En noviembre de 2021 en la ciudad del Salvador, en el estado de Bahía, un profesor fue denunciado ante la policía por hablarle a sus alumnos sobre identidades de género, racismo y diversidades sexuales en el Colegio Thales de Azevedo.
Ese mismo mes, el director de una escuela municipal de la ciudad de Resende, en el estado de Río de Janeiro, fue citado ante la policía para explicar la “exposición de los estudiantes” a conceptos como “ideología de género”.
Una investigación periodística del diario O’ Globo, en ese entonces, reveló que fue el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil el que promovió de forma anónima las denuncias a través de la línea de atención enfocada en derechos humanos (Dial 100).
Para el profesor e investigador Marco Aurelio Prado, de la Universidad Federal de Minas Gerais, este tipo de prácticas significan una persecución contra los docentes que brindan educación con enfoque de género. “Una vez que llamas a la directora y a la maestra a declarar en un caso abierto por una denuncia anónima el debate de género en esa escuela se acaba. Esto muestra la ofensiva como política de Estado”, apunta Prado.
Desde los tribunales, sin embargo, existen fallos que defienden la educación con enfoque de igualdad de género. Uno de esos casos se dio el 24 de abril del 2020, cuando el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional por unanimidad una ley del municipio de Novo Gama, en el estado de Goiás, que prohibía materiales educativos con información sobre género.
En mayo de ese mismo año, el Supremo Tribunal Federal también declaró inconstitucional una norma del municipio de Foz do Iguacu, en el estado de Paraná, que prohibía la enseñanza, materiales y actividades relacionadas al término género u orientación sexual. Ambos fallos reafirman el derecho a una educación orientada a erradicar la discriminación y prevenir la violencia infantil, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.