A los 16 años, Paola Guzmán se suicidó a raíz de las reiteradas violaciones sexuales que fue víctima desde los 14 por parte del vicerrector de su colegio, y luego extorsionada con favores sexuales por el médico que ofreció realizar un aborto.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El martes 28 de enero inició en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el proceso contra el Estado ecuatoriano por el caso de Paola Guzmán Albarracín, la adolescente que fue víctima de violencia sexual por parte de dos funcionarios de su escuela y que a raíz de ello se habría suicidado en el 2002.
En la audiencia realizada en la sede de la Corte en Costa Rica, la representante de Ecuador reconoció parte de su responsabilidad por las acusaciones sobre la inacción del Estado para investigar el caso y sancionar a los responsables.
El Estado ecuatoriano nunca esclareció los hechos sobre el caso de Paola Guzmán, quien en el 2001, cuando tenía 14 años, empezó a ser acosada por el vicerrector Bolívar Espín Zurita (65 años), quien le ofreció ayuda académica a cambio de que saliera con él, iniciando así un ciclo de hostigamiento y violencia sexual escolar.
Además, según la información presentada ante la Corte IDH, Paola le reveló a sus compañeras que estaba embarazada, producto de la violación del vicerrector, y que este le sugirió que el médico de la escuela le practique un aborto. Sin embargo, el médico se ofreció a hacerlo a cambio de tener ‘relaciones sexuales’ con Paola.
El 12 de diciembre de 2002, Paola Guzmán Albarracín ingirió fósforo blanco antes de despedirse de su madre e ir a la escuela. Cuando Paola contó a sus amigas que había consumido fósforo blanco, la llevaron a la enfermería del colegio, donde no le prestaron atención ni avisaron a sus padres.
Petita Albarracín (madre de Paola) se enteró de lo ocurrido con su hija por la llamada de una de sus compañeras. Al llegar a la escuela, encontró a su hija adolorida y sin haber recibido atención médica, por lo que la trasladó a un hospital, donde horas después murió por intoxicación.
La Corte IDH inició el proceso contra el Estado ecuatoriano por el caso de Paola Guzmán Albarracín, la adolescente que fue víctima de violencia sexual por parte de dos funcionarios de su escuela y que se suicidó en el 2002.
Al no recibir una explicación de la justicia en Ecuador, Petita Albarracín acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 17 de octubre de 2008 aceptó su petición.
La CIDH concluyó que Paola fue víctima de violencia sexual, por parte del vicerrector y por el médico del colegio y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su suicidio. Además, la Comisión concluyó que los responsables del colegio no auxiliaron a la menor frente a la gravedad y urgencia en que se encontraba.
El organismo recomendó, además, varias cosas al Estado ecuatoriano, entre ellas reparar material y moralmente a la familia de la víctima. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas condiciones la CIDH pasó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que al tener funciones jurisdiccionales podría condenar a Ecuador por el caso de Paola Guzmán.
El caso Paola Guzmán Albarracín y otros vs. Ecuador, es el primero de violencia sexual en contexto educativo en llegar a la Corte IDH y marcará un precedente para toda la región.
Luego de 18 años en búsqueda de justicia, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el primero sobre violencia sexual escolar, por el que se inicia un proceso contra Ecuador, ante este organismo internacional.
Durante la audiencia en la Corte IDH, la representante del Estado ecuatoriano María Fernanda Álvarez (directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría de Ecuador) pidió disculpas a Petita y a su otra hija, aunque no reconoció responsabilidad alguna por la falta de atención a Paola.
«Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denis Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán», dijo María Fernanda Álvarez.
Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán quien reclama justicia para su hija.
Sin embargo, para Alejandra Cárdenas, directora adjunta de Programas Globales del Centro de Derechos Reproductivos, que actúa como representante de las víctimas, estas expresiones resultan insuficientes, pues este caso es emblemático no solo para América sino a nivel mundial.
“Nos parece importante que el Estado reconozca que ha sido negligente en la investigación del caso y que fue por negligencia que terminó prescrito el proceso, pero nos parece preocupante que no haya tenido la misma grandeza para reconocer las otras violaciones, particularmente el acoso sexual, el clima de normalización, y el grado de tortura que la llevó al suicidio”, comentó Cárdenas.
Durante la audiencia, la madre de la víctima, Petita Albarracín, pidió “justicia” a los jueces que evalúan el caso: «Yo espero de esta Corte haga lo que no ha hecho mi Ecuador porque no me dieron protección. No hubo justicia. Se lo dejo en manos de Dios y en su corazón».
Tras la exposición del caso y los argumentos de la defensa de la víctima, la Corte IDH otorga a las partes un mes para que presenten sus alegatos finales por escrito, tras lo cual emitirá sentencia en los siguientes meses.
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