Desde difundir datos personales hasta ejercer hostigamiento. Estas son algunas de las malas prácticas ejercidas por los grupos antiderechos contra menores de edad víctimas de violación que buscaron interrumpir voluntariamente sus embarazos dentro del marco de la ley.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El pasado domingo 3 de octubre, se difundió un video de un médico que le realiza una ecografía, sobre el escenario de una marcha en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a una adolescente gestante de 15 años. El video fue difundido por David Ramos, jefe de la oficina de ACI Prensa en México, un portal de noticias afín a la religión y opositor al enfoque de género y los derechos sexuales y reproductivos.
“El conmovedor momento en que realizan una ecografía en la marcha a favor de la mujer y la vida”, escribió David Ramos de ACI Prensa en su cuenta de Twitter el pasado 3 de octubre, en referencia al video. La menor de 15 años tenía 38 semanas de embarazo y fue sometida a un ultrasonido.
Captura: Twitter.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se condenó “la exposición pública de una adolescente de 15 años durante una manifestación” en la Ciudad de México. “La CIDH recuerda la responsabilidad del Estado de protección integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la identidad e intimidad, con perspectiva de género, considerando que la exposición pública del procedimiento de salud no atiende el interés superior de la adolescente”.
Esta solo es una de las malas prácticas que realizan las organizaciones antiderechos en América Latina durante sus manifestaciones en contra del derecho a la interrupción voluntaria del aborto. Solo en México, además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de su representante adjunto en México, Jesús Peña, alertó sobre un aumento de ataques en línea contra mujeres “especialmente las que pertenecen a grupos feministas”.
En agosto de 2020, en Brasil organizaciones opositoras a los derechos sexuales y reproductivos y al enfoque de género atacaron el hospital CISAM – UPE, donde se le iba a practicar el aborto a una niña de 10 años que denunció haber sido víctima de violación sexual por su tío desde los 6 años. La menor de edad accedió a la interrupción de su embarazo a través de una orden judicial que le dio la razón y ordenó la captura de su agresor.
Pese al fallo judicial a favor, decenas de activistas antiderechos se apersonaron al hospital para impedir el ingreso a los médicos a cargo del procedimiento. Posteriormente, a empujones intentaron entrar al centro de salud sin éxito y hasta le gritaron “asesina” a la menor víctima de violencia sexual. En defensa de la niña, un grupo de mujeres formaron un cordón humano alrededor del hospital para impedir el ingreso de los activistas antiderechos.
Momento en el que organizaciones antiderechos irrumpen en el hospital donde se encontraba la niña víctima de violación.
Foto: Captura de Twitter.
Las organizaciones antiderechos no se habrían enterado que en ese hospital se iba a atender la niña de no ser por la activista de ultraderecha y partidaria del presidente Jair Bolsonaro, Sara Giromini, también conocida como “Sara Winter”, quien publicó el nombre de la menor y el centro de salud donde se realizaría el aborto.
Frente a la difusión de información que debió mantenerse en reserva, el 16 de agosto pasado, un juzgado ordenó borrar de las redes sociales los datos de la menor de edad en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el 19 de agosto, Twitter suspendió la cuenta de “Sara Winter”.
Información de la prensa local sostuvo en su momento que los datos personales de la niña podrían haber sido filtrados por el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Y es que hasta 2019, “Sara Winter” ocupó un cargo en dicha cartera, durante la gestión de la ministra Damares Alves.
Damares Alves, ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
– Foto: Associated Press.
Damares Alves, por su lado, también se pronunció en contra de que la niña interrumpa voluntariamente su embarazo producto de una violación, lamentó la decisión judicial que autorizó el procedimiento e intentó impedir el aborto. Tras conocer el fallo judicial, Alves intentó intervenir para que trasladen a la niña a un hospital del municipio de Jacareí en Sao Paulo, para que continúe con el embarazo producto de una violación.
La ministra Damares Alves también envió a representantes del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, junto al diputado Lorenzo Pazzolini, al municipio de Sao Mateus, donde vive la menor de edad con su abuela. La diligencia, según información de la prensa local, tuvo como objetivo presionar a la abuela para que detuviera la interrupción del embarazo de su nieta.
Detrás de la comisión enviada por la ministra Alves, también llegaron activistas antiderechos y partidarios del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, para manifestarse en contra del derecho al aborto y hostigar a la abuela de la menor de edad. Esto, pese a que el marco legal de Brasil permite la interrupción del embarazo en casos de violación y cuando la vida de la gestante se encuentra en peligro.
El presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Walmor Oliveira de Azevero, también se pronunció en contra de que la niña interrumpa su embarazo producto de una violación. “La violencia sexual es terrible pero, la violencia del aborto no se justifica teniendo en cuenta que disponemos de todos los recursos existentes para asegurar la vida de ambos niños. Las omisiones, el silencio y las voces a favor de esa violencia exigen una profunda reflexión sobre la concepción de ser humano”, dijo Oliveira.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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