Pese a la importancia para el sistema de salud pública y las poblaciones vulnerables que implica el Código Orgánico de Salud, diversos grupos y activistas antiderechos han emprendido una serie de acciones para presionar a la Asamblea Nacional de Ecuador a que la rechace.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El Código Orgánico de Salud en Ecuador, de acuerdo a las Naciones Unidas, consta de un paquete de leyes que buscan garantizar el acceso a la salud de forma universal, permanente, oportuna, eficaz, de calidad e integral para toda la población, con énfasis en niñas, personas LGBTIQ y otros grupos vulnerables. Entre sus alcances más importantes, el Código Orgánico de Salud pretende garantizar el derecho al aborto y erradicar las terapias de “conversión”.
Sin embargo, pese a su importancia para el sistema de salud pública y las poblaciones vulnerables, diversos grupos y activistas antiderechos han emprendido una serie de acciones para presionar a la Asamblea Nacional de Ecuador a que rechace y archive el Código Orgánico de Salud.
El pasado lunes 8 de agosto, una larga lista de organizaciones conservadoras y religiosas se pronunció masivamente por Twitter en contra de la aprobación del Código Orgánico de Salud con los hashtags “#ArchivenElCOS” y “#COStaráVIDAS”.
Uno de esos pronunciamientos fue de “Guayaquil Vida y Famlia”, una organización de la Arquidiócesis de la ciudad de Guayaquil que se describe con una agenda “provida” y “profamilia”. Aquel 8 de agosto, “Guayaquil Vida y Familia” tuiteó: “En los temas de salud no puede existir ambigüedades, el artículo 201 del Código de Salud promueve el aborto disfrazado de emergencias obstétricas”.
Tweet de «Guayaquil Vida y Familia».
– Captura de Twitter.
En ese mismo sentido, la organización también emitió un mensaje dirigido al personal de salud. “El rechazo de los profesionales de la salud a participar en la ejecución de una injusticia, de procedimientos que atentan contra la vida, no solo es un deber moral, sino un derecho humano fundamental”, escribieron en su cuenta de Twitter.
Sobre el mismo tema, la organización religiosa “Familia Ecuador” situada en Guayaquil calificó al Código Orgánico de Salud como el “caballo de troya” con “artículos de grave impacto en la integridad de los niños, niñas y adolescentes”. En otro pronunciamiento, dijeron: “Necesitamos leyes que promuevan la salud de manera clara y objetiva, que no nos pase lo que sucedió en Colombia”.
En Colombia, cabe recordar, la Corte Constitucional de Colombia resolvió a favor de una demanda que pedía declarar inconstitucional la penalización del aborto y emitió un fallo que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
La activista conservadora Glenda García Solis, de la Organización de Derechos Humanos (ODEH), también ha sido una de las que se ha pronunciado en contra de la aprobación del Código Orgánico de Salud en la Asamblea Nacional. Ese mismo 8 de agosto García incluso se reunió con la asambleísta Geraldine Weber, de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Partido Social Cristiano, y le entregó un oficio firmado por diversas organizaciones religiosas y conservadoras en rechazo del código.
Glenda García Solis, activista antiderechos de la Organización de Derechos Humanos (ODEH).
– Foto: Captura de pantalla de Youtube.
En plena reunión, en donde García Solis se hizo pasar por activista a favor de los derechos de las mujeres y niñas, le dijo a la asambleísta que el Código Orgánico de Salud “tiene en parte del contenido el derecho para que los niños a una edad muy temprana puedan elegir el cambio de sexo”. “Fomentar algo de este índole es macabro, el cambio de sexo. El aborto es macabro, la eutanasia, el vientre de alquileres; (…) permitir que estas abominaciones lleguen a ser realidades, creo que nos compete a todos”, dijo en esa reunión.
En Ecuador, cabe recordar, el pasado 25 de setiembre de 2020 el presidente Lenin Moreno objetó la totalidad del proyecto de ley de Código de la Salud aprobado anteriormente por la Asamblea Nacional. Según un oficio enviado por el despacho presidencial, el proyecto “no garantiza el derecho a la salud de los ecuatorianos, (…) existe una imposibilidad estructural, financiera y administrativa de que pueda ser implementado de manera eficiente”.
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