¿Qué avances y retrocesos hubo en 2024 para los derechos sexuales y reproductivos en América Latina?
El 2024 estuvo marcado por acciones de líderes antiderechos como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump; así como hitos legales nacionales e internacionales en torno al derecho al aborto. La influencia internacional de movimientos ultraconservadores sigue teniendo impacto en la región, aunque en algunos países se siguen dando pasos para avanzar en la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Por segunda vez, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos el año pasado. Su victoria fue celebrada por mandatarios y líderes políticos de América Latina que comparten ideales conservadores y antiderechos, y expertos advierten de posibles estrategias que limiten aún más los derechos sexuales y reproductivos en este país. Ello sin mencionar el impacto e influencia que el gobierno de Trump tiene en la región latinoamericana.
Como informó anteriormente La Mala Fe, el político republicano y personas de su entorno están vinculados al Proyecto 2025 —un plan de la ultraderecha para restringir el acceso al aborto, entre otros derechos— que ya se ha venido implementando en Guatemala y podría tener más presencia en la región por la conexión de Trump con mandatarios ultraconservadores como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.
Aquí analizamos algunos hechos de importancia para los derechos sexuales y reproductivos en 2024 y lo que se puede esperar para este año.
Una red de líderes antiderechos
Tal como se esperaba, el gobierno de Javier Milei en Argentina reiteró su discurso contra el aborto, la educación sexual integral y otros derechos humanos considerados por el líder del partido La Libertad Avanza como «socialistas». Y más allá de las palabras, en su mandato se le dio a la ONG chilena Teen STAR —que tiene vínculos con el Opus Dei y promueve la abstinencia como método de planificación familiar— la potestad de capacitar a docentes que implementan la educación sexual integral (ESI) a nivel nacional en Argentina.
Es importante notar también las alianzas que Milei ha venido reforzando con otros líderes ultraconservadores dentro y fuera de la región. En febrero del 2024, el presidente argentino participó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde compartió con Donald Trump; Nayib Bukele, reelecto presidente de El Salvador; Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasilero Jair Bolsonario; y Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox.
En este encuentro no solo compartieron abrazos y halagos mutuos, también emitieron discursos a favor de «la patria, la libertad, la familia y la soberanía» y contra la migración y el «fanatismo climático» y el «globalismo», como llaman al respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
En el marco de otra edición de la CPAC, en julio 2024, Milei también reforzó lazos con Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, José Antonio Kast, líder de la ultraderecha chilena y presidente de la Red Política por los Valores, y con el activista Eduardo Verástegui que anunció la creación del movimiento Viva México en este mismo evento.
Y es resaltante la alianza establecida entre Javier Milei y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, con quien tuvo públicas reuniones en los últimos meses del 2024. Ambos políticos de ultraderecha celebraron sus mutuos valores y rechazo por la izquierda. Meloni, al igual que Milei, también tiene vínculos con otros líderes conservadores como Donald Trump, Elon Musk (con quien incluso se rumoreó un vínculo romántico), Santiago Abascal y Jair Bolsonaro.
Victorias y pendientes en la lucha por el acceso al aborto
Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declarara inconstitucional el delito de aborto a nivel federal, la sentencia se ha venido implementando de forma lenta y desigual en diferentes estados. En 2024, Puebla y Zacatecas lograron la despenalización del aborto en medio de protestas de grupos antiderechos, pero también se observó el caso de Querétaro, donde se criminalizó a una niña indígena que fue abusada y tuvo un aborto espontáneo. Asimismo, en Chihuahua aún se espera que el Congreso local cumpla con eliminar el aborto del Código Penal a pesar que ya existe una sentencia que ordena a la Secretaría de Salud del estado que informe y garantice el aborto.
De forma similar, en Colombia, donde ya existe una sentencia que despenaliza el aborto a nivel nacional desde 2022, se han seguido tomando decisiones judiciales que apuntan a garantizar un acceso real y seguro a la interrupción del embarazo. En 2024, por ejemplo, la Corte Constitucional emitió una sentencia exigiendo garantías de no violencia para mujeres que acuden al sistema de salud por un aborto. También emitió una sentencia en la que ratifica la confidencialidad del aborto, a partir de un caso en que una joven fue acosada por una fundación religiosa luego que la clínica a la que acudió para solicitar un aborto filtrara sus datos.
En Ecuador, el Movimiento Nacional Justa Libertad presentó una demanda para eliminar el delito del aborto del Código Penal y Human Rights Watch hizo un llamado respaldando la necesidad de la despenalización en todas las causales para proteger la salud de niñas, adolescentes y mujeres.
Por otro lado, es de resaltar que la Corte Suprema en Estados Unidos desestimó demandas presentadas por grupos antiderechos, que buscaban limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona y también la posibilidad de acceder a abortos de emergencia. De haberse aplicado dichas restricciones, la situación para la población gestante —sobre todo afroamericana y latina— hubiera sido más crítica en el escenario actual post revocatoria de la sentencia Roe vs. Wade. En los primeros meses del 2024, el estado de Florida obtuvo pase libre para empezar a prohubir el aborto desde las 6 semanas de embarazo. Tal como señaló Trump, cada estado decide al respecto al no existir un mandato federal.
Finalmente, es importante destacar decisiones de instancias internacionales en materia de derechos humanos en 2024. Después de 27 años de búsqueda de justicia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) determinó que el Estado peruano había violado los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas, y ordenó medidas de reparación para ellas.
Y a poco de cerrar el 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de El Salvador por el caso de Beatriz, una joven que fue obligada a parir un feto en 2013 pese a que no tenía posibilidades de sobrevivir por anencefalia, desestimando además que ella sufría de una enfermedad autoinmune. Resulta un hito importante para toda América Latina, pero distintas organizaciones han cuestionado que la Corte IDH no mencione el rol que tuvo la negación al derecho al aborto en la violencia que sufrió Beatriz en El Salvador. Como se recuerda, este es uno de los países con las leyes más restrictivas frente al aborto.
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