En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del aborto, celebrado cada 28 de setiembre, La Mala Fe hace un recuento de los avances y pendientes de la marea verde en base a las situaciones de 4 países: Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En América Latina, si bien el reconocimiento del derecho al aborto avanza a paso lento, los diferentes procesos de cada país deja lecciones y retos que valen la pena mencionar. En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del aborto, celebrado cada 28 de setiembre, La Mala Fe expone un balance de la situación de 4 países de la región, tan cercanos en distacia pero lejanos en materia de derechos. Estos son Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador.
En este país, cabe recordar, su Corte Constitucional emitió hace 7 meses un fallo histórico que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Antes, Colombia solo permitía el aborto bajo 3 causales: en casos de violación sexual, cuando la salud de la gestante esté en riesgo, y cuando el feto sufra una malformación.
Desde entonces, el aborto se ha brindado en el sistema de salud pública y privada, aunque con sus barreras y limitaciones.
Pleno de la Corte Constitucional de Colombia.
– Foto: Seguimiento.co.
De acuerdo a una encuesta del 2020 realizada por el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, el 25% de gineco-obstetras no conocía o no manejaba las técnicas modernas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar un aborto, como la aspiración uterina o las pastillas de misoprostol, lo que las llevaba a practicar técnicas obsoletas y peligrosas como el legrado.
Tras el fallo de la Corte Constitucional, el aborto también fue incluido en el Plan de Beneficios de Salud (PBS). Así, toda mujer con afiliación al sistema de empresas prestadoras de salud (EPS) podría acceder al aborto. Sin embargo, muchas de estas empresas aún no se han capacitado en materia de derechos sexuales y reproductivos.
“Muchas de esas empresas aún no se han capacitado, no han actualizado sus protocolos, y seguimos viendo entidades prestadoras de salud que siguen utilizando tecnología obsoleta como el legrado”, dijo para el diario El País, María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame, una fundación privada que presta servicios médicos a mujeres que busquen interrumpir su embarazo dentro de los plazos establecidos.
Un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la fundación Oriéntame también revelan que la desinformación es una de las principales barreras en Colombia para acceder al aborto: médicos que no conocen la sentencia de la Corte Constitucional, ni que era de inmediato cumplimiento desde febrero, o que no ofrecen información al respecto a las mujeres que buscan abortar.
En el país vecino, en abril de 2021 la Corte Constitucional emitió un fallo que despenaliza el aborto y encargó a la Asamblea Nacional que elabore la ley que regule su práctica en casos de violación sexual. Y si bien el fallo significó un avance para la salud pública y las mujeres, en el proceso del reglamento surgieron barreras puestas por el Legislativo y el Gobierno.
Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador.
– Foto: Oficina de Comunicaciones de la Asamblea Nacional.
Durante el debate en la Asamblea Nacional, en un inicio el proyecto de ley permitía el aborto en las 22 primeras semanas de gestación en menores de 18 años y de personas del sector rural, y 20 semanas para las mujeres mayores de edad de zonas urbanas. No obstante, cuando el proyecto pasó a votación en febrero de este año, los plazos se redujeron a 18 y 12 semanas respectivamente.
Para Surkuna, organización feminista de Ecuador que defiende los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, la ley aprobada por la Asamblea Nacional impuso plazos altamente restrictivos que dejará a las mujeres más vulnerables sin acceder al aborto. Sus estimaciones apuntan que el 43% de mujeres mayores de 18 y cerca del 80% de menores y mujeres de zonas rurales no podrán interrumpir el embarazo.
Sumado a esto, el Gobierno de Ecuador vetó el proyecto de ley que aprobó la Asamblea Nacional. Al respecto, la abogada y activista de Surkuna, Ana Cristina Vera Sánchez, dijo a La Mala Fe: “El veto es un mensaje de desprecio a los derechos de las mujeres, y a su situación que promueve la revictimización y criminalización. El mensaje es que nuestras vidas y derechos no importan porque el presidente tiene convicciones religiosas y antiderechos”.
Muy distinto a los procesos en los que se encuentran Colombia y Ecuador, en Guatemala aún están lejos de acceder al derecho al aborto. Apenas en marzo de este año, el Congreso de ese país intentó aprobar una ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo y que elevaba penas de prisión por abortar. Se trataba de la conocida Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que finalmente fue archivada.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
– Foto: Difusión.
En Guatemala, cabe resaltar, la única causal legal que permite interrumpir el embarazo es el aborto terapéutico, cuando la vida de la persona gestante se encuentra en peligro. “No es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; (…) y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos”, dice su Código Penal.
Desde el gobierno, el presidente Alejandro Giammattei, de ultraderecha y conservador, ha mostrado sus posturas en contra del aborto. Este año, Guatemala fue proclamada “Capital Provida de Iberoamérica”. Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, Giammattei dijo que “es una invitación a unirnos para proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”.
En el país de centroamérica, tras más de 20 años de criminalización contra las mujeres que buscaron interrumpir sus embarazos, en noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado salvadoreño por sentenciar con 30 años de cárcel a Manuela, una mujer de zona rural que sufrió un aborto por una complicación obstétrica y falleció en prisión.
Hace 24 años, según apuntó la abogada Morena Herrera de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo en una entrevista para La Mala Fe, los grupos vinculados a la Iglesia Católica se movilizaron y presionaron para que se elimine del Código Penal “todas las formas de aborto no punibles que existían” en esa época. Desde entonces, el país se posicionó como el más peligroso para las mujeres que abortan, aún si fuesen niñas embarazadas producto de una violación sexual.
Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo de El Salvador y abogada de la familia de Manuela ante la Corte IDH.
– Foto: Colectiva Feminista Para el Desarrollo.
Sin embargo, con el fallo de la Corte IDH, el Estado de El Salvador deberá desarrollar un protocolo de acción para atender a mujeres que requieran atención médica por emergencias obstétricas y regular al sistema judicial que criminaliza a las mujeres que sufren este tipo de emergencias durante sus embarazos.
Desde el fallo, y con el apoyo de la Agrupación Ciudadana Manuela Justicia y Esperanza, el sistema judicial ha comenzado a liberar a mujeres que fueron arrestadas por haber sufrido emergencias obstétricas durante sus embarazos. Ese fue el caso de Elsy, mujer salvadoreña que fue condenada a 30 años de cárcel por el supuesto delito de homicidio agravado.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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