La Corte Constitucional tiene tres opciones para destrabar la despenalización del aborto por violación: 1) responde al veto presidencial, 2) tramita las demandas de la sociedad civil o 3) toma en consideración las recomendaciones de entes internacionales. Al menos cinco comités de la ONU han solicitado que el Ecuador despenalice el aborto por violación, entre los que se encuentran: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Comité de Derechos Económicos y Sociales.
En paralelo al veto presidencial, hace tres meses, previendo la votación en contra en la Asamblea Nacional, Fundación Desafío introdujo dos demandas en la Corte Constitucional: una por inconstitucionalidad del artículo 149 del COIP (sobre las sanciones ante un aborto consentido) y otra por incumplimiento a recomendaciones de organismos internacionales. Ambas demandas ya están admitidas a trámite.
El azar también es un factor que considerar. Cinco de los nueve jueces y juezas que conforman el alto tribunal de la Corte Constitucional del Ecuador tienen una mirada progresista: votaron a favor del matrimonio igualitario y es altamente probable que también lo hagan a favor del aborto por violación. Sin embargo, los cuatro restantes -incluido su presidente, el jurista Hernán Salgado Pesantes de 80 años- son “antiderechos” y si uno de ellos resulta ser el juez seleccionado para analizar el veto presidencial, las posibilidades de que la Corte despenalice el aborto por violación desaparecen.
“Nosotros tenemos la esperanza de que la Corte falle a favor, que haga un análisis de las recomendaciones de los comités de la ONU y que evalúe la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas y que no quieren continuar con el embarazo. Hay demasiada jurisprudencia en América Latina para que no considere estos argumentos. Ahora tenemos que esperar la próxima sesión plenaria de la Corte para saber qué juez se hará cargo de la ponencia sobre el veto presidencial”, concluyó la activista.