La situación de Nicaragua en materia de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos era crítica, y se agravó con el régimen dictatorial de Daniel Ortega de los últimos cuatro años.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El pasado domingo 24 de abril, el gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Managua y anunció la expulsión de los representantes del organismo internacional del país. La acción del presidente de Nicaragua se da luego de que la OEA cuestionó la represión del gobierno contra las manifestaciones y sus opositores políticos, y desconoció el último proceso electoral en donde Ortega consiguió su cuarta reelección.
Tras el cierre de la sede de la OEA en Nicaragua, el canciller Denis Moncada se pronunció a favor de la medida. “Tampoco tendrá, este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. De todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA”, dijo.
Previamente, en el marco de un régimen dictatorial en Nicaragua, la OEA no reconoció la reelección que le da un cuarto mandato consecutivo al presidente Daniel Ortega, y aprobó un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su contra por la vulneración de los derechos humanos en el país desde 2018. De acuerdo a los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo menos 355 murieron en manifestaciones contra el gobierno.
El exrepresentante permanente de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields.
– Foto: Juan Manuel Herrera /OAS.
A su vez, según el exrepresentante permanente de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, el régimen de Ortega ha encarcelado a más de 177 opositores políticos. “Este retiro (de la OEA en Nicaragua) se realiza al cumplirse un mes de mi discurso ante la OEA”, dijo McFields ante la prensa, en referencia a la sesión del Consejo Permanente del pasado 23 de marzo en donde denunció los abusos del gobierno.
La expulsión de la OEA del país no solo debilita aún más la democracia de Nicaragua. También intensifica la violencia contra las mujeres y entierra la posibilidad de luchar por los derechos sexuales y reproductivos.
La situación de Nicaragua en materia de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos es crítica. Al cierre del 2021, el país registró al menos 71 mujeres víctimas de feminicidios. A su vez, es uno de los 4 países de América Latina y El Caribe que prohíbe totalmente el aborto con penas de hasta dos años de prisión para las gestantes que interrumpan de forma voluntaria el embarazo.
De hecho, solo el aborto terapéutico era permitido en Nicaragua, hasta que hace 16 años se eliminó un artículo del Código Penal de 1837 que garantizaba ese derecho. A la fecha, una de las primeras causas de muertes maternas en el país están relacionadas a la restricción al aborto terapéutico. Tampoco se tiene información sobre las mujeres que abortan en condiciones inseguras ni las que fallecen en ese contexto de clandestinidad.
Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.
– Foto: Omar García / El Nuevo Diario.
Aquel contexto se agravó con el régimen dictatorial de Daniel Ortega, según sostiene una carta enviada al Comité de Expertas de OEA y suscrita por el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM) y más de 50 organizaciones de la región. “Nos preocupa la integridad de nuestras compañeras detenidas, luchadoras históricas a quienes se les está castigando por ser mujeres y levantar sus voces críticas contra un gobierno que ha violentado los derechos de las mujeres de manera sistemática”, dice la carta.
De acuerdo al oficio, desde abril de 2018 se han reportado casos de violencia sexual en la represión del gobierno contra las manifestaciones, como “hechos de tortura, violación, humillaciones sexuales y otras formas de violencia de género en centros de detención, por ejemplo, la desnudez forzada, la obligación de realizar sentadillas y el maltrato verbal”. Hasta la fecha, según afirma la carta, esos hechos se mantienen en la impunidad.
Carta enviada al Comité de Expertas de OEA y suscrita por el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM) y más de 50 organizaciones de la región.
Además de CLADEM, la carta enviada a la OEA fue suscrita por otras organizaciones locales como la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Enlace Nicaragua, la Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE), la Fuerza Estudiantil Nicaragüense (FENI) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
En respuesta, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha emprendido desde 2018 la cancelación de al menos 160 asociaciones y fundaciones por supuestamente haber incumplido con las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro y por no haberse registrado como agentes extranjeros según la Ley 1040, según el conteo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En lo que va del 2022, 77 organizaciones han sido anuladas.
Por otro lado, el IPAS en Centroamérica y México ha alertado que el Estado de Nicaragua no ha cumplido con las recomendaciones que se emitieron en el Exámen Periódico Anual (EPU) del 2014 enfocadas en garantizar los derechos sexuales y reproductivos y erradicar la violencia sexual, el embarazo forzado y embarazo adolescente.
“A la renuencia del Gobierno, que en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales, se sumaron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que condujeron al país a la crisis que vivimos desde abril 2018, una de las más sangrientas de nuestra historia”, alertó el IPAS en Centroamérica y México respecto a la situación de Nicaragua.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua que va por su cuarto mandato desde 2007.
– Foto: AFP.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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