En conferencia de prensa, el Alto Comisionado Volker Türk señaló que las normas que penalizan el aborto en Venezuela provocan la muerte de mujeres. Colectivos feministas han presentado un proyecto de ley para que este procedimiento sea legal, seguro y gratuito.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con una de las legislaciones más restrictivas respecto al aborto. De acuerdo a su Código Penal, este procedimiento médico está penalizado en todas las circunstancias, excepto cuando existe amenaza a la vida de la mujer. Así, las personas que se realizan un aborto o ayudan a alguien a abortar, lo hacen en la clandestinidad y se ven expuestas a los riesgos de procedimientos inseguros además de la criminalización.
«Insté encarecidamente a las autoridades a que tuvieran en cuenta nuestros comentarios de aspectos legales que penalizan el aborto y que provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a arriesgados procedimientos», dijo Volker Türk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), el sábado 28 de enero en una conferencia de prensa en Caracas.
El año pasado, colectivos feministas unidos en la plataforma Ruta Verde armaron un proyecto de ley que plantea eliminar los artículos del Código Penal venezolano que impone prisión a quienes abortan y acompañan el procedimiento. La iniciativa busca garantizar el aborto gratuito, seguro y acompañado, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, la planificación familiar y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Actualmente, Ruta Verde busca recoger 21 mil firmas para llevar a la Asamblea Nacional esta iniciativa popular.
El Ministerio de Salud venezolano reporta 66% de mortalidad materna en el país. Aproximadamente una quinta parte de esas muertes corresponden a abortos clandestinos.
Foto: Curadas
En Venezuela, la criminalización del aborto ha afectado por años a mujeres que abortan y también a aquellas que brindan apoyo o información. Uno de los casos más recientes es el de Vanessa Rosales, una docente y activista que ha enfrentado persecución judicial del Estado por facilitar misoprostol a una niña de 13 años víctima de violación.
Rosales fue detenida en octubre del 2020 y tuvo que pasar nueve meses en prisión. Se la acusó de conspiración, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros, que podían llevarla a la cárcel por hasta 20 años.
“Los delitos que me estaban imponiendo provienen de leyes para combatir el terrorismo, ¿es así como nos ve el Estado? Me pregunto cuál es la perspectiva que tiene el Estado sobre las feministas, ¿es que nos vemos como terroristas ante el Estado?”, declaró Vanesa Rosales a Crónica Uno. Irónicamente, Carlos Alberto Terán, el hombre de 52 años acusado de violar a la niña, fue liberado en menos de 48 horas y ahora se encuentra prófugo.
La criminalización contra Vanessa Rosales fue considerada por instituciones internacionales como una represalia por su labor en defensa de derechos sexuales y reproductivos.
Foto: Infobae
De acuerdo a una encuesta publicada por Equilibrium CenDE a fines del 2022, más del 70% de venezolanos dijo estar de acuerdo con la despenalización del aborto por violación, inviabilidad o malformación del feto o porque la vida de la mujer corre peligro. Además, 20% de las personas consultadas indicó que está a favor de que el aborto sea legal por cualquier razón que la mujer decida. Sin embargo, el avance de esta iniciativa enfrenta importantes trabas.
«La principal es el machismo, la misoginia, el patriarcado que permea toda la política del país, independiente de la bandera política que tenga en la Asamblea Nacional», dijo Laura Cano, coordinadora de la Ruta Verde, a El País. Una muestra son los diputados con una agenda clara de activismo religioso.
En 2021, un grupo de pastores evangélicos presentó ante la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro una serie de propuestas que planteaban, entre otras cosas, rechazar la despenalización del aboro y el matrimonio igualitario. Tres de esos pastores son diputados: Javier Bertuci, Moisés García y Alonso Campos.
Bertucci, pastor en la iglesia Maranatha, ha sido enfático en su oposición al aborto. En 2018 fue rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales y aseguró que nunca aprobaría leyes para la legalización de este procedimiento o del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Hace dos años, se creó una subcomisión de pastores evangélicos en la Asamblea Nacional de Venezuela. Los diputados evangélicos que la integran han expresado su oposición a la despenalización del aborto.
Foto: Portal Tal Cual
Por su parte, Moisés García, presidente del Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela (Mocev), se ha manifestado en contra de que se discuta en la Asamblea Nacional una ley sobre matrimonio igualitario. «Consideramos que la nación venezolana es una sociedad todavía muy culta y conservadora», declaró. En ese sentido, es previsible su posición respecto al aborto.
En cuanto al diputado Alfonso Campos, ha calificado como «nefasta» la posibilidad de considerar la despenalización del aborto en Venezuela. “La iglesia cristiana fija una posición y nos oponemos a toda iniciativa que vaya contra la principios de la vida y contra los principios y valores que nos marcan como República”, dijo Campos cuando se instaló la subcomisión de Pastores Evangélicos en la Asamblea Nacional. Este diputado también ha propuesto una ley para que se reconozca ante el Estado la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela, que actualmente existe como asociación civil.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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