Trabajadores farmacéuticos fueron capacitados en temas de género y autocuidado para orientar a las mujeres en el uso del misoprostol, medicamento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud como un método seguro para abortar antes de las 12 semanas de embarazo.
La venta de misoprostol (medicamento utilizado para la interrupción del embarazo) fue suspendida temporalmente en farmacias de toda Argentina por una medida cautelar presentada por organizaciones religiosas.
A inicios de noviembre de 2019 el juez federal de distrito en Manhattan, Paul Engelmayer, declaró inconstitucional la denominada “Norma de conciencia”, la cual permitía que el personal de salud se niegue a brindar servicios, incluidos abortos, esterilizaciones o suicidios asistidos, por creencias religiosas o convicciones morales.
En los primeros seis meses del 2019, más de 3 mil mujeres accedieron a la interrupción legal del embarazo (ILE), según los datos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En Perú, los asistentes sociales, médicos, policías y fiscales integran la cadena de persecución del Estado contra mujeres adultas y adolescentes que interrumpen su embarazo. En la última década 571 mujeres de todo el país fueron llevadas a juicio por este hecho, sancionado con una pena de hasta cinco años de prisión.
A pesar de que la interrupción del embarazo en Colombia es legal bajo tres causales, hay más de 1100 procesos judiciales contra mujeres por estos casos. Gran parte de los principales acusadores son sus propios médicos.
Con 24 votos a favor y 12 en contra, el Congreso estatal de Oaxaca aprobó la reforma que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La propuesta de ley presentada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, para ampliar las causales en los casos de aborto por violación, a través de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), no logró los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional (AN).
La afirmación también ha sido cuestionada por el profesor en Obstetricia y Ginecología, Daniel Grossman; y por la obstetra-Ginecólogo, Robyn Schickler
La Asamblea Nacional (AN) del Ecuador se encuentra desde hace unos meses en pleno debate por una reforma para ampliar las causales para la interrupción del embarazo. Actualmente, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de la gestante corren peligro o cuando una mujer con discapacidad mental fue víctima de violación.
