La Heritage Foundation no es la única institución influyente involucrada en Proyecto 2025. De las 100 organizaciones que conforman su consejo consultivo o que colaboraron en la redacción del manual hay varias que fueron cruciales para el avance de la agenda extremista de los últimos años y décadas.
En 2018, cuatro años antes de que la Corte Suprema derogara Roe, el estado de Mississippi prohibió los abortos después de la semana 15 – mediante una legislación modelo diseñada por Alliance Defending Freedom (ADF), una organización a la que el Southern Poverty Law Center cataloga como grupo de odio anti-LGBTQ.
La ley de Mississippi fue impugnada y suspendida por dos tribunales debido a que era inconstitucional, porque violaba el fallo Roe. Pero sus promotores siguieron litigando el caso hasta llegar a la Corte Suprema, con el fin de impugnar y, en definitiva, eliminar Roe. Esa estrategia requería una mayoría derechista en el alto tribunal, tarea a la que se abocó Leonard Leo, un abogado y activista conservador, fundador además de una red de organizaciones y centros de financiación.
Leo, que ya había sido decisivo en el nombramiento de tres magistrados supremos, cabildeó con éxito ante Trump para colocar a otros tres juristas antiabortistas en la Corte Suprema – consiguió así una supermayoría de seis conservadores en un total de nueve magistrados.
El resultado es que alrededor de un tercio de las mujeres estadounidenses en edad reproductiva, así como otras personas con capacidad de gestar, viven ahora en un estado donde el aborto está prohibido o drásticamente restringido, según el Guttmacher Institute.
La red de entidades sin fines de lucro de Leo donó millones de dólares a organizaciones que integran el consejo consultivo de Proyecto 2025, entre ellas ADF, que aportó además seis coautores del extenso manual.
Heritage Foundation, ADF y Leonard Leo no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.
Estos grupos no se conforman con impulsar esta agenda solo en Estados Unidos. Tal como exponen las investigaciones de openDemocracy, unas 30 organizaciones conservadoras estadounidenses, entre ellas Heritage Foundation, ADF y la Federalist Society de Leonard Leo, gastaron cientos de millones de dólares para promover sus políticas en todo el mundo. “De algún modo, Heritage fue creada para eso”, dice a openDemocracy la activista e investigadora brasileña Sonia Corrêa. “Uno de sus fundadores, Paul Weyrich, fue un personaje super transnacionalizado”.
Corrêa se refiere en particular a las relaciones del estratega conservador Weyrich con Plinio Corrêa de Oliveira, un activista brasileño que inventó la red católica y anticomunista Tradición, Familia y Propiedad en los años 60. Las ramas europeas de esa red contribuyeron en 2013 a fundar la organización conservadora polaca Ordo Iuris, que ha redactado proyectos y litigado para prohibir el aborto, criminalizar la educación sexual, restringir la fertilización in vitro y declarar municipios “libres de ideología LGBTQ”.
Esta agenda global aparece ahora vigorizada, y Proyecto 2025 también busca apuntalarla.
Valerie Huber es otra coautora del manual que, como Severino, tuvo un cargo importante en el Departamento de Salud de la administración Trump. Ahí se dedicó a redactar la Declaración del Consenso Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia (DCG) que el gobierno de Trump presentó al mundo en 2020.
Esta declaración es calificada como un “manifiesto nacionalista cristiano” en un artículo de Gillian Kane, directora de política e investigación global de Ipas, una organización internacional de derechos sexuales y reproductivos. Si bien Estados Unidos se retiró de la DCG cuando Joe Biden asumió la presidencia, ahora cuenta con 36 países firmantes – la mayoría con un historial lamentable en materia de democracia y derechos humanos observa Kane. Colombia y Brasil se retiraron de la DCG luego de cambios de gobierno; Rusia se sumó a fines de 2021, tres meses antes de invadir Ucrania.
La DCG carece de estatuto legal y no requiere que sus estados miembro hagan nada, pero afirma que deberían comprometerse con sus cuatro ejes: mejorar la salud de las mujeres, proteger la vida humana, fortalecer la familia y defender la soberanía y los valores nacionales. Para que no queden dudas, el documento alega que “no existe un derecho internacional al aborto”.
Cuando Biden retiró a su país de la DCG al comienzo de su gobierno, muchos pensaron que el manifiesto ya era letra muerta. Pero se equivocaron.
“¿Cómo y por qué persiste la DCG, incluso después de que perdiera su estatus de iniciativa de política exterior de EEUU?”, se preguntaba ya en 2022 la antropóloga médica y feminista Lynn Morgan en un artículo publicado en la revista científica Developing World Bioethics. “La respuesta a esta pregunta”, agregaba, “revela un movimiento antiabortista encabezado por EEUU que está invirtiendo seriamente en la construcción y sostenimiento de una coalición internacional que, eso espera, elimine los derechos sexuales y reproductivos de las agendas de las organizaciones multilaterales”.
Eso es precisamente lo que entienden los autores de Proyecto 2025, que mencionan varias veces la DCG en los capítulos de política exterior y asistencia internacional. “Estados Unidos logrará mayor impacto incluyendo naciones afines y construyendo a partir de la coalición instalada por la DCG”, afirman, “con la visión de configurar la labor de las agencias internacionales funcionando como un frente unificado”.
El Proyecto 2025 propone que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) rebautice su Oficina de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres como ‘Oficina de las Mujeres, los Niños y las Familias’. Esta oficina, dice el manual, debería “implementar” y “priorizar acuerdos con organizaciones locales, incluyendo organizaciones religiosas”.
Desde que dejó el Departamento de Salud en 2021, Huber armó lo que Kane define como “las herramientas y el impulso” para que los países pongan la DCG en práctica: el programa ‘Protego Health: The Women’s Optimal Health Framework’ (el marco de salud óptimo para las mujeres), anunciado en octubre de 2023 por la organización de Huber, el Institute for Women’s Health. Protego es una expresión latina que significa ‘yo protejo’.
“Creamos Protego para poder trabajar muy estrechamente con los gobiernos de modo que apliquen en sus países lo que acordaron en la coalición” del Consenso de Ginebra, explicó Huber en un podcast de quien fue secretario de Vivienda de Trump, Ben Carson.
Guatemala fue el primer país en implementar Protego en 2023, cuando el saliente gobierno del conservador Alejandro Giammattei – que tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por su presunta implicación en “corrupción significativa” – firmó un memorándum de entendimiento con Huber.
En marzo de este año, tres senadores republicanos escribieron una carta al sucesor de Giammattei, el demócrata progresista Bernardo Arévalo, reclamándole que no se retirara de la DCG. Arévalo no se ha pronunciado al respecto. Pero el acto mismo de urgirlo, observó Kane, constituye una “clara violación a la proclamada insistencia del Consenso de Ginebra en defender la soberanía nacional”.
Kane también da cuenta de que, en febrero, el gobierno de Uganda firmó un acuerdo con Huber para implementar Prolego, en una ceremonia a la que asistieron representantes de ocho países africanos.
Huber sigue cabildeando ante gobiernos de diferentes continentes para que se sumen a la CDG. En mayo estuvo en Burundi, donde se reunió con la primera dama Angeline Ndayishimiye y con el presidente del Senado, Emmanuel Sinzohagera.
Poco antes lo hizo con Perú. En marzo, dos legisladores conservadores organizaron una reunión en el Congreso para pedir que el gobierno firmara la DCG; Huber participó por videoconferencia. El gobierno peruano no ha indicado si se sumará o no al manifiesto. Huber y el Institute for Women’s Health no contestaron nuestro pedido de entrevista.
Otros grupos internacionales se coordinan en la campaña para lograr más adhesiones a la Declaración del Consenso de Ginebra – y exponen así la naturaleza global de esta red antiderechos. Una semana antes de la reunión en Lima apareció una petición en línea llamando al gobierno peruano a que se sumara a la DCG. La lanzó CitizenGo, una plataforma creada por el grupo homófobo español HazteOir que tiene lazos estrechos con el partido ultraderechista y xenófobo Vox, el mismo que organizó Europa Viva 24 en Madrid el mes pasado.
Tales reuniones, estrategias y campañas de la extrema derecha, no presentan novedades ideológicas respecto de las ideas que Weyrich y Plinio Corrêa compartieron y alimentaron en las décadas de 1960 y 1970, según Sonia Corrêa. Pero, observa, tienen nuevas características.
Hoy la extrema derecha y los ultraconservadores religiosos constituyen “un conjunto heterogéneo de actores” que abarca “distintas vertientes religiosas, en general católicos y evangélicos dogmáticos” y de otras corrientes, junto a “sectores seculares».
Una segunda diferencia es “el modo de hacer política”, que ya no es más una “articulación reaccionaria, en el sentido de fuerzas conservadoras de ultraderecha que invertían en el mantenimiento del orden establecido, incluso por la vía de golpes de estado”, dice Corrêa. Lo que ahora se observa es “eso que llamamos la revolución conservadora, o la derecha callejera. Eso no pasaba en los 60”.
Por último, Correa apunta una tercera y nueva característica: los lazos entre esos grupos ya no son bilaterales o trilaterales, sino que conforman “un ecosistema” que abarca a actores de África, Europa y las Américas. La secuencia de eventos internacionales de los últimos meses, en Washington, Budapest y Bruselas, así como la cumbre de la ultraderecha en Madrid, lo ilustran. “Son agrupaciones al estilo ecosistema complejo”, observa Corrêa. “Efectivamente, eso no pasaba 50 años atrás”.
