La reforma del Código Penal dominicano, que permanece sin modificaciones desde el siglo XIX, abrió el debate para la despenalización del aborto, práctica que actualmente se encuentra prohibida en todas sus formas y que penaliza con cárcel a quienes la practiquen o al personal médico que forme parte de la intervención.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Desde el 24 de marzo, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de República Dominicana se encuentra debatiendo una reforma del Código Penal del país. El borrador, elaborado tras varios meses de estudio y compuesto por 412 artículos, plantea la despenalización del aborto solo cuando una junta médica confirme que la vida de la mujer o del feto se encuentren en peligro y se hayan agotado “todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”.
De esta manera, la comisión rechazó la propuesta de un equipo de asesores del poder Ejecutivo que sugería la eliminación de sanciones contra el aborto en tres causales: cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.
Ante esta negativa, los diputados José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio Lizardo presentaron un “informe disidente” que sí incluye la despenalización bajo las tres causales. Este informe será leído y debatido después de la presentación de todos los artículos del proyecto de reforma del Código Penal.
Existen dos mecanismos por los cuales se podría alcanzar la despenalización del aborto en República Dominicana: una de ellas es a través de la reforma del nuevo Código Penal, que se comenzará a debatir luego de Semana Santa, y la otra es mediante un proyecto de ley específico. De forma paralela, una comisión especial de la Cámara de Diputados viene estudiando la redacción de una ley específica que aborde las tres causales.
La Constitución vigente -aprobada en el año 2010- reconoce el derecho a la vida “desde el momento de la concepción hasta la muerte”.
Activistas dominicanas reunidas en el Foro Feminista vienen acampando desde el 11 de marzo fuera de la sede del Palacio Nacional para exigir que las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo aprueben la interrupción del embarazo bajo tres causales. Esta medida ha conseguido el respaldo de legisladores oficialistas y varios miembros del gobierno de Abinader, como el ministro de la Presidencia, Juan Ignacio Paliza o la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
Muchas agrupaciones feministas le han reclamado al mandatario Abinader su compromiso con las tres causales, ya que durante la campaña electoral del año pasado se manifestó a favor de la medida: “Yo estoy en desacuerdo con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa es la posición oficial de nuestro partido”, declaró para el diario El País en diciembre del año pasado.
En recientes ruedas de prensa, se ha ratificado en su postura y ha manifestado que la ciudadanía debe decidir sobre el aborto: “Tengo que respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano y que, en un momento ya, la población mayoritariamente tome una posición en ese sentido”.
56 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran colectivos de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, exhortaron a los legisladores y presidente Abinader a saldar la “deuda histórica que tiene con las mujeres dominicanas” a través de la aprobación del acceso al aborto bajo las tres causales.
El mandatario dominicano se manifestó a favor de las tres causales durante su campaña presidencial. Aunque ratifica su postura, ha señalado que la decisión final la tomará la población dominicana, lo que podría insinuar la realización futura de un referéndum.
“Prohibir el aborto es un trato cruel e inhumano, viola los derechos humanos y no es una medida efectiva para reducir el número de abortos que se practican. Por el contrario, obliga a las mujeres a que se practiquen abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida”, señala el comunicado. https://hoy.com.do/56-organizaciones-internacionales-hacen-llamado-urgente-a-autoridades-de-rd-para-que-aprueben-las-tres-causales/
“Exigimos que el Congreso apruebe estas reformas y cumpla así con sus obligaciones de derechos humanos de respetar, proteger y cumplir los derechos, la salud, la autonomía, la dignidad y las vidas de las mujeres y las niñas”, expresó Amnistía Internacional en un comunicado. https://www.amnesty.org/es/documents/amr27/3889/2021/es/
República Dominicana es uno de los seis países en América Latina que mantiene una prohibición total contra el aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. Además, es el tercer país con mayor índice de mortalidad materna en el continente y el primero con mayor índice de embarazo infantil y adolescente. Entre 2015 y 2019 dieron a luz 29 487 niñas menores de 16 años. Al menos el 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos, según el Ministerio de Salud Pública.
“No se puede aceptar una ley que nos obligue a morir o nos obligue a vulnerar nuestra salud” declaró Natalia Mármol, activista de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, para CNN en Español. Y agregó: “La penalización total del aborto es inconstitucional. Por eso, llamamos a nuestros legisladores a dar el siguiente paso y salgamos de esta infame lista (de países que prohíben el aborto) y que protejamos la vida y la salud de las niñas y las mujeres porque este es el momento”.
Activistas feministas se encuentran acampando en las afueras del Palacio Nacional desde el 11 de marzo para exigir que los legisladores aprueben la despenalización del aborto bajo las tres causales.
A inicio de febrero, un grupo de organizaciones provida sostuvo una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y solicitaron que el Congreso apruebe el proyecto de reforma del Código Penal bajo el respeto de la Constitución, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte como un “derecho fundamental absoluto”. En el encuentro estuvieron voceros de organizaciones como: Fuerza Nacional Progresista, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Pastoral de la Vida Iglesia Católica, Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y la Constitución, Coalición de ONGs de Jóvenes ProVida, Médicos por la Vida RD, entre otros.
Los representantes indicaron que, para establecer excepciones al derecho de la vida, tendría que convocarse a un referéndum que autorice la reforma constitucional. “Si se establecen excepciones al principio, entonces nada impedirá que en un futuro próximo se abra el debate de la pena de muerte y la eutanasia, así como la legalización de la industria criminal del aborto en todas sus expresiones, incluido el tráfico de material genético”, señalaron.
El monseñor Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, manifestó su desacuerdo con la incorporación de nuevas exclusiones que despenalicen el aborto: “Las tres causales son asesinato. Si aprueban una, cualquiera que sea, es un asesinato y una falta a la vida. Nosotros mantenemos la defensa de la vida.”
El pasado sábado 27 de marzo, fieles de las iglesias católicas y evangélicas organizaron una caravana de automóviles que recorrió el centro de Santo Domingo, para mostrar su oposición a la despenalización del aborto. Ataviados de pancartas, banderolas y pañoletas celestes, los manifestantes recorrieron diversas calles de la capital con dirección al Congreso Nacional, con pancartas que tenían lemas como: “República Dominicana es provida” o “Salvemos las dos vidas”.
“Toda vida humana tiene una dignidad y un valor intrínseco. El primero de los derechos es el derecho a la vida. Es un derecho universal y de ahí debe partir todo. ¡De la vida misma!”, señaló Damaris Patrocinio, presidenta del Fomudevi. Patrocinio indicó que la caravana “no fue convocada por las iglesias” sino por un colectivo de 30 organizaciones sociales a las cuales se fueron sumando posteriormente -y “de manera voluntaria”- las iglesias, políticos y líderes de diferentes provincias.
El politólogo argentino Agustín Laje, promotor regional de la agenda antiderechos, visitó República Dominicana invitado por Patrocinio. “Para venir yo acá, la señora y su grupo de mujeres han estado recolectando fondos para pagar mi avión, mis comidas y mi hotel. Hay dominicanos que ponen de su dinero para invitarme a venir. Otra cosa muy distinta es organizaciones internacionales que ponen su dinero en República Dominicana para financiar militancias políticas”, afirmó en una conversación en el periódico Listín Diario.
En el diálogo con periodistas y directivos del medio, Laje marcó una división rotunda entre los fieles “activos” (que pertenecen a organizaciones “provida”) y la Iglesia Católica (como institución representada por el Papa y sus obispos), cuando se trata de enfrentar la “lucha contra el aborto”: “En el mundo provida no hay dinero. Quien piense que la Iglesia está financiando estas cosas, no conoce cómo la Iglesia Católica se está parando frente a estos temas (…) En verdad, la Iglesia Católica ha decidido no dar esta lucha y en estos años no ha puesto un centavo”.
El domingo 28 de marzo concluyeron los “40 días por la vida”, campaña organizada por la Vicaría Episcopal de Pastoral Vida y Familia de la Arquidiócesis de Santo Domingo “en defensa de los no nacidos y la vida en el país”. Iniciada en Miércoles de Ceniza (17 de febrero), esta iniciativa promueve jornadas de oración y ayuno, así como a “manifestaciones pacíficas” en las afueras del Congreso Nacional.
“Esta es la movilización provida más grande y larga de la historia (…) Los fieles de Santo Domingo estamos a la expectativa y entusiasmados por ver qué transformaciones y bendiciones Dios traerá a nuestra comunidad y nación entera”, indicó Martharís Rivas, directora de 40 Días por la Vida en República Dominicana para ACI Prensa.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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