Grupos conservadores –católicos, protestantes y políticos– avanzan a paso lento y sin afanes para imponer su visión ideológica en las políticas públicas nacionales y regionales que han ganado sectores diversos, así como incidir en la OEA. Al mismo tiempo, dentro de estos movimientos religiosos hay una resistencia que busca el reconocimiento de los derechos de las minorías.
Equipo conformado por: Ginna Morelo, Óscar Felipe Agudelo, Sara Castillejo Ditta, Válery Serrano y Juan David López Morales.
“¿Por qué dijiste que los grupos conservadores eran ‘antiderechos’? ¿No te parece excluyente y discriminatorio decir que los grupos conservadores que defienden los derechos humanos fundamentales no deberían estar presentes y son una amenaza para Latinoamérica?”.
Estas fueron las dos preguntas que le lanzó una joven a Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y quien también es relatora sobre los Derechos de la Niñez de la OEA, durante la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, el pasado 27 de junio.
La persona que hizo el reclamo era Andrea Garzón, integrante del equipo de trabajo de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe y que llevó a Iván Duque a la presidencia de Colombia. Su queja se refería a las palabras que Arosemena de Troitiño, quien buscaba reelegirse como presidenta en el órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos, dijo en mayo de 2019 en Washington.
“Debo empezar expresando con mucha sinceridad, con mucha preocupación, que la región vive en estos momentos un movimiento geopolítico, podría decir, de lo que significa la posición ‘antiderechos’ planteada por grupos específicos. Se les dice conservadores. No me gusta decir la palabra conservadores porque no sé ni siquiera lo que significa, porque ¿qué es lo que conservan? ¿qué es lo que se quiere conservar?”, dijo Arosemena de Troitiño.
Para sectores cercanos a la presidenta, el reclamo que le hizo Garzón no tenía fundamento porque la funcionaria de la OEA no se había referido a que todos los sectores conservadores fueran antiderechos. Tampoco a que no deberían estar en la reunión anual de la organización.
Anuncio del «Foro Continental por la Vida y la Familia», asamblea que reunió a diversas organizaciones civiles y religiosas en Medellín (Colombia), en paralelo a la Asamblea de la OEA.
Esta escena revela un pulso político que se libra en el continente en torno al organismo que reúne a todos los países del hemisferio. Por un lado está el organismo que preserva lo que considera el enfoque adecuado en la defensa de los derechos humanos en la región; y por el otro una corriente ideológica que lo critica e intenta ganar más peso.
Una evidencia de esta situación es que en Medellín, en paralelo a la Asamblea de la OEA, se realizó el ‘Foro continental por la vida y la familia’, que aglutinó a organizaciones civiles y religiosas que promueven una agenda regional sobre lo que ellos definen como “los valores cristianos”.
Estas organizaciones conservadoras están en desacuerdo con la agenda liberal que protege los derechos y libertades sexuales y reproductivos de las mujeres, de comunidades gais y minorías sexuales, entre otros. Esa renovada disputa entre las visiones conservadoras y liberales de la sociedad, es un fenómeno que recorre gran parte del mundo por cuenta de la consolidación de fenómenos políticos asociados al ascenso al poder de movimientos de derecha.
En Colombia varios de estos sectores se han hecho sentir a través de la movilización social y en alianzas con partidos políticos, con los que han venido alcanzando lugares en el Congreso y en el Gobierno Nacional; también, de la mano de organizaciones internacionales han ganado relevancia; y a partir de una renovada estrategia de incidencia en el ámbito jurídico nacional, promueven lo que evangélicos han denominado una “agenda moral”. ¿Cómo lo han hecho?
A mediados de 2016, dos mujeres de la política y de trayectorias disímiles resultaron en la misma orilla liderando una fuerte movilización en contra de las cartillas de orientación sexual del Ministerio de Educación, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
De un lado estaba Ángela Hernández, una diputada de la Asamblea Departamental de Santander, evangélica, que hasta ese momento no era conocida en el país. Del otro, María del Rosario Guerra de la Espriella, una exministra proveniente de una de las familias políticas más poderosas del departamento de Sucre, hoy senadora del Centro Democrático y católica.
La controversia inició en redes sociales cuando comenzó a circular una falsa cartilla en la que aparecían imágenes de cómics que mostraban a dos hombres teniendo relaciones sexuales, las cuales fueron alojadas en el sitio web Costa Noticias, una página que no tiene públicos los nombres de sus fundadores o artífices.
En medio de la polémica pública se conoció la verdadera cartilla del Ministerio de Educación, titulada “Ambientes escolares, libres de discriminación”, que contó con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef y el Pnud. El documento aborda temas relacionados con la diversidad sexual y de género, convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Esta cartilla dice en unos de sus apartes: “Al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca”.
Ángela Hernández promovió marchas en contra de la “ideología de género” que según ella se reflejaba en la cartilla. Mientras que Guerra lideró un debate de moción de censura en el Congreso de la República contra la entonces ministra de Educación, Gina Parody.
Exministra María del Rosario Guerra de la Espriella, senadora del partido Centro Democrático y católica.
La ministra de Educación se defendió argumentando que con la cartilla, el Gobierno estaba dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó: “implementar, si no lo ha hecho aún, al programa para el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en particular, el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país”.
La sentencia del máximo tribunal colombiano se había dado a raíz de una tutela interpuesta por Alba Lucía Reyes Arenas, madre del adolescente Sergio David Urrego, quien se suicidó en agosto de 2014. Argumentó la mujer que su hijo fue discriminado en el colegio debido a su orientación sexual.
En el centro de la discusión está lo que estos políticos conservadores denominan la “ideología de género”.
La profesora Rebecca Bartel, investigadora de las religiones en la Universidad de San Diego escuchó cómo hablaban de la “ideología de género” los grupos cristianos en Colombia, y su conclusión es que: “hay una idea de que el homosexualismo es algo contagioso entonces si hay profesores o niños o lo que sea gay en un colegio entonces van a resultar todos los demás estudiantes […] Ahí se involucraron una cadena de cosas, también el rol de la mujer. Entonces la amenaza de una mujer sola, o la opción de una mujer sola, o de una pareja gay o lo que sea, es una amenaza de la construcción de la familia que es el fundamento para el futuro del país”.
Ángela Hernández acusó al Ministerio de Educación de querer imponer a los colegios “en sus manuales de convivencia, condiciones, costumbres y actitudes de la comunidad LGBTI”. EL TIEMPO la entrevistó y le pidió definir la ideología de género. Entonces dijo que es “una ideología perversa que confunde a los niños”. “¿Qué era lo que pretendía el Ministerio de Educación? Imponer a todos los colegios públicos, privados y confesionales del país esa ideología”, añadió.
Portada de la cartilla «Ambientes escolares libres de discriminación», elaborada por el Ministerio de Educación de Colombia, con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef y el PNUD.
La senadora Guerra dijo en una entrevista para este reportaje que la cartilla entraba a “romper una esencia del punto de vista conceptual y de principios que es la identidad sexual, la parte biológica”. La congresista sustenta que los niños nacen hombre o mujer.
Como consecuencia de las multitudinarias marchas (10 de agosto de 2016), la diputada Hernández fortaleció su imagen política y comenzó a viajar a otros países de América Latina a compartir su experiencia. Estuvo en Perú en diciembre del 2016 con la red Con Mis Hijos No Te Metas, como lo documenta el reportaje Transnacionales de la Fe. Este movimiento nació en oposición a las políticas públicas del Gobierno peruano en enfoque de género. El origen de este movimiento tuvo como inspiración la Declaración de Manhattan, suscrita en el 2009 por líderes católicos, protestantes y ortodoxos que rechazaron la inclusión del aborto en la reforma de salud del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su perfil subió tanto que Hernández es hoy la candidata por el Partido de la U a la gobernación de Santander, con el respaldo del Centro Democrático.
Parody, por su parte, estuvo en el Ministerio de Educación hasta el 4 de octubre de 2016. EL TIEMPO la buscó para intentar conocer qué tanto peso tuvo en su renuncia el debate en el Congreso, pero no contestó.
Las marchas contra las cartillas fueron un primer esfuerzo coordinado de estos sectores. Unos meses después volvieron al debate público con una segunda causa.
Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc, en agosto de 2016, volvieron a plantear la controversia de la “ideología de género” para oponerse a la salida negociada del conflicto. En la campaña de cara al plebiscito en el que los colombianos irían a las urnas a refrendar o a rechazar lo acordado con la guerrilla, argumentaron que esa visión sobre la “ideología de género” estaba encriptada en el acuerdo.
El entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, político conservador que se declara representante de la “Colombia creyente” y que hoy es embajador del gobierno de Iván Duque ante la OEA, cuestionó el enfoque de género en los acuerdos de La Habana. Ordóñez decía que “la noción género, la novedad, es precisamente que este no tiene relación con el sexo, que no se nace hombre ni mujer, sino que se hace. Eso implica toda una nueva antropología que va a impactar políticas públicas”.
Su mano derecha, Ilva Myriam Hoyos, que entonces era procuradora delegada para asuntos de familia y siempre ha sido una de sus asesoras más cercanas, fue una de las responsables de esa narrativa. Sus críticas se centraron en el enfoque de género del acuerdo.
Los defensores de este pilar del pacto de paz buscaban asegurar que las medidas acordadas se ajustaran a la realidad de mujeres y la comunidad LGBTI, dos poblaciones que fueron fuertemente victimizadas durante el conflicto. Por esta razón, el acuerdo resultaba pionero en negociaciones de paz en el mundo y fue aplaudido por organismos internacionales como ONU Mujeres.
En la visión de Hoyos y Ordóñez, el enfoque de género fue una manera de ocultar la ideología de género. “La interpretación adecuada que debe dársele al término ‘enfoque de género’ con un sentido tan amplio que, ciertamente, traspasa la promoción de los derechos de las mujeres y conduce al ‘enfoque de diversidad, identidad y orientación sexuales’ lleva implícita la expresión ‘ideología de género’, la que si bien no aparece en el texto, su ámbito de aplicación podría promover una antropología que desconozca la radicalidad de la distinción sexual y que pretenda ser sustituida por una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”, escribió Hoyos en un documento de 38 páginas que pronto comenzaron a citar otros grupos religiosos conservadores.
El 2 de octubre del 2016, Colombia rechazó el acuerdo de paz con las FARC por 0,4% de los votos. Grupos católicos y evangélicos se atribuyeron el éxito de la campaña por el «No» y compartieron su rechazo al enfoque de género en el documento.
Hoyos le explicó a EL TIEMPO lo que para ella es la “ideología de género”: “Yo entiendo una tergiversación en torno de lo que es la sexualidad y el tema de la corporeidad, de lo que es la antropología, en esa relación cuerpo y espíritu de una manera de reducir la dimensión y la trascendencia de la dignidad humana y de desconocer la naturaleza al plantear que no se es mujer si no se es varón y que se puede llegar a ser. Es decir, que la sexualidad es un constructo de carácter social”.
Sectores conservadores cuestionaron que el acuerdo hablara de la población LGBTI y vincularon ese hecho con otros debates políticos y jurídicos más amplios sobre educación sexual, aborto o la adopción por parte de parejas del mismo sexo que se estaban dando en Colombia.
El acuerdo de paz, sin embargo, no hablaba de sexualidad ni de corporeidad. Simplemente buscaba asegurar que, en la implementación del acuerdo de paz, se protegiera a las minorías y a las mujeres de la discriminación. “El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución”, escribió el jefe negociador Humberto de la Calle en una columna en El Tiempo.
El 2 de octubre, en medio de una aguda polarización política, los colombianos rechazaron el acuerdo de paz por casi 54.000 votos, equivalentes al 0,4 % de los votos. No es claro cuántos de los votos del ‘No’ se debieron a la movilización de grupos católicos y evangélicos, pero ellos rápidamente cobraron el rédito.
En la renegociación que siguió al plebiscito, además del uribismo, que fue el principal promotor del No, al menos cuatro sectores que se definen como religiosos formaron parte del bloque de líderes que se reunió con el Gobierno para presentar sus observaciones y modificaciones a lo acordado con las Farc en La Habana.
Estuvieron el Consejo Evangélico Colombiano (Cedecol), que reúne a decenas de iglesias protestantes, algunas de las cuales respaldaron el acuerdo y otras se opusieron a este, y los pastores evangélicos autodenominados Pacto Cristiano por la Paz (PCP). Santos también se reunió con figuras religiosas que habían respaldado el acuerdo, como el pastor Darío Silva, de Casa sobre la Roca, y el arzobispo Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.
Entre los cristianos y pastores evangélicos que apoyaron el “No”, varios han combinado el púlpito y las urnas desde hace años, mientras que otros aprovecharon su perfil público desde 2016 para lanzar exitosas carreras políticas.
Claudia Rodríguez de Castellanos, pastora de la Misión Carismática Internacional, regresó al Congreso en el 2018 de la mano de Cambio Radical, tras haber sido congresista dos veces en el pasado y candidata a la alcaldía de Bogotá. En las reuniones del Pacto Cristiano por la Paz la acompañó su esposo, el también pastor y excongresista César Castellanos. Su grupo político, uno de los más fuertes del movimiento cristiano, rompió para las últimas elecciones con el Centro Democrático y se alió con Germán Vargas Lleras.
Ricardo Arias Mora, exsenador y exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, en el gobierno de Santos, logró llegar por primera vez al Congreso en 2002, por el Partido Liberal. En el 2015 fue candidato a la Alcaldía de Bogotá bajo su movimiento “Libres”. Posterior al plebiscito por la paz se fusionó con el movimiento ciudadano cristiano “Colombia Justa”, que lo lideraban Eduardo Cañas, John Milton Rodríguez y Héctor Pardo. De allí nace Colombia Justa Libres en 2017, que hoy tiene cuatro escaños en el Congreso de la República, entre ellos John Milton Rodríguez, pastor de la iglesia Misión Paz a las Naciones. Rodríguez se dio a conocer en la movilización contra las cartillas y el acuerdo de paz.
Otros pastores que hicieron parte del Pacto Cristiano por la Paz fueron Eduardo Cañas, de la iglesia Manantial; Ricardo Rodríguez, del Centro Mundial de Avivamiento; Héctor Pardo, de Tabernáculo de la Fe; Alfredo Barrios, de Fe en Acción; Pablo Portela, de Misión de Restauración de Avivamiento y de las Naciones, y David Gómez de la Iglesia del Millón de Almas.
Tras otras tres semanas de renegociación en La Habana, el gobierno Santos y las Farc firmaron un segundo acuerdo de paz en noviembre de 2016 que incorporó cambios, aclaraciones y sugerencias de los líderes del ‘No’.
Algunas de las propuestas de los sectores religiosos proponían eliminar todas las referencias a la población LGBTI, incluir el derecho a la libertad de culto, agregar al preámbulo que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y añadir a las iglesias y sus feligreses como víctimas del conflicto.
Varias de éstas fueron adoptadas en el acuerdo definitivo. Se eliminaron muchas referencias a la comunidad LGBTI, pero se clarificó la definición del enfoque de género para evitar otras interpretaciones y se añadió un principio de no discriminación, que garantiza que “ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón”.
Al final, aunque el peso de estos grupos cristianos en la oposición al acuerdo de paz es difícil de medir, varios coinciden en que fue instrumental. Como dice José Luis Pérez Guadalupe, en su investigación titulada ‘Evangélicos y poder en América Latina’, “mientras el país estaba polarizado políticamente y se acentuaba el enfrentamiento entre el uribismo y una coalición coyuntural entre el santismo y la izquierda, surgió un movimiento evangélico unificado que salió a votar masivamente por la opción del ‘No’”.
El Movimiento Mira, partido de origen cristiano cercano a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y presidido por Carlos A. Baena (izq.), respaldó la candidatura del presidente Iván Duque.
Aunque, al final varias de las propuestas de quienes promovieron el ‘No’ fueron acogidas en el acuerdo definitivo firmado en noviembre de 2016, dichos sectores políticos no lo respaldaron y contribuyeron a llevar a Iván Duque a la Presidencia de Colombia dos años después.
Tres de los líderes más visibles unieron fuerzas en torno a una consulta de la derecha en la que Duque y el partido de Uribe salieron ganadores. Marta Lucía Ramírez, que quedó de segunda, se convirtió en su llave a la vicepresidencia. Y Alejandro Ordóñez fue nombrado jefe de debate.
Varias iglesias cristianas apoyaron a Duque en la plaza pública, sectores religiosos que sí apoyaron el acuerdo de paz, como el Movimiento Mira, un partido de origen cristiano cercano a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y que hoy forma parte de la coalición de gobierno.
Una vez en la Presidencia, Duque nombró como embajador de Colombia en la OEA a Ordóñez, quien hizo parte de los sectores del «No» y también había descalificado a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser parte de “la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse”.
Reputados intelectuales colombianos se mostraron preocupados por ese nombramiento. Catalina Botero, la ex relatora para la libertad de expresión de la CIDH y hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, dijo en sus redes: “Las normas base que regulan a la CIDH y a la Corte IDH (tratado y estatuto) pueden ser modificadas por los Estados parte, y el presupuesto puede ser afectado. Por eso es tan problemático que uno de los embajadores no crea en el sistema sino cuando sirve a sus intereses personales”.
La plataforma change.org se activó para todo aquel que quisiera rechazar el nombramiento de un hombre que ha tenido férreas posturas contra el aborto, la eutanasia, los derechos de la comunidad LGBTI y el acuerdo de paz.
Algunos de los sectores religiosos que apoyaron a Duque luego recibieron puestos en su gobierno. La excongresista Viviane Morales, miembro de la iglesia Casa sobre la Roca, fue nombrada embajadora en Francia. El exsenador Carlos Baena, uno de los líderes más visibles del Mira, es hoy viceministro del Trabajo. Ricardo Arias Macías, hijo de Ricardo Arias Mora, fue nombrado director de derechos humanos del Ministerio del Interior, tras la salida de otro cristiano –Nayid Abú Fager Sáenz, exintegrante de la unidad legislativa de Viviane Morales.
Esta dirección del ministerio es responsable de la evaluación del plan de acción de la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, según el decreto 762 de 2018.
El avance político de los sectores conservadores también está encaminado a empujar políticas públicas. El 4 de julio, Día Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, el Presidente Duque resaltó la necesidad de tener un mayor diálogo con las iglesias y explicó lo que serán las Escuelas de Padres, una iniciativa que desde el Ministerio de Educación pretende “restablecer en el ambiente escolar esa discusión sobre los valores éticos y cívicos”, sin aclarar si serían esas iglesias quienes establecerán esos valores.
El pastor y congresista John Milton Rodríguez, quien estaba en el evento, confirmó el 9 de julio, a través de un comunicado en sus redes, que las escuelas ya pasaron por dos debates de aprobación en el Senado y ahora deben hacer lo propio en la Cámara de Representantes.
Tuit de Catalina Botero, ex relatora para la libertad de expresión de la CIDH y decana de Derecho de la Universidad de los Andes.
Comunicado del pastor y congresista John Milton Rodríguez, en donde detalla el proyecto de Escuelas de Padres. (Foto: @JhonMiltonR)
Más allá de la política electoral, algunos grupos conservadores y organizaciones han sumado esfuerzos para oponerse desde el ámbito jurídico a lo que ven como una avanzada de decisiones judiciales que atentan contra lo que ellos llaman la familia tradicional.
Se han concentrado en litigar en contra de decisiones que perciben como favorables a la legalización del aborto o al matrimonio entre parejas del mismo sexo. A la fecha, de 18 países latinoamericanos, en 7 está aprobado el matrimonio igualitario, según el especial Transnacionales de la fe.
Según Maríana Ardila, abogada de la dirección legal de la organización Women’s Link Worldwide, en América Latina solo en Uruguay y la Ciudad de México está aprobado el aborto hasta determinadas semanas, y de ahí en adelante se autoriza en causales específicas. En países como Colombia, Argentina y Chile, está aprobado en algunas causales. En El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana, está prohibido.
Explica Ardila que hay grupos que obstaculizan el acceso al aborto incluso en países donde hay causales, para lo cual manipulan datos para prohibir el derecho, cuando las cifras muestran lo contrario, que en países donde está regulado, se reduce la mortalidad materna. “La pregunta no es aborto sí o no, la pregunta es si es seguro o no para las mujeres”, argumenta.
Uno de los grupos conservadores que hace activismo judicial es Red Familia Colombia, una organización no gubernamental que busca fortalecer y garantizar lo que denomina en su página web “el desarrollo integral de la familia”. Esta ONG se dio a conocer en agosto de 2016, en las marchas por la familia, e incidió en varios casos cursados en la Corte Constitucional. En su página web precisan que: «a través de campañas específicas y la generación de redes, pretende ser un ente de presión frente a los estamentos del Estado así como ser un referente social y político en los temas relacionados con la familia».
Ángela Vélez Escallón, socia fundadora de la Red Familia Colombia, explicó que la historia de la organización se remonta al 2008 cuando padres de familia manifestaron su preocupación con la educación que estaban recibiendo los niños en los colegios, por lo que se organizaron para defender el concepto familia. Confirmó que están “articulados con una ONG muy grande americana que se llama ADF Internacional, que básicamente es una oficina de abogados con forma de oenegé”. Agregó que la Red tiene vínculos con organizaciones de otros países como Cuide Chile.
Red Familia Colombia tiene varias iniciativas, una de ellas llamada «Un paso al frente», recibió la asesoría jurídica de Neydy Casillas, según se observa en el final del video alojado en YouTube. Casillas se unió al brazo internacional de Alliance Defending Freedom (ADF), una organización estadounidense cuyo eje de acción es la defensa jurídica de los valores cristianos y para ello aglutina a más de 2.500 abogados aliados. Algunos de esos abogados tienen presencia en los organismos multilaterales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA).
Uno de los cofundadores de ADF es James Dobson, influyente miembro de la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca, que creó Donald Trump y que –como muestra el especial ‘Transnacionales de la fe’– viene aumentando su influencia política en varios países de América Latina.
Neydy Casillas Padrón estuvo recientemente en Medellín en la Asamblea de la OEA y en el ‘Foro continental por la vida y la familia’. Al salir de este último evento dijo: “La OEA se ha convertido en una forma de dictadura ideológica en la que quiere imponer el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, limitar la libertad de creencia y de conciencia en nuestro países”.
Hasta noviembre del año pasado, ADF era presentada como aliada por parte de la Red Familia Colombia en su página web, pero hoy día ya no figura en el site.
ADF Internacional ha querido tener un papel protagónico en varias acciones judiciales en Colombia. Un primer caso en el que intervino ocurrió en octubre de 2016, cuando intentó apoyar la demanda de control de nulidad en contra del aborto que presentó el Hospital Universitario San Ignacio, que pertenece a la Compañía Jesuita de Colombia. Pidió intervenir mediante dos de sus abogadas latinoamericanas, la mexicana Casillas Padrón y la peruana Irene Zegarra Ballón, pero no logró el objetivo porque las solicitudes fueron presentadas de manera extemporánea.
Perfil de Neydy Casillas, abogada y consejera senior de la Alliance Defending Freedom (ADF) para Latinoamérica y la OEA. La ADF tiene vínculos con Red Familia Colombia, grupo conservador que hace activismo judicial.
En abril de 2013, la Superintendencia de Salud expidió la circular 003, por medio de la cual se imparten instrucciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El Hospital Universitario demandó la circular ante la Sección I del Consejo de Estado.
Argumentó el hospital que “se trata de temas de muy hondo calado y cuya reglamentación legal demanda no solo un cuidadoso análisis del ámbito y del contenido normativo de los distintos derechos constitucionales que están en juego –el derecho a la vida, el relativo a la seguridad social y el de la objeción de conciencia–, sino de una delicada ponderación de aquellos que en el caso presente resultan en conflicto… Y, en virtud de su trascendencia jurídica, el artículo 152 de la Constitución señala que, en medida muy apreciable, esa regulación legal debe hacerse mediante una ley estatutaria”.
El Consejo de Estado finalmente anuló algunos de los puntos de la circular, pero no todos.
Una fuente de alto nivel explicó para este reportaje que en Colombia, pese a que el aborto está aprobado solo en tres circunstancias especiales –cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando hay malformaciones en el feto que hacen inviable su vida y en el caso de violencia sexual–, el Legislativo debe diseñar los protocolos y precisar qué se debe hacer en caso de objeción de conciencia de la clínica o el médico. Explicó que tratándose de un asunto que regula el derecho a la vida, solo se puede regular por ley. Sin embargo, en el Congreso no se ha legislado sobre el tema y, por ello, para una mujer es difícil solicitar la práctica del aborto aun en el caso extremo, cuando la vida corre peligro.
Un segundo caso en los estrados judiciales ocurrió en 2015 cuando en la Corte Constitucional se discutía la celebración del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia. ADF se presentó a la sesión tras la invitación que hiciera el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, conservador, a defensores y opositores a participar en el debate.
Entre los opositores la Corte reseña en la sentencia un escrito presentado por ADF. El argumento detallado en la sentencia de la Corte se centró en resaltar la importancia de conservar el matrimonio entre hombre y mujer de acuerdo con lo estipulado por la Constitución Política de Colombia en atención a las siguientes ideas centrales: la primera, en relación con la concepción histórica de la institución del matrimonio; la segunda, con respecto a la falta de poder constitutivo que tiene el Estado sobre la institución del matrimonio; la tercera, sobre la relación intrínseca entre el concepto de familia y el concepto de matrimonio; la cuarta, sobre las consecuencias que devienen de modificar la estructura social; la quinta, en relación con las diferencias biológicas que existen entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales y su incidencia en la institución del matrimonio.
De la audiencia participó directamente Sofía Martínez Agraz, quien se presentó como asesora jurídica de ADF.
Estuvo vía internet el abogado estadounidense Robert P. George, un profesor de la Universidad de Princeton que es considerado un referente intelectual conservador. Uno sus argumentos precisa que “la modificación del matrimonio para la inclusión de parejas del mismo sexo erosionaría sus elementos esenciales, convirtiéndolo en otra figura jurídica”.
Otros que asistieron y argumentaron sus posturas en contra fueron Ilva Myriam Hoyos y Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá de Colombia Justa Libres y que también estuvo en Perú compartiendo sus experiencias con los pastores peruanos que convocaban a las marchas Con mis hijos no te metas.
La otra cara de la moneda, es decir, personas y organizaciones que defendieron el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que también participaron en las discusiones, incluyó a Dejusticia, Human Rights Watch, las universidades de los Andes, Externado y Libre, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Estos básicamente argumentaban que las parejas del mismo sexo tenían derecho a proteger a su familia y sus derechos a la dignidad, la libertad y la igualdad a través de la institución del matrimonio.
A pesar del lobby jurídico en 2016 la Corte Constitucional colombiana resolvió otorgarle validez jurídica al matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país porque es un derecho igualitario incuestionable, como lo habían reconocido los jueces civiles municipales.
Dice la sentencia del alto tribunal que “en un período de tan solo quince años, la humanidad, de forma gradual y progresiva, ha reconocido diversos derechos de las parejas del mismo sexo, entre ellos el derecho a contraer matrimonio civil. De los ciento noventa y cuatro (194) Estados oficialmente reconocidos por la ONU, a la fecha veintitrés (23) han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminando todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual”.
Un tercer caso en el que intervino la organización es una causa judicial que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tenía como propósito concederle la pensión a Ángel Alberto Duque, un colombiano quien luego de la muerte de su pareja, del mismo sexo, solicitó el trámite a Colfondos en 2002.
La Corte Constitucional colombiana negó tal solicitud. En el país, solo hasta el 2007 la Corte reconoció la unión marital de hecho; en el 2011 reconoció que las parejas del mismo sexo eran una familia; en 2015 les concedió el derecho a la adopción y en 2016 el matrimonio igualitario, según explica Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia y activista LGBTI.
El caso llegó a la Corte Interamericana, en la que le terminaron concediendo el derecho a Duque, ya que a juicio del órgano, el Estado colombiano violó el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana.
Precisa la sentencia de la Corte Interamericana que no fueron suficientes los motivos esgrimidos por las autoridades administrativas y judiciales para excluir a Duque del derecho a la pensión, que se soportaban en la protección de la familia.
El hecho fue conocido como el ‘caso Duque’ y sentó jurisprudencia en el organismo internacional. En ese contexto, varias organizaciones dejaron sus conceptos en la audiencia pública, entre ellas ADF Internacional, a través de la abogada Casillas Padrón. Su argumento central era el concepto jurídico de que familia en Colombia resulta de la unión entre un hombre y mujer, según el artículo 42 de la Constitución.
Para Albarracín, hay grupos que niegan derechos. «Lo que hacen es buscar que el Sistema Interamericano diga que no tenemos derechos, que no nos reconozcan derechos como humanos».
La presencia de ADF Internacional en Colombia no solo se da en el plano del litigio. Al tiempo que apoya casos legales, creó un programa de becas, llamado Blackstone Fellowship, para jóvenes abogados. Con estas becas de 10 meses en Estados Unidos ofrece una formación con un enfoque en derecho cristiano marcado por “la integridad, la excelencia y el liderazgo”, según lo describe su sitio web. En Colombia, estudiantes de las universidades Sergio Arboleda, de La Sabana y el Rosario han sido beneficiarios, según lo pudo corroborar esta investigación.
Paola Holguín (segunda de izqu. a der.), senadora del Centro Democrático, firmante de la declaración de México, en compañía de los políticos de otros países.
Estos grupos conservadores vienen trabajando de manera coordinada y en distintos encuentros, no solo para influir en la legislación de sus propios países. Otro de los blancos es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, a la cual critican porque consideran una forma de “dictadura ideológica”, en palabras de la abogada Casillas Padrón.
Tras un foro llamado el Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en junio de 2017 en México, tres senadoras del Centro Democrático -María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Susana Correa- figuran en la lista de los firmantes de la declaración de 670 legisladores latinoamericanos en contra de lo que ellos describen como “la interferencia de la OEA en la soberanía de los países de la región”.
Ese documento, que llamaron la Declaración de México, cuestiona a la OEA y sus organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos por, según dice el documento, “adelantar e imponer a los Estados miembros ciertas políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa”. Esas medidas, que no especifican, “exceden el mandato que les ha sido conferido por los Estados miembros, pues interfieren en asuntos que no están contemplados por la Convención (Interamericana de Derechos Humanos), y que, por ende, corresponden a la jurisdicción interna de los Estados”, argumentan.
En una entrevista a EL TIEMPO para hablar de su participación en el Congreso Hemisférico, Holguín dijo que «a mi me invitaron, me invitó Kast que es un congresista chileno que se lanzó a la presidencia. Me invitaron unos congresistas mexicanos, unos amigos colombianos que pertenecen a oenegés provida. Entonces empezamos a hablar a redactar el documento… se hizo el congreso allá se hizo la junta directiva y yo quedé en esa junta directiva».
Critica que la OEA y la Corte Interamericana “se están inventando derechos, a partir de casos muchas veces de legislaciones particulares de algunos países que no están establecidos ni ratificados por ninguno de los Estados miembro, o aludiendo a casos que muchas veces no son parte de la Convención”.
Cuando se le pregunta a Holguín cuáles son los derechos inventados, dice: “Sí, se inventa el derecho a abortar”. “Para mí, píntelo como quiera; para mí, no comprometo a mi partido, el derecho al aborto es el derecho a matar. Y lo que uno ve es una presión para que se vaya mucho más allá de los casos de excepción”, añadió»…“Yo creo que se pintan como derechos cosas que no son derechos…”.
Nina Chaparro, abogada y máster en políticas públicas, responsable del área de género en la ONG legal Dejusticia, precisa que lo que sucede es que hay dos posturas, una de ellas se niega a aceptar la diversidad. “Nuestro Estado laico protege todas las religiones. Y muchos queremos garantizar que ese respeto se extienda a todos. Pero hay otros grupos que sobre su concepción religiosa, conservadora y política sostienen la existencia de sus familias como las únicas válidas, negando la existencia de otras familias, otras personas y otras concepciones ideológicas, y en ese sentido negando derechos”.
Por su parte, Guerra de la Espriella dijo que firmó la declaración porque está de acuerdo con los cuestionamientos al Sistema Interamericano, con relación a lo que ella llama la “deconstrucción de la agenda moral”. Explicó que ella hace parte de una red de políticos cuya agenda es defender valores cristianos y principios, los más importantes la defensa de la vida y la familia. Es una red que tiene cerca de cuatro años y junta a congresistas de diferentes países de América, Estados Unidos y Europa.
“Colombia, como Europa, tiene unas bases cristianas. Y la Constitución colombiana, su inspiración, tiene unas bases cristianas. Hay un movimiento que no es de ahora, es de muchos años atrás, que está buscando deconstruir. Y, como en toda sociedad, hay un grupo de personas que creemos que debemos defender esos principios y hay otros que creen que esos principios están mandados a recoger”, añadió.
Susana Correa, la tercera senadora que firmó la declaración y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que coordina todo el gasto social del Gobierno, no quiso atender la entrevista y tan solo confirmó en una respuesta a un derecho de petición, que sí firmó la declaración.
Tres senadoras del Centro Democrático -María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Susana Correa- figuran en la lista de los firmantes de la Declaración de México, que cuestiona «la interferencia de la OEA en la soberanía de los países de la región».
Afiche de la III Cumbre Trasatlántica, realizada el 4 y 5 de abril en Bogotá y organizada por la Red Política por los Valores.
En el Congreso Hemisférico de México coincidieron políticos que han participado de la red Political Network for Values (PNV), «una plataforma de representantes políticos para trabajar en red, en un intercambio global y local, promoviendo y defendiendo activamente un decálogo de valores compartidos entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa».
Miembros de PNV se han encontrado en eventos a nivel mundial con gente de ADF. En el comité de expertos de PNV figura Alfonso Aguilar, quien también figura en la junta directiva de ADF. Él hace parte del grupo de conservadores que ha cuestionado la labor de la Comisión Interamericana, porque a su juicio se ha excedido en la interpretación de la Convención Interamericana.
PNV ha realizado tres cumbres, en Nueva York, Bruselas y Bogotá, en las que aborda distintos temas relacionados con lo que denomina “principios sólidos sobre los que construir el futuro”. En ellas han figurado con frecuencia invitados colombianos.
En 2014, en la primera cumbre ‘Fortalecimiento de la familia para el desarrollo sostenible’, realizada en Nueva York, estuvo el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien participó en un panel sobre “amenazas a la libertad religiosa y de conciencia en el mundo”. También la exprocuradora Ilva Myriam Hoyos y el exsenador conservador José Darío Salazar. En este evento se reunieron por lo menos 200 políticos y líderes. Según la relatoría, le dirigieron un manifiesto al secretario general de las Naciones Unidas, en el que le pidieron “la protección institucional de la familia natural”.
El 5 de abril de este año, la red PNV organizó la tercera Cumbre Transatlántica en Bogotá, en el edificio del Capitolio, donde sesiona el Congreso. Su anfitriona fue la senadora María del Rosario Guerra, quien figura en el consejo asesor de PNV. El objetivo central de la cumbre en Colombia fue hablar sobre lo que ellos perciben como una crisis regional debido a la ausencia de valores cristianos. Los participantes fueron enfáticos en proteger a la familia como célula de la sociedad y rechazar el aborto porque va en contra del derecho a la vida.
Dos eventos más tendrían cita en Colombia el 29 de junio. La 49ª Asamblea de la OEA, en la que inscribieron representantes de la sociedad civil entre ellos líderes de grupos religiosos y conservadores. En paralelo, se realizó en Medellín el ‘Foro continental por la vida y la familia’, cuyo objetivo es promover los valores cristianos.
Nina Chaparro, de Dejusticia, relató que un tercio de quienes participaron como representantes de la sociedad civil en la Asamblea de la OEA eran grupos evangélicos que promueven lo que hacen llamar “antiderechos”. “A mí no me parece preciso el término. Ellos son grupos que, defendiendo unas concepciones ideológicas y políticas, niegan los derechos de otros grupos”. Y precisa que la resonancia que querían tener en la Asamblea no fue tal.
Explicó que dentro de la elección de los comisionados de la Comisión Interamericana se esperaba que quedara el colombiano Everth Bustamante, exsenador del Centro Democrático y candidato del gobierno de Duque, pero no logró alcanzar una silla en la Cidh. Por el contrario a la comisión entró la peruana Julissa Mantilla Falcón, a quien se le debe el enfoque de género en la Comisión de la Verdad de Perú.
Justo antes de la Asamblea de la OEA hubo otra movida política significativa. En abril, las cancillerías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia hicieron bloque y le entregaron una nota a Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la CIDH, con una serie de observaciones sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano.
La declaración conjunta dice que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó también en su página una nota que decía: “Hacemos un llamado a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados”.
José Antonio Kast, excandidato a la presidencia de Chile, había amenizado el ambiente de oposición de los grupos cristianos y conservadores contra la OEA con varias declaraciones en contra de este organismo multilateral. En uno de esos pronunciamientos denunció que “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”.
En la práctica, varios expertos jurídicos aseguran que detrás de comunicados y declaraciones hay una estrategia para limitar la fuerza sancionatoria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que ha sido efectivo en investigar graves violaciones de los derechos humanos en América Latina, incluyendo casos de tortura, desaparición forzada o restricciones de la libertad de expresión, incluyendo aquellos ocurridos durante las dictaduras de derecha e izquierda.
Marco Romero, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director de Codhes, se refirió a lo ocurrido en la Asamblea de la OEA: “Se pretendió elegir un comisionado con mandato más político que experto en derechos humanos, Everth Bustamante. Finalmente se eligieron y reeligieron tres comisionadas expertas en derechos humanos y un cuarto parecido a Bustamante, Stuardo Ralón. Además, pedían cosas muy inocentes pero que realmente no lo son, como que el sistema intervenga menos, es decir, que permitan una mayor autonomía de los países”.
Aclaró Romero que no es la primera vez que los estados quieren reformar el sistema. Hace unos cinco años gobiernos de centro izquierda solicitaron reformas. “Esto demuestra que el sistema funciona, es decir, porque para los gobiernos de derecha e izquierda el órgano les es incómodo”, explicó.
Con relación a si se buscaba limitar al SIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió por escrito a este medio: “Esta es una afirmación basada en una suposición, que el Gobierno no comparte. En el comunicado del 24 de abril se explican las razones que nos llevaron a suscribir la Declaración, las cuales eran de carácter constructivo, no negativo”.
Por su parte, Bustamente, quien no resultó electo comisionado de la CIDH, se defiende diciendo que “durante casi cinco décadas he estado vinculado al tema resaltando mi participación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra por más de siete años, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos con sede en Quito y Santiago de Chile por más de diez años, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en el período 2014 – 2018 entre muchísimas otras actividades relativas a la defensa y protección de los derechos fundamentales”.
Y además agregó que es un “error de quienes en los últimos años insisten en ideologizar los derechos humanos, que es la conquista más importante de la humanidad en el siglo XX. Los derechos humanos no son hijos de ninguna ideología”.
La senadora Emma Claudia Castellanos en la radicación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia en compañía de Ángela Sánchez (izq). Ambas de la bancada de Cambio Radical.
Por lo pronto, este tipo de alianzas político-religiosas en Colombia están concentradas en sacar adelante otro objetivo a corto plazo: la creación del Ministerio de la Familia. Dos partidos políticos, Cambio Radical y el Conservador, presentaron proyectos distintos para lograr el mismo objetivo.
El 1.º de agosto, al cierre de este reportaje, se radicó en el Congreso el proyecto de ley de la bancada Cambio Radical, que se declaró independiente del Gobierno. La iniciativa la encabezan la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos y la representante a la Cámara Ángela Sánchez, ambas integrantes del Movimiento Carismático Internacional (MCI).
La cartera propuesta por Cambio Radical se llamaría Ministerio de la Familia y Social, mientras que el de los conservadores –que sí son parte de la coalición de gobierno– es Ministerio de la Familia y de la Mujer. Los dos proyectos se sustentan en la familia como núcleo esencial de la sociedad.
El de Castellanos de Cambio Radical hace énfasis en el artículo 42 de la Constitución en lo que se refiere a la constitución de la familia por vínculos naturales o jurídicos y por la decisión libre de un hombre y una mujer, de contraer matrimonio.
Ángela Sánchez, representante a la Cámara de Cambio Radical, explico a EL TIEMPO que «las sentencias de la Corte han venido reconociendo como ciertos, bueno pudiéramos decir, derecho a las parejas, pero yo considero que, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia y obviamente hay unos derechos adquiridos».
La iniciativa del Ministerio que proponen los conservadores, en su exposición de motivos, explica que incorporará los conceptos de la Corte que derivan en el reconocimiento de familias diversas.
Otro dato es que el proyecto de Cambio Radical propone que el ministerio administre el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), que reúne los recursos para la implementación del acuerdo de paz, y que bajo su órbita queden entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas últimas dos entidades, que hoy dependen del DPS que dirige Susana Correa, se encargan de reparar a las víctimas del conflicto y de reconstruir la memoria histórica del país. Como parte de su trabajo han documentado, por ejemplo, la manera como el conflicto armado afectó a la población LGBTI.
Nina Chaparro, de Dejusticia, considera que es un error incorporar dentro de un Ministerio de la Familia y Social instituciones propias de la justicia transicional que empezó a funcionar tras la firma del acuerdo de paz y cuyas entidades tienen un tiempo específico para funcionar, distinto a un ministerio. Para la abogada, “el tiempo de permanencia, el objetivo y beneficiarios, no son compatibles, no tendría ningún sentido que estén en el mismo ministerio”, dijo.
Una columna a propósito de la Asamblea de la OEA y del Foro Continental por la Vida y la Familia, escrita por el abogado mexicano Luis Antonio Martínez Guzmán y publicada en el periódico de la Arquidiócesis de Medellín, dice “todo lo anterior implica un constante, paciente pero incisivo trabajo desde el 2011, año en que la primera organización provida (Human Life International) pisó la OEA”.
Todo esto demuestra que grupos cristianos, conservadores y políticos avanzan a paso lento y sin afanes para incidir en las políticas públicas de la región y en la OEA.
Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
Los vínculos en Paraguay del lobby internacional cristiano 
