«Esta sentencia presiona a senadores y diputados para que quiten la protección del derecho a la vida en el Código Penal Federal”, declaró Marcial Padilla, director de la plataforma ConParticipación, al portal católico ACI Prensa. Para el activista antiderechos, el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia «transmite el mensaje a la sociedad de que se le puede quitar la vida a un hijo o hija antes de nacer» y es algo que la ciudadanía debe cambiar.
Por meses, diversas organizaciones conservadoras han buscado incidir en la decisión de la Corte. Los colectivos Actívate y Pasos por la Vida entregaron más de 8 mil firmas contra el aborto y realizaron manifestaciones fuera del tribunal. De acuerdo a Pilar Rebollo, presidenta de Pasos de Vida, la modificación del Código Penal Federal iba a «desproteger» a las mujeres en México beneficiando a violadores y tratantes.
“No hay mujeres condenadas, no hay mujeres tras las rejas, no se persigue a la mujer. Perseguimos a los que vulneran a las mujeres y quienes están eliminando a los mexicanos en gestación”, dijo en entrevista con ACI Prensa. Dicha afirmación resulta falsa. Solo en el estado de Aguascalientes, donde se despenalizó el aborto apenas hace una semana, habían 73 personas criminalizadas por abortar o asistir un aborto.
En el camino del proceso judicial por la despenalización del aborto, las instituciones católicas también expresaron su oposición. En junio, la Arquidiócesis Primada de México publicó una editorial donde criticaba que la Suprema Corte de Justicia permita que personas presenten amparos contra leyes que penalizan el aborto aún sin ser las afectadas.
«Este criterio permite que organizaciones que lucran con el aborto combatan, vía amparo, los códigos penales de los estados, para lograr una desaparición penal del aborto, y con ello liberalizar su práctica», declararon. Es decir, la Arquidiócesis esperaba que solo las personas gestantes, que evidentemente estarían en una situación de vulnerabilidad y contra el tiempo, fueran permitidas de presentar un amparo judicial. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia decidió lo contrario y con ello, México ha dado un paso más para cumplir con estándares de derechos humanos.
