En Guatemala, los discursos antiderechos provienen de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado
Hechos ocurridos en los últimos días, desde las máximas autoridades de los tres poderes del Estado han marcado una postura opositora frente a los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.
2021-10-16 15:13:27
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Desde la presidencia de la República y la Corte de Constitucionalidad, hasta la directiva del Congreso. Los discursos y acciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos, en Guatemala, provienen de los tres poderes del Estado y sus máximos representantes.
Hechos ocurridos en los últimos días, marcan una postura opositora de las instituciones públicas frente a los derechos sexuales reproductivos. El pasado lunes 11 de octubre, por ejemplo, la cuenta de Facebook de la Corte de Constitucionalidad, publicó la siguiente pregunta: “¿Sabe que en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala se protege la vida desde su concepción?”.
“Derecho a la vida. Derecho garantizado y protegido por el Estado por el simple hecho de existir, respetándose la integridad física de la persona desde su concepción”, agrega en una imagen la cuenta oficial de la Corte de Constitucionalidad.
Captura de la cuenta oficial de Facebook de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, también han surgido acciones y gestos opositores a los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género, sobre todo en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento de las diversidades de la población LGBTI.
Desde el Ejecutivo
A las 14:00 horas del último martes 12 de octubre, en el patio de la Paz del Palacio Nacional, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, firmó el Consenso de Ginebra que “protege la vida y establece que el aborto no es un derecho humano”. La adhesión fue anunciada días antes por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, cuyas actividades se basan en “los valores cristianos en favor de la vida y la familia”.
Con la firma del presidente Giammattei, Guatemala se volvió el país n° 35 en adherirse al Consenso de Ginebra.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
– Foto: Johan Ordónez / AFP.
La adhesión de Guatemala a la declaración también vino con un discurso de Giammattei enmarcado en la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia que el Gobierno promulgó recientemente y en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Cualquier esfuerzo para tratar de imponer el aborto en un país, es una injerencia indebida en sus asuntos internos”, advirtió el presidente.
“No hay fundamento jurídico, ni antropológico o científico, algunas corrientes de pensamiento fabrican supuestos derechos, que no son otra cosa que la negación de los verdaderos derechos inherentes de la persona”, agregó.
Desde el Congreso
El diputado y actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez, ha promovido una serie de propuestas de ley para frenar la educación sexual, negar la diversidad de género y más bien promover las libertades de religión con fondos públicos.
A mediados de junio de este año, junto a otros diputados, Allan Rodríguez presentó una iniciativa legislativa que promueve la libertad de religión y de conciencia que buscaba destinar recursos económicos para la creación de entidades religiosas. “Es una iniciativa importante que viene a fortalecer el ejercicio de los principios y valores. Viene a garantizar los derechos y las libertades de conciencia y de religión”, sostuvo Allan Rodríguez al respecto.
Allan Rodríguez, diputado y presidente del Congreso de Guatemala.
– Foto: La Hora, de Guatemala.
En julio de 2021, el actual presidente del Congreso también envió a la Dirección Legislativa la iniciativa de ley para “garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género”.
El proyecto de ley presentado por Rodríguez planteó modificar cuatro artículos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y uno de la Ley de Educación Nacional. Este último artículo referido busca que la educación sexual brindada en el sistema educativo excluya la disconformidad de género y la reasignación de género.
Al respecto, la abogada especializada en derechos humanos, Stephanie Rodríguez, sostuvo que “es una iniciativa antiderechos humanos, inconstitucional, conservadora y atrasada”. Por su lado, la directora del Colectivo de Mujeres Alas de Mariposa, Lins Tillit, opinó que “mientras el Estado no reconozca la diversidad de las familias, no vamos a avanzar en la inclusión y eso es de la lógica reproductiva de las familias”.
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