Idaho es uno de los 14 estados en el país que prohíbe el aborto en todas las etapas, con muy limitadas excepciones. Aunque el estado defiende su legislación, señalando que sí permite interrumpir un embarazo para salvar la vida de una paciente, la evidencia lo contradice. De acuerdo a Associated Press, en abril al menos seis gestantes tuvieron que salir del estado para acceder a abortos de emergencia.
En 2022, el gobierno de Biden demandó a Idaho por su restricción al aborto. Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que «las mujeres no deberían estar cerca a la muerte para recibir atención». En tanto, Idaho argumentó que la ley federal —EMTALA— no podía superponerse a la ley del estado.
El grupo antiderechos Susan B Anthony Pro-Life America llamó a la demanda «un truco publicitario» para difundir «desinformación del lobby abortista». Kelsey Pritchard, directora de relaciones públicas de la organización, dijo que el caso EMTALA está basado en la falsa premisa de que las mujeres embarazadas no pueden recibir atención de emergencia cuando hay leyes pro-vida.
«Es un hecho que las gestantes pueden recibir cuidado por abortos espontáneos o ectópicos y tratamiento en emergencias médicas en todos los 50 estados», dijo Pritchard. Pero, como se indicó antes, la evidencia muestra lo contrario.
