La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia favorable por el ‘caso Paola Guzmán’, una adolescente que se suicidó tras ser víctima de agresión sexual por parte del vicerrector de su colegio en Guayaquil.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El caso de Paola Guzmán Albarracín fue la primera demanda de agresión sexual contra una adolescente, al interior de un centro educativo, que admite la Corte IDH, al igual que su sentencia. Tras 18 años buscando justiciase logró que haya culpables por el acoso, la agresión sexual y muerte de su Paola.
La Corte IDH señala en su sentencia que Paola Guzmán Albarracín, desde los 14 años, “fue sometida, por un período superior a un año, a una situación que incluyó acoso, abuso y acceso carnal por el vicerrector de su colegio, lo que conllevó el ejercicio de graves actos de violencia sexual contra ella en el ámbito institucional educativo. Esa violencia fue tolerada por autoridades estatales”.
Con esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por «incumplir con su deber de garantizar» los derechos de Paola Guzmán Albarracín, a estudiar sin ser víctima de violencia sexual y ser vulnerada en su salud sexual y reproductiva.
“La Corte estableció que los hechos del caso se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza, pues la violencia sexual fue cometida por una persona en una posición en la que tenía un deber de cuidado dentro del ámbito escolar, en el marco de una situación de vulnerabilidad en que se encontraba la niña Paola Guzmán”, según expresa la Corte IDH en su comunicado.
“Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio».
Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán Albarracín
El caso de Paola Guzmán Albarracín fue la primera demanda de agresión sexual contra una adolescente, al interior de un centro educativo, que admite la Corte IDH, al igual que su sentencia.
En 2001, un vicedirector de una escuela pública de la ciudad de Guayaquil empezó a violar sexualmente a la alumna Paola Guzmán Albarracín, que entonces tenía 14 años. Los abusos continuaron durante más de un año, con el conocimiento y la complicidad de funcionarios de la escuela. Sin embargo, la institución actuó para protegerla y, en diciembre de 2002, Paola se suicidó.
Tras su muerte, la madre de Paola, Pepita Albarracín, presentó denuncias en la escuela y en la fiscalía local. Hubo graves demoras en el proceso judicial relacionado con el caso, lo que llevó a la madre a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 17 de octubre de 2008 aceptó su petición.
El organismo recomendó, además, varias cosas al Estado ecuatoriano, entre ellas reparar material y moralmente a la familia de la víctima. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas condiciones la CIDH pasó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que al tener funciones jurisdiccionales podría condenar a Ecuador por el caso de Paola Guzmán.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, respondió a través de sus redes sociales que “Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso de Paola Guzmán”. Además, agregó que el país se compromete a “erradicar la violencia sexual en el sector educativo, se mantiene firme desde el primer día de mi Gobierno”.
Por otra parte, Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, que llevó en 2015 el caso de Paola hasta la Corte, celebró el histórico fallo desde su cuenta de Twitter: “¡Fallo histórico! Logramos que la Corte IDH condene a Ecuador por violar el derecho a la vida, educación e integridad personal de Paola Guzmán Albarracín. Esta es una victoria para todas las niñas de América Latina”.
Por mandato de la sentencia, Ecuador deberá brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico para a la madre y hermana de Paola, y el reconocimiento público de su responsabilidad por parte del Estado. Además, a indemnizar, en el plazo de un año, a su familia con 280.000 dólares por daños materiales e inmateriales.
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