A fines de enero, representantes de organizaciones que defienden y condenan el derecho a la interrupción legal del embarazo se reunieron con el equipo técnico liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, que estudia las propuestas de reforma a la Constitución salvadoreña, la cual reconoce como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El pasado sábado 30 de enero, el equipo ad hoc que estudia las propuestas de reforma a la Constitución salvadoreña recibió a médicos, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil a favor y en contra de la despenalización del aborto, a fin de escuchar sus puntos de vista y reflexionar cómo se debe abordar este tema desde un ángulo legal y científico.
“Todos sabemos que un tema de este tipo genera polémicas, eso es bueno porque ayuda a ir conociendo a profundidad el fenómeno. He escuchado argumentos que no conocía. Este equipo ha definido ser totalmente tolerante y democrático, esta reunión es una muestra de ello”, indicó Félix Ulloa, vicepresidente de la República y coordinador del equipo.
La misión de este grupo es el estudio, análisis y discusión de propuestas para una reforma constitucional que permita obtener una normativa adecuada a estos tiempos y a las necesidades actuales de la sociedad salvadoreña. El equipo ad hoc recibirá propuestas de todos los sectores de la población hasta el 28 de febrero. Tras esa fecha, elaborará un documento final que será entregado al presidente Bukele en septiembre y que posteriormente pasaría a la Asamblea Legislativa. Si se logra el apoyo de diez diputados, se presentaría la iniciativa de reforma constitucional.
Como era de esperarse, los puntos de vista fueron diversos y el debate se tornó por ocasiones intenso y acalorado. Por un lado, se encontraba el grupo de especialistas que defendió el derecho a las mujeres a decidir y que abogó por la despenalización del aborto en alguna de estas causales: cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas, cuando la víctima de violación es una menor de edad o cuando no pueda ser viable la vida del feto fuera del útero.
Entre ellos, estaban presentes: Bessy Ríos, luchadora social feminista; Sofía Villalta, ginecóloga; Virginia Rodríguez, doctora y experta en bioética de la UNESCO; Victoria Ramírez, ginecóloga obstetra; Carolina Mena, ginecobstetra; y Roberto Sánchez, ex director del Hospital de Maternidad.
La doctora Mena señaló que existen casos como el embarazo molar y el anembriónico, en los cuales es recomendable el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre: “Si nos ponemos a discutir cuándo comienza la vida y que se da en el momento de la concepción, estaríamos asumiendo que todos los productos de la concepción van a terminar en un ser humano y no es así”.
Por su parte, la doctora Villata comentó que se debe abordar este tema sin apasionamientos y precisó que no se está discutiendo la despenalización total del aborto: “Aquí no se está hablando de un aborto por opción como en todos los países desarrollados. Aquí estamos discutiendo el aborto inducido por diferentes causales”. Su colega, el doctor Sánchez, expresó que “no hay punto moral para juzgar a nadie” y que “hay que ponerse en los zapatos de la mujer” que decide abortar.
“Me parece satisfactoria la reunión por el debate ideológico y religioso, pero debemos elevar el debate al nivel científico porque son los profesionales quienes con base a estadísticas pueden dar la respuesta, al final se trata de respetar o no los derechos humanos”, indicó Ríos, quien se encuentra a favor de la despenalización del aborto por causas médicas y por violación.
«Este es un proceso de consulta, de participación y construcción colectiva, no partimos de ideas preconcebidas ni prejuicios, sino dándonos la oportunidad de poder analizar, de ver hacia el futuro de nuestro país, de hacer las mejores propuestas y que sean el resultado de la más amplia participación de todos los salvadoreños”.
– Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador
Del otro lado de la mesa, se encontraba el grupo en contra del aborto, que pide que se “respete la vida” y que no se modifique la ley por ninguna de las causales. Entre ellos, se encontraban Fernando Conde, pediatra y con maestría en bioética; Teresa de Madrid, de la ONG El Viñedo de Raquel; Gabriel Guevara, abogado; y Regina de Cardenal, presidenta de la fundación Sí a la Vida.
El doctor Conde se opuso tajantemente a cualquier modificación legal y aseveró que los embriólogos han dicho que hay vida desde el momento de la fecundación: «El aborto es el asesinato de un ser vivo y siempre se da en circunstancias desesperadas”. Mientras que Teresa de Madrid sugirió que se agilicen los procesos de adopción y se modernice el sistema de salud a fin de proteger las dos vidas: “Desde el punto de vista terapéutico, las secuelas quedan en las mujeres que han tenido abortos”.
Por otro lado, Regina de Cardenal sostuvo que “las mujeres que mueren por embarazos ectópicos son porque llegan demasiado tarde a los hospitales, pero con un tratamiento temprano sí se pueden salvar”. Y el abogado Guevara indicó que “despenalizar completamente el aborto es un daño, más que un beneficio (…) Si se quiere ayudar a las mujeres, mejor hay que pensar en endurecer las leyes para castigar al violador”.
Jazmín Velasco del Arzobispado de San Salvador, en representación de la iglesia católica, dijo que “para la Iglesia, este tema no es negociable, ya se dijo bastante y hay pronunciamientos de sobra”. Posteriormente, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez se pronunció y afirmó que “la vida humana no es negociable, los derechos humanos no son negociables”.
En redes sociales, organizaciones como Nadie Menos Centroamérica, Salvemos las 2 Vidas, Comando Provida Antifeminista y Abogados Antifeministas publicaron mensajes con el hashtag #ElSalvadorEsProvida y #ReformaAbortistaNo, en el que niegan los abortos espontáneos, llaman “infanticidas” a las mujeres que los atraviesan e instan al presidente Bukele a seguir el ejemplo de Honduras, cuyo Congreso aprobó en enero una reforma constitucional que prohíbe totalmente el aborto.
El Salvador es uno de los seis países latinoamericanos donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias y tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo. El Código Penal de 1974 admitía tres causales: aborto terapéutico (cuando la vida o la salud de la madre se encuentra en peligro), aborto eugenésico (cuando el feto tiene malformaciones o es incompatible con la vida extrauterina) y aborto ético (cuando el feto es producto de una violación o la trata de personas).
Sin embargo, la reforma del Código Penal en 1998 eliminó estas figuras jurídicas y agravó las penas, que varían entre ocho y doce años de prisión. En muchos casos de abortos espontáneos, producidos por complicaciones durante el embarazo, la Fiscalía ha considerado a las mujeres culpables de homicidio agravado, que tiene una condena de 30 a 35 años.
Según un documento elaborado por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, entre 1998 y 2019 se registraron 181 casos de mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado por muerte del feto. La mayoría de ellas se ubica en un rango etario entre los 21 y 30 años, tienen un nivel de escolaridad muy bajo, son solteras y no cuentan con ingresos propios. Actualmente quedan 18 mujeres encarceladas por consecuencia de estas leyes antiaborto.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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