Mientras escuchaba al sacerdote y a la psicóloga, pensé en el sufrimiento que experimentan las personas sometidas a «terapia de conversión» en todo el mundo. Los intentos de ‘curar’ o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTQ ocurren tanto en Guatemala como en EEUU.
Un sobreviviente de estos intentos es el psicólogo guatemalteco Alejandro Villafuerte, una de las pocas voces que denuncia públicamente este tipo de actividades en el país.
“Verse a sí mismo como malvado, enfermo, pecador, el ‘vómito de la vida’, es el peor sentimiento posible”, dijo. “El resultado fueron pensamientos suicidas. Si hubiera seguido asistiendo [a esas sesiones], habría intentado suicidarme”.
Una encuesta de 2018 en EEUU encontró que los jóvenes LGBTQ que pasaron por alguna de estas prácticas «tenían más del doble de probabilidades de reportar intentos de suicidio».
Una investigación de openDemocracy en Kenia, Tanzania y Uganda a principios de este año también reveló impactos negativos en la salud mental, las relaciones familiares y el bienestar de las personas LGBTQ.
Ahora, nuestra investigación encubierta expone a grupos estadounidenses que promueven «tratamientos» o castidad para las personas LGBTQ en Guatemala, Costa Rica y EEUU.
Aldo Dávila, el primer político abiertamente gay de Guatemala y defensor de los derechos LGBTQ, me dijo: “Teníamos algunas señales de advertencia sobre esta [‘terapia de conversión’ en Guatemala], pero ahora que está confirmado […] nos estamos dando cuenta que es más grave de lo que se pensaba».
Estas prácticas “violan por completo los derechos más fundamentales a los que tiene derecho cualquier ser humano”, dijo. «¿Cuántas personas están siendo humilladas en este momento, mientras nadie hace nada al respecto?».
«Los servicios de salud no pueden incluir juicios morales»
Villafuerte, como psicólogo, cree que hay motivos suficientes para que el Colegio de Psicólogos de Guatemala investigue a la terapeuta que conocí.
“Los servicios de salud no pueden incluir juicios morales”, explicó. Las personas que se someten a estas sesiones «pueden ser adultos que consientan, pero esto sigue siendo una estafa y negligencia médica».
El Colegio de Psicólogos de Guatemala nunca emitió un pronunciamiento sobre la ‘terapia de conversión’. Tampoco respondió las preguntas de openDemocracy sobre cómo manejaría una queja contra la psicóloga de Courage International.
Henry España, defensor de los derechos de la diversidad sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, me dijo que esta oficina podría abrir una investigación si una víctima presentaba una denuncia.
“Se debe abrir una investigación, incluso si se trata de servicios privados, [dirigida a] la institución pública con poderes de supervisión, en este caso, el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior en los casos de iglesias [involucradas]”, dijo.
En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Guatemala a adoptar políticas públicas específicas para abordar la discriminación por motivos de sexo y género.
Pero, según Dávila, lejos de proteger a las personas de la discriminación, dirigentes políticos impulsan propuestas para acrecentar los ataques contra las comunidades LGBTQ.
Un proyecto de ley de 2018, aún pendiente, buscaba legalizar la homofobia. Ahora, un nuevo proyecto se dirige directamente a los niños y jóvenes LGBTQ con el pretexto de «proteger a la infancia y la adolescencia de los trastornos de identidad de género».