¿Quién es Manuela y por qué su nombre se ha convertido en un caso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Manuela era una mujer joven que vivía en una zona rural muy alejada de la capital de El Salvador. Vivía en una comunidad rural, tenía dos hijos y en el tercer embarazo tuvo un problema obstétrico. En una unidad de salud cercana al pueblo, ella consultó por unas protuberancias que tenía en el cuello, pero solo le habían dado analgésicos. Después, como no tenía agua potable, Manuela había ido al río a lavar ropa, y se cayó. Al día siguiente sufrió un parto precipitado. Se arrastró hasta su letrina, evacuó y se desmayó con una fuerte hemorragia. Así la encontró su familia, desmayada. La llevaron al hospital de la cabecera departamental y le empezaron a interrogar. Sospechaban que se había provocado un aborto como sostuvo la médica. En el parte médico le pusieron que “este hijo es producto de la infidelidad por eso ella se provocó el aborto”. Todo esto en un momento en el cual, por varias horas, Manuela estaba necesitando atención urgente que no le brindaron hasta varias horas después. Iba con preclamsia y hemorragias. En la sala de Emergencias se le inició un proceso judicial. Pocos días después, ella fue trasladada a la Policía y después a la cárcel. En agosto de 2008 ella fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. No tuvo una defensa eficaz, le violaron su derecho a la salud, a la vida y a la privacidad. Cuando estaba en la cárcel solo una vez pudo ver a sus hijos y sus padecimientos empeoraron. En prisión le diagnosticaron un cáncer linfático, que era lo que ya tenía hace tiempo. Lamentablemente, por las condiciones carcelarias, ella muere en 2010 en un pabellón de reos lejos de su familia. Y a pesar de que sabían que estaba en una situación de enfermedad terminal, no le dieron permiso para reunirse con su familia.
Nosotras, como agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, luego conocimos su caso cuando ella ya había fallecido. Encontramos también a un médico que nos ayudó a reconstruir la historia clínica de Manuela, y así ubicamos a su familia rural, campesina, que vive del trabajo de la tierra. Le preguntamos a la familia qué querían, y dijeron que querían que la imagen de su hija quede limpia, que su hija no era una asesina. Entonces presentamos ante el Estado de El Salvador una revisión de sentencia post mortem, pero se negaron. En ese marco, acordamos con la familia presentar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en marzo del 2012. Se hizo todo el recorrido de litigio mostrando las múltiples violaciones de derechos de las cuales Manuela y su familia han sido víctimas, pero también el contexto en el cual ocurren este tipo de casos. Es que Manuela no es un caso aislado. En El Salvador ha habido decenas de mujeres que han sufrido la criminalización por complicaciones obstétricas, por partos precipitados, por abortos espontáneos.
¿Qué sucede con las mujeres de El Salvador que sufren algún tipo de emergencia obstétrica o complicación durante su embarazo?
Si son mujeres pobres, jóvenes y que viven en condiciones de vulnerabilidad, seguramente serán sometidas a un proceso judicial que las llevará a la cárcel. Hemos encontrado que hasta el 2019, desde que se penalizó de forma absoluta el aborto en 1998, al menos 181 mujeres habían hecho ese tránsito. Y ha habido mujeres condenadas hasta por cuarenta años de cárcel. En El Salvador no hay ninguna opción para abortar, ni en niñas de 10 años embarazadas como resultado de hechos criminales de violencia sexual. No tienen otra opción que continuar con sus embarazos. En los últimos 5 años, según el Fondo de Población, al día por lo menos 48 niñas y adolescentes quedaron embarazadas.
¿Las restricciones sobre el derecho del aborto en El Salvador vienen de la ausencia de una reforma al Código Penal o hubo presiones de los grupos antiderechos?
En 1997, cuando cambiaron el Código Penal y eliminaron todas las formas de aborto no punibles que existían, algunos grupos muy vinculados a la jerarquía de la Iglesia Católica se movilizaron y presionaron por esos cambios.
En el caso de Manuela, por ejemplo, han sido muy crueles. Han inventado una víctima. Al papá de Manuela le obligaron a que pusiera las huellas dactilares en un documento que intentaron hacer para incriminar a Manuela. Y no solo eso. Sacaron al hijo de Manuela, que nació muerto, y obligaron al señor a que fuera a asentar un acta de defunción y que le pusieran un nombre. Lo han convertido en una víctima, y han olvidado que la verdadera víctima fue Manuela y sus dos hijos que han quedado huérfanos. Son los mismos grupos que en el año 97 impulsaron la penalización absoluta del aborto.
