La oposición al género y el conservadurismo de los gobiernos pone en peligro la educación sexual integral en América Latina

“El Consejo Nacional de Educación convoca por 3 años el debate sobre el proyecto educativo nacional. El currículo escolar fue largamente discutido. Alguna asociación puede decir que no participó, pero sí fue pública”, dijo a La Mala Fe. “Es débil la participación, sin embargo es abierta, es pública, aunque está convocada a través de mecanismos que no tienen resonancia mayor en los medios de comunicación”, precisó. 

Bajo dicha falacia, el Proyecto de Ley 904 también fue exonerado de la segunda votación en el Pleno del Congreso con 91 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones. 

Frente a esa iniciativa, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil han exigido al presidente de la República observar el proyecto por ser contrario a los nuevos lineamientos de la educación sexual integral en la currícula escolar. «Hacemos un llamado a que el presidente Pedro Castillo observe el Proyecto de Ley 904, que pone en peligro la educación de niños, niñas y adolescentes y es promovida por organizaciones que buscan eliminar la educación sexual integral. Las niñas y niños necesitan una educación sin violencia», dijo Promsex en un comunicado. 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó que «los Centros de Emergencia Mujer, entre enero a marzo de 2022, atendieron 4.016 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. 

En ese mismo sentido, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, también expresó su preocupación sobre la iniciativa. “Esto es sumamente grave porque afecta la rectoría del Minedu en todo lo que tiene que ver la educación de los niños, niñas y adolescentes (…) porque nosotros, en el momento en que trabajamos el material educativo, se hace con especialistas en la materia y tiene que ver con el proyecto educativo nacional”, dijo. 

Desde el Ministerio de Educación, su titular Rosendo Serna adelantó que se observará el dictamen aprobado por el Congreso. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo no lo ha hecho de forma oficial. Dicha inacción pone en peligro la educación sexual integral del país.

De acuerdo al informe “Tengo miedo, ese era su objetivo: Esfuerzos para prohibir la educación de género y sexualidad en Brasil”, de la organización internacional Human Rights Watch, desde las escuelas y el Congreso se ha impulsado una cruzada conservadora contra la educación sexual y con enfoque de género.

En Brasil, según consta el informe de Human Rights Watch que adjunta 56 entrevistas a docentes y expertos en educación de 8 estados brasileños, los profesores de escuelas públicas han sido perseguidos, sancionados y amenazados por educar a sus alumnos sobre temas relacionados al género y la sexualidad. 

Uno de esos casos fue el de Virginia Ferreira, docente de la escuela pública de Vinhedo, en la ciudad de Sao Paulo que fue acusada de adoctrinamiento en marzo de 2019 por asignar a sus estudiantes de octavo grado una tarea relacionada al feminismo y violencia de género en el país. La acusación en su contra, cabe resaltar, fue presentada por funcionarios del colegio. 

El estudio de Human Rights Watch también dio cuenta de 217 proyectos de ley presentados y aprobados del 2014 al 2022 en Brasil y que tenían como objetivo prohibir y criminalizar el género y la sexualidad en la educación. En los últimos 9 años, sostiene el informe, la clase política ha buscado erradicar el uso y discusión sobre conceptos como “orientación sexual” y “género” en las escuelas públicas. 

“El mal uso de la educación en género y sexualidad como arma política afecta más directa y negativamente a los docentes y jóvenes brasileños, precisamente a quienes más necesitan información. Brasil debe centrar sus esfuerzos en garantizar que todos los jóvenes tengan información adecuada e inclusiva sobre género y sexualidad, que es esencial para que puedan vivir una vida sana y segura”, afirma Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch. 

La situación de la educación sexual integral en Brasil se agrava más aún por las posturas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Sus ministros de Educación, dice el informe, han ejercido una retórica discriminatoria y de descrédito hacia la educación sexual y sobre género. Uno de ellos fue el exministro Milton Ribeiro, quien renunció a su cargo por denuncias de corrupción en su contra.

En Paraguay, la principal arremetida contra la educación sexual integral provino del Ejecutivo. En marzo de 2019, cabe recordar, el Ministerio de Educación (MEC) de Paraguay prohibió una guía de educación sexual integral para docentes de la educación permanente diseñada por la organización de la sociedad civil Servicio Paz y Justicia en América (Serpaj). 

El MEC de Paraguay, cuyo titular es el evangélico reconocido conservador Eduardo Petta San Martín, justificó su decisión argumentando que la guía no respetaba las capacidades del ciclo evolutivo de los menores de edad, subvalora los conceptos de feminidad y masculinidad y prevalece la construcción de la identificación sexual en forma “libertina”.

Una verificación del medio digital El Surtidor desmontó varias de las ‘fake news’ que emitió el Ministerio de Educación de Paraguay contra la guía. 

Una de esas ‘fake news’ afirmaba que la guía “propone conceptos y actividades para trabajar el tema de la sexualidad en el aula desde el nivel inicial de educación. La verificación aclaró que la guía era un material para docentes que trabajen con estudiantes mayores de 15 años. Otra ‘fake news’ afirmó que la guía excluye a los padres de la educación de sus hijos, cuando en realidad el documento habla de corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado. 

Finalmente, el MEC también sostuvo que la guía subvalora los conceptos de femineidad y masculinidad, cuando en realidad se hace uso de estos conceptos para el análisis de la sexualidad.