En El Salvador, el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la vida del feto o la madre esta en riesgo. Imelda Cortez es una de estas mujeres que ha sido injustamente encarcelada desde el año pasado. Un juzgado en primera instancia determinó que su caso irá a juicio y podría condenarla a 20 años de prisión.
El Salvador continúa siendo uno de los pocos países en el mundo donde el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. No interesa si la mujer que lo solicita ha sido víctima de violación, si peligra su vida o si se encuentra en riesgo su salud. Poco importa que se presenten complicaciones durante la gestación o que el feto tenga malformaciones que impidan su supervivencia fuera del útero. No hay excepción que valga.
Todas ellas pueden ser privadas de su libertad por el delito de interrupción del embarazo y verse involucradas en un proceso judicial que las lleve a prisión entre dos y ocho años. Si la mujer en cuestión sufre un aborto con más de 22 semanas de gestación, un juez podría acusarla de «homicidio agravado» y elevar su pena de 30 a 50 años de cárcel. Para los profesionales de la salud que realicen abortos, la condena puede llegar hasta los 12 años tras las rejas.
Evidentemente, esta ley hace caso omiso de varios factores que también influyen en casos de aborto. Por ejemplo, entre el 15% y el 25% de los embarazos terminan en pérdida no inducida por causas naturales (aborto espontáneo). Además, penaliza a las mujeres que han sufrido abusos sexuales, abusos psicológicos o padezcan de un síndrome de embarazo negado a causa de trastornos psicológicos. Y castiga a los niños que viven en los lugares más pobres del país, con poco acceso a servicios básicos, y que se ven obligados a crecer separados de sus madres mientras estas cumplen su condena.
Pero lo más evidente de esta ley es que reduce a las mujeres a su mera función reproductiva y busca que sean madres a toda costa.
Cuando Imelda Cortez tenía 12 años, su padrastro Pablo Henríquez (70) empezó a abusar sexualmente de ella. Le dijo que ya no podía tener hijos pero tras continuas agresiones, amenazas y violaciones sistemáticas, quedó embarazada a los 19 años. Sin embargo, durante sus 37 semanas de gestación, Imelda tuvo sangrados vaginales y creyó que su menstruación continuaba regularmente.
Grande fue su sorpresa cuando el 17 de abril del 2017 tuvo un parto extrahospitalario y expulsó a su hija en la letrina de su casa, tras lo cual cayó inconsciente. Desde entonces se encuentra encarcelada en el penal de San Miguel en El Salvador bajo la acusación de “tentativa de homicidio agravado”.
La defensa de Imelda señala que la joven tuvo los síntomas de un embarazo negado, patología que padecen algunas mujeres que no toman conciencia de su gravidez hasta que hayan pasado varios meses de gestación. Incluso, se registran casos en que se desconoce de este estado hasta el final. Además, doctores del Instituto de Medicina Legal que revisaron a Milagro, la hija de Imelda, señalaron que la niña no cuenta con rasgos que demuestren que Imelda haya querido matarla y, por el contrario, la describieron como una niña saludable.
«No podemos atribuir la culpabilidad a la imputada por el simple hecho de ser una mujer que puede procrear, que tuvo un parto reciente. Porque estaríamos frente a que el sistema judicial ejerce una violencia de género, le violenta su derecho a la presunción de inocencia y le otorga la culpabilidad de un delito que no existe», señaló la defensa durante la audiencia.
Se calcula que entre los años 2005-2008, tuvieron lugar alrededor de 20 mil abortos en El Salvador, muchas veces con resultados mortales (Fuente: Ministerio de Salud).
El 11% de las mujeres que se sometieron a un aborto en el país murieron a consecuencia de ello (Fuente: Organización Mundial de la Salud).
Entre 2011 y 2015, trece mujeres murieron por embarazos ectópicos, en los cuales el embrión se desarrolla fuera del útero y no tiene posibilidades de supervivencia (Fuente: Ministerio de Salud).
Entre el 2000 y el 2014, 149 mujeres fueron acusadas de homicidio o aborto a causa de complicaciones con el embarazo (Fuente: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico).
En 2015, 1445 niñas entre 10 y 14 años resultaron embarazadas. Según el gobierno, las niñas y las mujeres jóvenes tienen un alto riesgo de violación en casa y en la calle debido a las pandillas (Fuente: Ministerio de Salud).
El pasado lunes 3 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco determinó que el caso de Imelda Cortez procedería a juicio, por lo que puede ser condenada a 20 años de prisión. Además, seguirá en detención provisional, a pesar del pedido de la defensa de que continuara su proceso legal en libertad.
El Estado ya le falló una primera vez al no protegerla contra los abusos de su padrastro. Una segunda vez cuando no le brindó una educación sexual adecuada. Y una tercera vez cuando la encarceló por tener un parto extrahospitalario. Ahora es posible que una vez más, la ley le falle con una sentencia injusta.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidió en un comunicado que se revoque la prisión preventiva impuesta contra Imelda y que se cumpla con la jurisprudencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que «la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener un carácter excepcional», y que «la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad penal».
En 2016, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó una propuesta de ley para la despenalización del aborto en casos de violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal pero los grupos de derecha (que conforman la mayoría en el Congreso), se opusieron a esta medida.
A pesar de que Imelda sueña con seguir estudiando y encontrar un buen trabajo que le permita atender las necesidades básicas de su hija, la justicia salvadoreña busca condenarla por un delito que no cometió. Una situación que se repite constantemente en un país en el que cada vez existe menos esperanza para las mujeres.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Jair Bolsonaro: un peligro hacia el progreso en Brasil 
