La Conferencia Política de Acción Conservadora realizadas en México y Japón, la Carta de Madrid y el Festival Viva 22 solo son algunas de las alianzas transnacionales que une a políticos y organizaciones que se oponen a los derechos de las mujeres, a la igualdad de género y a la lucha contra todo tipo de discriminación.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Desde América del Sur hasta el noroeste de Asia, las autoridades políticas, funcionarios y activistas conservadores y de ultraderecha han encontrado una forma de reunirse, intercambiar experiencias y alinear agendas a través de alianzas transnacionales que les ha permitido encontrarse periódicamente y mantener una articulación a distancia en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ.
Recientemente, el pasado sábado 3 de diciembre, en la ciudad de Tokio se llevó a cabo la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de Japón, presidida por su dirigente Jay Aeba Hiroaki, un abogado nacido en Yokohama y graduado en la Universidad de Keio. El evento tuvo a personajes antiderechos de distintos países del mundo, como Brasil, Austria, Hungría, Israel y México.
Jay Aeba Hiroaki, promotor de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de Japón.
– Foto: CPAC.
La CPAC, cabe recordar, surgió en 1974 en Estados Unidos como un evento anual que reúne a personajes conservadores a nivel internacional que coincidan en su rechazo a los derechos sexuales y reproductivos y a la educación con igualdad de género y libre de discriminación.
Uno de los asistentes a la CPAC en Japón, por ejemplo, fue Eduardo Verástegui, un exactor de telenovelas que abandonó su carrera artística para dedicarse a promover campañas conservadoras vinculadas a la “vida” y “familia” junto a autoridades que se oponen a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. Verástegui, además, viene de haber organizado la CPAC en México donde reunió a más de 50 autoridades, especialistas y activistas antiderechos de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Eduardo Verástegui, activista conservador y promotor de la CPAC en México.
– Foto: Difusión.
En la CPAC en México asistió, por ejemplo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, conocido por su gobierno en contra del matrimonio homosexual y la despenalización del aborto en casos de mujeres víctimas de violación. A mediados del 2021, Giammattei recibió en Guatemala a Eduardo Verástegui para dialogar sobre “la defensa de la vida”.
Así, la Conferencia Política de Acción Conservadora solo es una de las varias alianzas transnacionales que han impulsado los políticos y organizaciones conservadoras para unirse a nivel internacional.
En España, la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, el líder político del partido de ultraderecha Vox, impulsa desde el 2020 la Carta de Madrid, una alianza que reúne a autoridades del mundo en contra del “avance del comunismo” y como respuesta al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Según sostiene la Carta de Madrid, que lleva la firma de 10045 personas hasta la fecha, “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista”.
Santiago Abascal, presidente del Vox, en conferencia de prensa.
– Foto: Agencia EFE.
El 12 de octubre de 2020, ante un debate de moción de censura contra el jefe de gobierno de España, Pedro Sanchez, el excongresista de ultraderecha Santiago Abascal anunció así el inicio de la alianza internacional: “A través de la Fundación Disenso, promovemos desde hace algunos días la Carta de Madrid, en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera”.
Desde entonces, el Vox de España ha logrado que políticos de distintas partes del mundo se adhieran a la Carta de Madrid. En Perú, por ejemplo, políticos de partidos de ultraderecha como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han firmado el documento, como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Ernesto Bustamante, Jorge Montoya, Hernando Guerra-García, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Alejandro Muñante, Adriana Tudela y José Cueto.
Keiko Fujimori, lideresa del partido de ultraderecha Fuerza Popular, junto a diputados del Vox y representantes de la Fundación Disenso.
– Foto: Facebook de Keiko Fujimori.
En la región, la Carta de Madrid también fue firmada por el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara, el parlamentario Fabricio Alvarado de Costa Rica, la diputada Dignora Hernández de Venezuela, la diputada Elsa Méndez Alvarez de México, el diputado Cristian Alvarez de Guatemala, el ministro Arturo Murillo de Bolivia, el excandidato presidencial José Antonio Kast de Chile, las senadoras Margarita Restrepo y María Fernanda Cabal de Colombia y el diputado Pablo Viana de Uruguay.
Otro evento internacional que busca reunir a políticos y activistas conservadores es el Festival Viva 22, también promovido por el partido español de ultraderecha Vox. En la edición del presente año, por ejemplo, asistió el excandidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y Javier Milei, un diputado de ultraderecha del Partido Libertario de Argentina.
El objetivo del Festival Viva 22 es fortalecer una alianza en América Latina “en defensa de la soberanía de las naciones, la libertad y el sentido común” a través de actividades artísticas y culturales. “La música y la cultura no son de izquierdas (…) Gracias a todos los artistas que se han atrevido a romper las cadenas de lo políticamente correcto”, dice un tweet del Vox, promotor de este evento.
Sin embargo, Latinoamérica no solo está en la mira del Vox. El presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, conocido también por sus coincidencias con el Vox, también emprendió una gira por la región para reunirse con autoridades que se opongan a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ.
En Uruguay, por ejemplo, Núñez Feijóo se reunió con el presidente conservador Luis Lacalle Pu y el exmandatario del mismo país Julio María Sanguinetti, también conocido por sus posturas en contra del derecho al aborto. Y en Ecuador, Núñez visitó al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que vetó una ley aprobada por la Asamblea Nacional que buscaba despenalizar el aborto, pese a que la Corte Constitucional ordenó que se legalice y se reglamente la interrupción del embarazo.
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