Dentro del paquete anticrimen, la propuesta del ministro Sergio Moro sobre la expansión de la excludente de ilicitude fue rechazada, sin embargo, es parte de al menos 3 proyectos de ley de peeselistas.
Las llamadas causas de excludente de ilicitude, es decir, cuando la conducta no puede ser castigada, están previstas en el Código Penal. Ellas son: estado de necesidad, defensa legítima, cumplimiento estricto del deber legal o ejercicio regular de la ley.
La autodefensa ocurre cuando una persona actúa para evitar una agresión injusta bajo su derecho o el de otra persona. El cumplimiento estricto de las obligaciones legales es utilizado por los funcionarios públicos (por ejemplo, la policía) para garantizar el cumplimiento de la ley. En ambos casos, para evitar el delito, la persona debe haber actuado de manera moderada. Los excesos cometidos en estas situaciones son punibles.
A la par, la expansión del uso de armas de fuego, objeto de 8 decretos ejecutivos en 2019, es parte de 19 propuestas del PSL. Éstas incluyen el permiso para portar armas en el automóvil, venta de armas a los agentes de la policía de investigación, así como limitaciones para cazar o posesión de armas para acusados de delitos ambientales y exenciones de impuestos para armas y municiones.
Los proyectos también extienden el permiso para portar armas a personal de seguridad, seguridad municipal, abogados, oficiales de justicia, del Ministerio Público, agentes socioeducativos, policías retirados y mujeres bajo medidas de protección promulgada por orden judicial.
También en el área de seguridad, hay 3 propuestas que amplían la comprensión del terrorismo. El PL 443/19, de Gurgel (PSL-Rio de Janeiro), por ejemplo, clasifica como acto de terrorismo el atentado contra la vida de policías, bomberos, personal militar y miembros de la Fuerza Nacional o sus familias hasta el tercer grado. El texto también incluye portar rifle, granada y otras armas de uso colectivo.