El 25 de setiembre, el Papa Francisco emitió un documento dirigido a los activistas peruanos Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, listando una serie de faltas graves cometidas por ellos respecto a la comisión enviada por la Iglesia Católica para investigar las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana. El documento dispuso que cumplieran con cinco obligaciones y prohibiciones en 48 horas, o de lo contrario quedarían excomulgados y debían pagar S/ 100 mil como pena expiatoria.
La excomulgación implica la prohibición de recibir sacramentos, ejercer oficios, ministerios o funciones eclesiásticas. Además, quedarían prohibidos de presentarse como católicos en público o de representar a la Iglesia Católica en ningún acto social.
Giuliana Caccia es directora de la Asociación Origen y tiene un historial dirigiendo diversas organizaciones que son parte del Sodalicio (Opción V, la Fundación para la Familia, entre otras). Por su parte, Sebastián Blanco es director ejecutivo de la Asociación Origen y es sodálite; su hermano, Ignacio Blanco, es cercano a las cabezas del Sodalicio denunciadas por abusos. Tanto Caccia como Blanco impulsan acciones contra los derechos sexuales y reproductivos desde distintas plataformas. Además de Origen, ambos integran un colectivo contra la educación sexual integral.
Aunque el plazo dado por el Vaticano pasó y los dos activistas no cumplieron las disposiciones —más bien, reafirmaron su postura—, la excomunión no se ha ejecutado. A través de un mensaje publicado en redes sociales el 2 de octubre, Caccia y Blanco señalaron que estaban en conversaciones con el Papa.
