sexual, identidades y expresión de género.
Los legisladores que participaron de esa arremetida contra los derechos de la población LGTBIQ+ tomaron en cuenta las opiniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), organizaciones religiosas que hacen lobby para incidir contra los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial. De acuerdo a un reporte de NARAL Pro-Choice, ADF financió el proyecto Pray in Jesus Name, dedicado a realizar terapias de conversión.
Así, no sorprende que el decreto aprobado por el Estado peruano no haya levantado muchas reacciones en un Congreso de mayoría antiderechos. A la fecha, se conoce que solo la legisladora independiente Flor Pablo ha solicitado a la Presidencia y al ministerio la derogación de dicha norma, mientras que Alejandro Cavero, congresista del partido de derecha Avanza País, envió un oficio al ministro de Salud pidiendo conocer qué acciones tomará el sector para evitar la discriminación.
Por su parte, profesionales de salud mental y organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que realizarán un plantón en el Ministerio de Salud este viernes 17 de mayo.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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