Tras la despenalización del aborto en casos de violación a cargo de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca garantizar la interrupción legal y voluntaria del embarazo
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Tras la despenalización del aborto en casos de violación a cargo de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador, la Defensoría del Pueblo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que busca garantizar la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Sin embargo, activistas antiderechos cuestionan el proyecto y atacan también a la defensora interina.
A pocos días de finalizar el plazo para presentar el proyecto de ley de aborto en casos de violación, entregado al Parlamento el 28 de junio, grupos antiderechos se unieron en la asamblea ciudadana “Pública, Democrática, participativa y sin discriminaciones” con el objetivo de “combatir, debatir y resolver” la decisión de la CC de aprobar el aborto en casos de violación.
Esta asamblea está conformada por la Arquidiócesis de Guayaquil, la Fundación de Acción Social e Integran Rescate por la Paz. La iniciativa fue de la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y miembro de Matrimonios al Rescate, Geraldine Weber Moreno, quien asegura que la decisión de la CC es un acto inconstitucional.
“La Corte no puede aprobar, la Asamblea se va a levantar y a través de la estructura jurídica vamos a echar abajo esta estructura que es criminal (…) No vamos a permitir el aborto y si tienen que ser destituidos los jueces de la CC, iremos a las últimas instancias”, dijo la asambleísta Weber.
Zoira Rovira, Defensora del Pueblo, sobre la objeción de conciencia: «No se puede prohibir porque es un derecho del médico, pero este no puede impedir el acceso al aborto».
La Defensoría del Pueblo entregó el 28 de junio a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que han sido víctimas de violación.
Este proyecto explica solo los procedimientos para acceder a los servicios de salud, debido a que la interrupción del embarazo ya ha sido despenalizada por la Corte Constitucional. Por lo tanto, los asambleístas no podrán legislar contra la decisión de los jueces constitucionales.
Esta ley considera que no se le debe pedir a la víctima una denuncia ni una declaración juramentada, debido a que se trata de personas que han sufrido una violación. “Debe ser el médico o médica tratante quien presente la denuncia o haga conocer a las autoridades pertinentes que ha llegado a su consulta una persona violada”, dice la defensora Zaida Rovira explicando el protocolo existente en este caso.
La norma también incluye las rutas a seguir y el acompañamiento transversal que deben recibir las víctimas y los médicos implicados. “Aquí tendrá que activarse la Fiscalía y la Defensoría Pública para dar soporte legal y evitar ponerlas en riesgo. Tampoco podemos dejar estos casos de violación en la impunidad”, agrega Rovira.
La ley tampoco incluye plazos. “No podríamos decir que hasta el tercer mes se puede interrumpir el embarazo porque depende de la condición de cada víctima. Lo que impulsa la ley es que haya un completo acompañamiento para determinar en qué etapa se puede interrumpir”, dice la defensora Zaida Rovira.
Previo a la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al aborto por violación, en Ecuador solo era legal este procedimiento si la mujer violada estaba en riesgo mortal o padecía de discapacidad intelectual.
Tres organizaciones de mujeres y de defensa de derechos sexuales y reproductivos presentaron una acción para declarar inconstitucional los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) donde se mencionaba las razones por las que una mujer violada sí podía acceder al aborto sin cometer delito, como la ‘discapacidad mental’ o riesgo mortal.
Tras un debate, siete jueces de la Corte consideraron que mantener la frase del artículo 150 en la que se permite el aborto por violación a la mujer “que padezca discapacidad mental” sería discriminatorio, pues toda violación es en contra de la voluntad de la víctima, tenga esta discapacidad intelectual o no. Así, cambiaron el texto para despenalizar el aborto “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer”.
Feministas frente a la Corte Constitucional de Ecuador tras la decisión de despenalizar la interrupción el embarazo.
El presidente de Ecuador Guillermo Lasso, quien asumió su mandato el 24 de mayo de 2021, firmó un compromiso, previo a ganar las elecciones, de respetar el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, aseguró que en lo personal está en contra de esta decisión.
Lasso es cercano al Opus Dei y ha mostrado posturas conservadoras y en contra del aborto en cualquier caso. En 2019, se supo de presiones de Lasso para que asambleístas votaran en contra de despenalizar el aborto.
En 2020, Lasso pidió al entonces presidente Lenín Moreno vetar el Código Orgánico de la Salud argumentando que el artículo 201 ignora el derecho a la vida del niño por nacer y se mostró en contra de que adolescentes accedan a información sobre salud sexual y reproductiva. Sin embargo, previo a asumir prometió respetar la decisión de la CC de despenalizar el aborto por violación y una de sus propuestas por los derechos de las mujeres crear una defensoría para protegerlas. ¿Cumplirá su compromiso?
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