En los últimos años, diversas formas de violencia han recaído sobre las mujeres que se dedican a la política en América Latina. Mientras que México mantiene los índices más altos de asesinatos, en Perú se reportan casos de violaciones sexuales en el Congreso de la República.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En menos de 24 horas, dos casos sobre presuntas violaciones sexuales se registraron al interior del Congreso de la República en Perú. Estos hechos demuestran que en América Latina no cesa la violencia contra las mujeres que se dedican a la política.
El pasado miércoles 27 de julio, el congresista Freddy Díaz, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), fue denunciado por su trabajadora de despacho por el presunto delito de violación sexual. Según la denunciante, ambos se encontraban bebiendo licor en su oficina, cuando el parlamentario habría abusado sexualmente de ella bajo un estado de inconsciencia.
Congresista Freddy Díaz, denunciado por presunta violación sexual.
– Foto: Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
Entre enero y junio del presente año, cabe recordar, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú han atendido 5805 casos de violación sexual a nivel nacional. Lo que en promedio se traduce en un registro de 32 denuncias por día. Esta realidad, además, no ha sido ajena al Congreso de la República.
Tras conocerse la denuncia en su contra, el Pleno de Congreso aprobó su expulsión de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a dirigir la Defensoría del Pueblo de Perú.
La denuncia, no obstante, recibió comentarios que justificaban el presunto delito. El congresista Wilmar Elera García, que además ocupaba la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, dijo en un programa radial: “Según he podido averiguar, la señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor”.
Luego del desatinado comentario, el congresista Elera se vio obligado a renunciar a la Mesa Directiva el pasado 2 de agosto tras conocerse públicamente una sentencia del Poder Judicial que lo condenó a 6 años de prisión por el delito de colusión agravada. El delito se habría cometido en 2012 relacionado a su participación como supervisor de la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua potable y Alcantarillado en Pacaipampa – Ayabaca – Piura”.
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En los últimos años, diversas formas de violencia han recaído sobre las mujeres que se dedican a la política en América Latina. A mediados de 2012, por ejemplo, la concejala Juana Quispe de Bolivia fue asesinada y los principales sospechosos de su muerte fueron el alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal respectivamente.
Diputada boliviana Juana Quispe ante la prensa local.
– Foto: Captura de Youtube.
En marzo de 2016, la lideresa ambientalista Berta Cáceres fue asesinada a balazos a sus 44 años, tras oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste del país impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (DESA). Por su muerte, la justicia impuso condenas de entre 30 y 50 años a 7 hombres. Cáceres, cabe recordar, había sido reconocida internacionalmente tras recibir el Premio Goldman.
Dos años después, en marzo de 2018, en la ciudad de Río de Janeiro asesinaron Marielle Franco, una concejal brasileña y activista feminista por los derechos humanos de las mujeres.
Marielle Franco, activista y concejal brasileña.
– Foto: Bealive Earth.
Solo en 2021, durante el último proceso electoral, en México se registraron 21 mujeres políticas asesinadas. Y en 2018, de acuerdo a la consultora Etellekt, fueron 23. En total, según el mismo informe de ese año, también se registraron al menos 237 agresiones contra mujeres de la política: 127 fueron amenazas e intimidaciones, 29 lesiones dolosas, 19 atentados indirectos contra familiares con un saldo de 13 familiares asesinados, 12 secuestros, 10 robos, 10 tentativas de homicidio con arma de fuego y 7 lesiones con arma de fuego.
Hace menos de una semana, una trabajadora del Congreso de la República de Perú también denunció haber sido amenazada con un arma de fuego y posteriormente violada sexualmente el pasado 28 de julio. Su presunto victimario es Rafael Franco Moreno, asesor parlamentario de la congresista Katy Ugarte, de la bancada del Bloque Magisterial.
Tras conocerse públicamente la denuncia, la congresista Katy Ugarte removió a su asesor y se pronunció al respecto. “Lamento profundamente que el señor Rafael Eduardo Franco Moreno, a quien le brindé mi confianza, contratándolo como asesor ll de mi despacho congresal, haya sido denunciado por la presunta comisión de delito contra la libertad sexual”, dijo Ugarte en su comunicado.
Cabe recordar que de las 5805 denuncias de violación sexual reportadas ante el CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 95,5% de casos la denunciante fue una mujer y el 68,3% fueron menores de edad. Además, el 31,1% eran jóvenes y adultos de 18 a 59 años y el 0,6% adultos mayores. El 50% de víctimas, a su vez, dijeron haber sido agredidas por familiares.
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